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las cementeras se adecuaron a un pedido del Gobierno

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En el caso de las cementeras, el “uso de la lapicera” lo hizo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), un organismo estatal descentralizado que depende de la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Hang, hoy bajo el Ministerio de Economía. En abril pasado, tal como reveló Ámbito, la CNDC publicó una investigación de mercado sobre la industria del cemento portland, en el que asegura que se trata de un sector con “elevado grado de concentración, altas barreras a la entrada y una reducida dinámica competitiva”. La investigación comenzó en 2016, bajo la gestión de Cambiemos.

Por las características que tiene la producción de cemento, se trata de una industria concentrada a nivel global. En Argentina, según la CNDC, esto le permitió ejercer un “poder de mercado localizado”, que mediante la discriminación de precios, esto es, vender el mismo bien con precios diferenciados, generó un sobrecosto millonario para la industria de la construcción. El cemento es un insumo clave, dado que representa el 11% de la estructura de costos, según el trabajo. Este año, el Gobierno planea desembolsar sumas millonarias en cemento, dado que utilizará 2,4 puntos del PBI en obra pública, dato récord de los últimos cinco años.

Según pudo saber este diario, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) se adecuó a una recomendación que le hizo Defensa de la Competencia en la investigación, en donde hablaba de la preocupación por el “intercambio de información” entre las cuatro empresas: Loma Negra, Holcim, PCR y Cementos Avellaneda.

El pedido concreto era que “cesen de la solicitud, recepción y distribución de información sobre producción y despacho de cemento desagregada por provincia, y con una antigüedad menor a 12 meses”, para que no puedan “coordinar su comportamiento”. La hipótesis es que, con información comercialmente sensible, surge la posibilidad de que las decisiones no sean tomadas en forma individual, lo que sería un perjuicio para “el normal funcionamiento del mercado”. Efectivamente, publicado el trabajo, la Asociación dejó de pedirle estos datos a las empresas y de publicarlos, de hecho, ya no figuran más en el sitio web. “Esto no quiere decir que mostremos conformidad con los fundamentos y conclusiones, lo que hicimos fue seguir con la recomendación”, afirmaron a Ámbito desde la Asociación.

De momento, Defensa de la Competencia avanzó solamente con la “recomendación”. Para avanzar con sanciones, debería existir una denuncia formal de alguna empresa o realizarse un trabajo de oficio del titular de la Secretaría de Comercio Interior. Esto es justamente lo que está pidiendo: le envió una carta a Hang, para la “apertura de una conducta”. Si lo acepta, con la “prueba” del informe ya realizado, es que el Estado podría avanzar en sumarios, imputaciones o multas. Sino, solo quedará la recomendación ya realizada.

La Asociación ya había “tomado” esta recomendación en el pasado, en una mega investigación que realizó Defensa de la Competencia en 1999. Ese trabajo finalmente derivó en una millonaria multa en 2005, por haber realizado cartelización durante 20 años.


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