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La última carta de Massa

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La promesa de Cristina Fernández de no participar como candidata en este año electoral clave, descubre dos vacíos enormes en el kirchnerismo y el Frente de Todos. El primero refiere a la falta de candidaturas competitivas. El segundo, a la ausencia de alguna jerarquía que logre sintetizar las diferencias conceptuales que afloran a cada rato en el oficialismo.

Aquella orfandad permite a Alberto Fernández sustituir su casi nula incidencia de gestión con un alboroto de campaña. La fantasía de la reelección. También habilita a Sergio Massa a convertirse en centro de gravedad del Gobierno. Va dejando como rehenes a los potenciales participantes oficialistas. Incluido el Presidente y los kirchneristas. De la suerte final del ministro de Economía dependerían todos.

La incomodidad a raíz de esa situación aflora entre los dirigentes más leales a la vicepresidenta. Alberto enrostró a ellos haber pronosticado el Apocalipsis por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según la mirada presidencial existiría ahora una economía floreciente y sin ajustes. Rápidamente se encargó de replicar el portavoz de los duros. Andrés Larroque opinó que la Argentina se encuentra atrapada “por el pacto con el FMI”. Vale recordarlo: el ministro de Acción Social de Buenos Aires acostumbra a anticipar pensamientos y acciones de su jefa. Por eso convocó a la militancia a salir del letargo para “romper con la proscripción de la vicepresidenta”.

Esa dirección representa de acuerdo con una interpretación neutral una colisión con Massa. Su única hoja de ruta es cumplir los trazos generales sellados con el FMI. Larroque, sin embargo, encomió el trabajo del ministro de Economía. Difícil de entender. No tanto si se repara en el acompañamiento que tuvo de parte de Axel Kicillof. El gobernador declaró que “yo no haría lo mismo que Massa”. Aunque también lo ponderó. Elocuencias del corsé que mantiene sujetado al kirchnerismo.

Tampoco el ministro de Economía hace todo a su antojo. Lo fue, es cierto, la recompra de deuda que anunció utilizando U$S 1.000 millones destinados en principio a las flacas reservas del Banco Central. Gambito de orden financiero mal mirado por la ortodoxia kirchnerista. Quizá porque detrás de la maniobra estuvo también el aval del FMI. Las lecturas de la sorpresiva decisión fueron varias. Una atendible consistió en la señal de pretendida confianza a los mercados internacionales para ayudar a calmar la volatilidad de los tipos de cambio paralelos. En especial, el blue disparado. Ese dólar ejerce presión sobre la línea inflacionaria.

El costo de vida es el examen decisivo que Massa tiene por delante. Hace dos meses auguró una tendencia declinante firme que no se está verificando. Llegar a marzo con un 4% de techo. ¿Qué pasará si no lo logra? . ¿Cómo afrontará el kirchnerismo una campaña con una inflación anual por encima del 60% pautado en el Presupuesto? Silencio. De allí la retirada temporaria de varios postulantes que habían dado los primeros pasos. Juan Manzur, el jefe de Gabinete, o Eduardo De Pedro, el ministro del Interior. Alberto sigue porque juega su propio juego.

Nadie sabe en qué momento aquellos pretendientes podrían volver a asomar la cabeza. Tampoco qué harán si las recetas del ministro de Economía no dan resultado. No se visualiza una salida para ese laberinto. ¿Dar un golpe de timón y dejar de lado el acuerdo con el FMI? ¿Pensar para abril o mayo, a más tardar, en un reemplazo de Massa? “Cualquier escenario sería una catástrofe”, admite un dirigente kirchnerista que circula entre la Casa Rosada y el Instituto Patria.

La encerrona explica, a lo mejor, las contradicciones del ministro. ¿Cómo se conjuga la recompra de deuda para intentar construir confianza externa con el consentimiento a camioneros y organizaciones sociales para amenazar con el control de precios sobre productos alimenticios en algunas ciudades del AMBA? El interrogante desnudaría, en simultáneo, sus potestades y sus límites. Tampoco está solo en esa tierra de enigmas. Juan Grabois cruzó la iniciativa del control “porque a la larga fracasa”. El dirigente social posee como candidato presidencial a De Pedro. ¿Cortocircuito para Massa?

Al ministro que pretende encarnar la representación externa de una nación “seria y previsible”, le calza mucho peor todavía la ofensiva kirchnerista contra la Corte Suprema. La difusión de la inquietud de Washington por el conflicto alteró los ánimos oficiales. La explicaron como una supuesta maniobra de algunos medios de comunicación. Pues bien, existió un contacto directo de un alto funcionario del Departamento de Estado con dos de los jueces del máximo Tribunal. La Justicia de ese país nunca interviene en esos menesteres. En cambio, lo hicieron los tribunales supremos de Brasil, México y España. Algo pasa de verdad.

Aquel intento de enjuiciamiento se viene deshilachando. De antemano se sabe que el oficialismo carece de los votos necesarios para trasladar la discusión de comisión a los recintos de Diputados y el Senado. En la semana se añadió un fallo muy severo del juez Sebastián Ramos en contra del espionaje ilegal que sirvió para absolver a Silvio Robles, vocero de Horacio Rosatti, en una causa derivada del escándalo los chats con el secretario de Seguridad de la Ciudad (en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro. La única prueba de la causa había sido el espionaje.

Ramos opinó que “es inadmisible e insostenible que un proceso se inicie con prueba violatoria a las mínimas garantías constitucionales y que pueda ser iniciada a través de un delito penal”. La vinculó con comportamientos de la dictadura. Algo que habría pasado por alto Alberto. El impulso al juicio contra Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti tuvo como origen las escuchas clandestinas. Traspié para el kirchnerismo que se esfuerza por resaltar el marco de respeto a las reglas democráticas que rodean al procedimiento.

La metodología kirchnerista produjo un efecto cantado. Hace rato que el Tribunal venía dividido en dos bloques. La trilogía que integra la mayoria por un lado. El abogado de Rafaela y ex titular del cuerpo, por otro. A días que la Comisión de Juicio en Diputados inicie sus deliberaciones esa grieta se fue angostando. Resulta extraño que uno de los expertos citados a testimoniar no se haya dado cuenta sobre lo que iba a ocurrir. Raúl Zaffaroni vivió una situación parecida durante 2011 en la Corte que compartió con Lorenzetti, Maqueda, la renunciada Elena Highton y los ya fallecidos Carmen Argibay, Carlos Fayt y Enrique Petracchi.

Sucedió a raíz de una denuncia en su contra de la organización La Alameda. Lo acusaban de alquilar departamentos de su propiedad donde se practicaba la prostitución. El pedido de juicio llegó al Congreso pero jamás prosperó. Tampoco la denuncia. El dato más singular fue político: los seis jueces restantes de la Corte se abroquelaron en su defensa. Lorenzetti, por entonces jefe del Tribunal, hasta hizo una rueda de prensa para proteger a Zaffaroni.

Aquellos siete jueces tampoco escondían sus internas. Hasta que llegó el peligroso desafío. Veamos ahora. Los cuatro integrantes de la Corte deliberaron en privado y en plena feria judicial. Algunas cosas empezaron a ordenarse. Lorenzetti reprendió a su histórica jefa de prensa, María Bourdin, por haber hecho correr tuits incómodos contra Rosatti y Maqueda. El actual presidente de la Corte, Rosatti, prometió conversar con Robles, su portavoz absuelto, cuyos comentarios y conjeturas a veces se vuelcan en contra del Tribunal.

A diferencia de lo ocurrido con el caso Zaffaroni, los cuatro magistrados no ven razones para alguna intervención pública. Se han puesto de acuerdo en que no asistirán si son citados por la Comisión de Juicio Político en Diputados. Hay dos palabras encadenadas con las cuales se identifican: “Que hagan, que hagan”, repiten en alusión al proceso que impulsa el kirchnerismo. La alerta no es únicamente por el enjuiciamiento. También, por una andanada de reformas en el número de miembros de la Corte y en el Consejo de la Magistratura. Demasiado volumen para la escuálida fibra política que ostenta el oficialismo.

En el recorrido, por otra parte, sucederán cosas que no serán ajenas a la sensibilidad del kirchnerismo. La segunda semana de marzo serán divulgados los fundamentos de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina que resolvió el Tribunal Oral Federal 2 por la adjudicación de la obra pública a Lázaro Báez. “Hay argumentos contundentes”, aseguran cerca de Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los jueces intervinientes. Luego corresponderá intervenir a la Cámara de Casación.

Entre ese episodio y fines de abril podría conocerse la resolución de la Sala I de la Cámara de Casación sobre el sobreseimiento a favor de la vicepresidenta, en las vísperas del juicio, en las causas Los Sauces-Hotesur y el Memorándum de Entendimiento con Irán. El asunto está en manos de Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa. En el primer caso, relacionado con el lavado de dinero y el fallo de la obra pública, estarían los votos (2-1) para retrotraer la situación a un juicio. Figuran involucrados el diputado Máximo Kirchner y su hermana, Florencia. No ocurriría lo mismo con el Memorándum.

Nada de todo lo que falta por venir preanuncia mayor calma política. Tampoco un kirchnerismo enfocado en una campaña que se perfila sucia y revoltosa. La campaña debe representar la salvación de Cristina. Horizonte de perturbación para el afán de Massa por conservar la estabilidad y ganar algo de crédito en el mundo.


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