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La tensión entre Milei y Kicillof, detrás de un reclamo vecinal

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El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, les apuntó a los desarrolladores inmobiliarios que incumplieron con sus trámites para regularizar la situación catastral de miles de vecinos de barrios cerrados y countries, quienes están obligados a pagar impuestos como grandes terratenientes. Para el gobierno de Axel Kicillof, los empresarios maximizaron su rentabilidad al esquivar el trámite pendiente. Como contragolpe, desde el sector privado apuntaron contra la burocracia estatal bonaerense.

Sin embargo, subyace una intrincada tensión política. Sucede que la protesta de vecinos, entrampados por las tensiones entre la presencia del Estado y el negocio inmobiliario, desnudó un giro particular: el dueño de la empresa Emprendimiento Inmobiliario de Interés Común (Eidico), una de las que realizó más desarrollos de barrios cerrados en la zona norte del Conurbano bonaerense, es Jorge O’Reilly Lanusse, quien cuenta con grandes posibilidades de ser el enviado de Javier Milei ante Vaticano, como embajador argentino. Así, el tironeo entre el círculo político presidencial y uno de los sucesores naturales del poder opositor peronista se coló en medio de una ordinaria crisis vecinal.

Quién es Jorge O’Reilly Lanusse, el empresario y miembro del Opus Dei que suena como posible embajador en el Vaticano

O’Reilly Lanusse es supernumerario en la organización ultraconservadora católica Opus Dei. Mantuvo una relación tensa con el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, cuando en 2008 intentó correr al actual Papa Francisco de la relación entre el Vaticano y el gobierno de Cristina Kirchner, mientras la Iglesia Católica mundial estaba comandada por Benedicto XVI y las relaciones de la Iglesia porteña y el gobierno argentino no eran de las mejores. El vínculo del empresario era con Sergio Massa, quien en ese momento había arribado a la Jefatura de Gabinete de CFK.

En la actualidad, tejió puentes con varios sectores del Gobierno nacional, aunque comparte una mirada común, en términos religiosos, con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien pertenece a un grupo lefebvrista, que desconoce el Concilio Vaticano II, el pedido de perdón al pueblo judío, rechaza la eliminación de la misa en latín, el ecumenismo, la libertad religiosa y la autoridad única del Papa. Desde ese nexo, O’Reilly Lanusse sostiene sus esperanzas de lograr el objetivo que no alcanzó con el kirchnerismo: ser el embajador ante la Santa Sede.

Eidico, en el medio de una tensa relación entre Milei y Kicillof

Fuentes cercanas a Eidico despegaron la vocación política de O’Reilly Lanusse del caso ARBA. “Esa es una acción personal de Jorge, que es bastante difícil que se termine concretando. Pero en nada está relacionado con los negocios inmobiliarios”, destacaron, ante la consulta de PERFIL. En el entorno del Gobierno bonaerense, sin embargo, señalaron que ese vínculo no pasó desapercibido del análisis de la situación. “Era un reclamo vecinal, que llegó a Clarín para cuestionar a Kicillof”, razonaron en La Plata.

Sucede que la queja de los vecinos se vio plasmada en un medio local de la localidad de Pilar, en donde se asientan varios countries y barrios cerrados, afectados por la falta de normalización parcelaria. Pero el diario Clarín tomó el malestar, y publicó en su edición del sábado pasado una investigación, donde sumó afectados de la localidad de Escobar. En el entorno del gobernador leyeron esa movida como un dardo para Kicillof, en momentos en que la relación que mantiene con el presidente Milei es fuertemente tensa, con cruces en redes sociales. Es por eso que Girard dijo que “algunos” desarrolladores “no asumen que el pago de impuestos es su ecuación de negocios y los trasladan a los compradores a través de las expensas”. Así, les contestó a los empresarios, quienes les dijeron a los vecinos que los costos estaban vinculados exclusivamente con el aumento impositivo.

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Desde el organismo recaudador bonaerense explicaron que, “pese a que ARBA aún no emitió las boletas del Impuesto Inmobiliario, un grupo de vecinos se quejó por el monto de los tributos que les cobran en las expensas los desarrolladores inmobiliarios”. Los desarrolladores “argumentan que esa suba se debe a los incrementos impositivos dispuestos por la provincia”. Según los reclamos, como las casas ubicadas en barrios que aún no cuentan con subdivisión, las cuotas del Inmobiliario ascenderán a $90.000, cuando en otros emprendimientos que ya están escriturados el monto desciende a $5.000. “Al no estar terminada la subdivisión de los terrenos, no sabemos qué les están cobrando los desarrolladores”, indicaron en ARBA.

Más de 50 trámites para la regularización catastral

El recaudador bonaerense salió en la red social X para aclarar que desde ARBA instrumentaron “una serie de medidas para agilizar los trámites vinculados a la responsabilidad tributaria de la vivienda y a facilitar el acceso las escrituras”. “Habilitamos la subdivisión de parcelas con deudas preexistentes del Inmobiliario Básico, permitimos que escribanos tramiten la actualización de la responsabilidad tributaria y reglamentamos la desvinculación retroactiva con la sola presentación del boleto de compraventa”, sostuvo.

Según Girard, “miles de habitantes de nuevos desarrollos inmobiliarios, barrios cerrados, countries y clubes de campos fueron perjudicados por la adquisición de su vivienda con figuras legales que luego les generaron diversos inconvenientes”. Y apuntó a los desarrolladores de los emprendimientos, porque “no inician el trámite para poder escriturar y les cobra a los propietarios el Inmobiliario en las expensas”.

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Si bien no hubo respuesta oficial de los desarrolladores, fuentes del sector privado admitieron que durante “estos últimos dos años se lograron aprobaciones de regularización de barrios”, señalaron que “se está trabajando muy bien con la provincia de Buenos Aires en el proceso de regularización” y reconocieron que existen “muy buenos resultados”.

Pero, enumeraron una “cantidad de trámites” para la aprobación de barrios cerrados que superan los 50 en diversos organismos. “Como ser: vialidad, Municipalidad, Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUT), el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad el Agua (ADA), Catastro (ARBA)”, señalaron las fuentes, ante la consulta de PERFIL.

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Diana, una vecina que vive en uno de los barrios afectados por los “exorbitantes” costos de las expensas, le dijo a PERFIL que la queja “excede el reparto de culpas” entre el Estado y los desarrolladores inmobiliarios, y reclamó que ARBA “siente a las partes en una mesa de diálogo para resolver la situación”.

“Esta situación no es política, sino algo que afecta de manera real a familias que decidieron dejar sus departamentos para vivir en un lugar más cercano a la naturaleza, y no nos consideramos ricos, ni terratenientes. Todos somos pertenecientes a una clase media, que estamos sufriendo los problemas económicos, como todos los argentinos. No nos alcanza la plata y no hay forma de pagar estas expensas”, aclaró.

 

AM / ED


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