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La UCR presentó proyecto para acortar plazos de juicios por corrupción

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Desde el bloque de la UCR, con la diputada por la Ciudad de Buenos Aires Carla Carrizo y el apoyo del diputado Eduardo Conesa de Unión PRO también por la Ciudad, se presentó un proyecto de ley que aspira a acortar aún más los plazos de los juicios por corrupción que fueron modificados recientemente por la reforma de algunos artículos del Código Penal Procesal. Los plazos propuestos serían de 3 a 2 años o de 6 a 4 si son procesos complejos.

Los argumentos esgrimidos en el proyecto indican que a pesar de que la Cámara de Diputados aprobó una modificación del artículo 62 del Código Penal e introdujo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, esto en sí mismo no contribuiría a mejorar la calidad institucional de la democracia. Más bien, la imprescriptibilidad sería un incentivo para que, excudado en la imprescriptibilidad, el Poder Judicial retrasase las investigaciones por delitos contra la administración pública.

Y para fundamentar esto, en el escrito se explica que la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción no obliga a los jueces a ser responsables; en verdad, exacerba ad infinitum lo que la Ciencia Política ha llamado la «defección estratégica» de los jueces, que actúan promoviendo su autointerés. Por un lado, sus decisiones se alejan de los intereses del gobierno de turno cuando éste está llegando al fin de su periodo de gobierno (así, por ejemplo, aumentan la actividad procesal en las causas contra funcionarios públcios en ejercicio). Por otro lado, no se inician o avanzan causas por corrupción contra funcionarios de un gobierno nuevo, aunque excepcionalmente los jueces pueden alejarse de los intereses del gobierno cuando es necesario ganar legitimidad ciudadana. Este ciclo de acercamiento y de alejamiento a los intereses del gobierno de turno se repite y el resultado es la desconfianza ciudadana en el Poder Judicial y, en definitiva, en la capacidad de las instituciones democráticas para terminar con la corrupción.

En consecuencia, lo que proponen con las modificaciones de la ley es que se limite a seis meses como máximo la etapa preparatoria en la investigación de los delitos contra la Administración Pública – plazo que podrá prorrogarse excepcionalmente por 90 días -. Y para el resto de los delitos, que la etapa preparatoria tenga una duración máxima de un año, sujeta a una prórroga de 180 días. Además, proponen limitar a cuatro años la duración de los procesos complejos que involucren delitos contra la Administración Pública. Y por último, dado el interés público en que se esclarezcan los delitos contra la Administración, el plazo propuesto es más corto que para procesos complejos que no incluyan investigaciones por la comisión de otros delitos, cuyo plazo es de seis años.

El proyecto fue girado a la comisión de Legislación Penal y ya fue reproducido por expediente.

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