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LIBRO: CASTIGAR AL PRÓJIMO. | 7miradas

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Por: Roberto Gargarella*

 

Populismo Penal y democracia: Mientras el elitismo penal fue especialmente influyente durante la década de los cincuenta y los años que siguieron a la consolidación del Estado de bienestar, la nueva tendencia de “ley orden” surge como un fenómeno más contemporáneo, asociado a las políticas neoliberales y, más concretamente, a fenómenos políticas como el thatcherismo y el reaganismo (Garland, 2001: 145-146).

Inicialmente, Antony Bottoms utiliza la expresión “punitivismo populista” para “transmitir la idea de que los políticos aprovechan, utilizándolo para sus propios fines, lo que ellos creen que es la posición general del público respecto a la punición” (Bottoms, 1995:40). Para David Garland, el populismo penal se refiere a una “nueva experiencia” de “ley y orden” en la que se desconfía de los expertos y en la que las decisiones legales están muy influenciadas por la opinión popular y los medios de comunicación (Garland, 2001: 145-146). De hecho, el término “populismo” ha comenzado a asociarse a la política de “mano dura contra el crimen” y a las respuestas emocionales que se suceden habitualmente después de algunos crímenes horrendos que suscitan una intensa atención mediática (Roberts y otros, 2002: viii; Garland, 2001). La novedosa fórmula populista representaba una combinación imbatible y exitosa: se trataba de una propuesta política muy rentable que prometía grandes logros en la reducción de la delincuencia y que estaba, al mismo tiempo, muy justificada y muy legitimada en términos democráticos.

La rentabilidad política de estas nuevas prácticas parece innegable.  No obstante, su eficacia y su justificación han sido objeto de mucha controversia. En términos de efectividad, algunos autores sostienen que, como balance, los costos que estas políticas acarrearon fueron excesivamente elevados, y otros sugieren que las nuevas políticas de “mano dura contra el crimen” resultaron, en la práctica, mucha menos eficaces de lo previsto (Benekos y Merlo, 1995; Greenwood y otros, 1994-, Stolzenberg y D´Alessio, 1997). En cualquier caso, y para los propósitos de este capítulo, voy a centrarme en las críticas dirigidas a la justificación democrática de este tipo de políticas desde el punto de vista de las políticas sobre decisiones judiciales (sentencing policies). Estas objeciones se refieren a las dos preocupaciones fundamentales de la democracia deliberativa, es decir, la inclusión y el debate público.

La primera crítica señala que los populistas tienden a pelar a la “voluntad del pueblo”, pero, de hecho, con frecuencia ellos mimos no se molestan en consultar al pueblo al que apelan; no parecen estar en verdad interesados en colaborar con aquellos a los que invocan constantemente. Como puso de manifiesto John Pratt, uno de los autores más destacados que trabajan en torno a la cuestión, el “populismo penal” remite a aquellos políticos y grupos que dicen hablar en nombre de “la gente” en relación con el desarrollo de las políticas penales (Pratt, 2007). En general, postulan la adopción de políticas criminales “más duras”, como si fuera obvio que es lo que el resto de la gente reclama. Es común encontrar este fenómeno en América Latina, donde las políticas de “mano dura” han adquirido una importancia creciente en las últimas décadas. Pero lo cierto es que, una vez más, el populismo no toma en serio el carácter inclusivo de la democracia: por lo tanto, a pesar de la retórica, simplemente se convierte en otra versión del elitismo penal.

La segunda objeción añade a los populistas que hacen referencia a las encuestas de opinión de uno u otro tipo, con el fin de extraer rápidamente conclusiones punitivistas. En relación con esta evolución, la teoría democrática recomendaría pararse a reflexionar y no apresurarse en la carrera hacia el punitivismo. Autores como Antony Bottoms (1995), por ejemplo, han demostrado la complejidad de las actitudes de la gente respecto del crimen y el castigo (véase también Roberts y Hough, 2002a, 2002b). En contra de las poco sofisticadas asunciones previas y a la luz de las dramáticas consecuencias que tienen las nuevas políticas populistas,  Bottoms establece que “no se puede hablar directamente y a la ligera de la opinión pública respecto del crimen equiparándola de manera automática con un enfoque en gran medida punitivo” (Bottoms, 1995:40)

La tercera objeción, en cierto sentido, es la más relevante desde la perspectiva de una democracia deliberativa. Se refiere a la importancia de distinguir entre “meras opciones” y “juicios deliberativos”, y no invita trivializaciones relativas a la democracia y el debate colectivo. Estudios como el de David Green (2006) han sido relevantes, por ejemplo, para ayudar a distinguir entre “opinión pública y juicio público sobre la delincuencia”. En su obra, Green trató de construir un modelo más fiable de evaluación de la opinión pública bien informada sobre el control, sirvió de apoyo a las reivindicaciones básicas de los demócratas deliberativos, quienes insisten en la importancia de promover debates democráticos reales.

Para ellos, la discusión pública colectiva es crucial a fin de permitir que cada persona depure sus propias preferencias (Goodin, 1992). En efecto, se asume que a través de los debates públicos cada ´persona tiene la posibilidad de corregir sus propios errores, incorporar nueva información relevante para su razonamiento, diluir prejuicios, aclarar las ambigüedades y contradicciones en su pensamiento, etc. Por tales razones, los demócratas deliberativos apoyan los sistemas institucionales que no consideran las preferencias de la gente como algo dado: ven las preferencias declaradas o las “meras opcionales” de la gente como el resultado endógeno de un proceso que involucra, a menudo, prejuicios, renuncias e injusticia. Por eso mismo, finalmente, distinguen con claridad entre el mercado y el foro (Elster, 1992; Gutman y Thompson, 2004).

El texto de Green que se centra en el derecho penal y se basa, en sus aspectos teóricos, en las aportaciones de demócratas deliberativos como Jurgen Habermas ayuda a subrayar lo anterior. Según Green “la mayoría de las concepciones típicas de la opinión pública no se basan en la deliberación” (Green, 2006: 150). Para él y esta sería la principal conclusión de su estudio, la “opción pública” debe ser considerada simplemente como “desinformada, una opinión irreflexiva, que tiende a carecer de validez en temas polémicos, que mide reacciones superficiales sobre cuestiones de las que sabe poco” (Green, 2006:150).

Otros estudios, también inspirados en teorías deliberativas de la democracia, como los de Dzur y Mirchandani, insisten en enfoques similares y sostienen que el _”populismo punitivo de las leyes de las tres reincidencias (three strikes and you ´re out) está basado en la mera opinión” (Dzur y Mirchandani 2007:163). Estos autores hacen un análisis exhaustivo de las políticas populistas neopunitivas y demuestran los defectos de las encuestas sobre punitivismo desde un punto de vista democrático. Para ellos, las decisiones deliberativas requieren debates “racionales, abiertos, permanentes y, en definitiva, basados en valores pluralistas”, características no se pueden encontrar, de forma significativa, tras la aprobación de leyes como la de las tres reincidencias, que contemplan penas muy altas, incluso prisión perpetua, luego de la comisión de tres faltas (Dzur y Mirchandani, 2007:164).

Todos estos trabajos, en mi opinión, implican un importante aporte a la teoría del derecho, al impulsarnos a no aceptar las encuestas de mercado como equivalentes a los debates democráticos: entre ellos hay una gran diferencia, que siempre debe ser tenida en cuenta, y muy especialmente al momento de diseñar nuevas políticas públicas. Estos enfoques han generado también algunos interesantes esfuerzos teóricos y prácticos dirigidos al desarrollo de encuestas deliberativas, entendidas como mecanismo adecuados para medir la opinión pública acerca de los problemas de la justicia penal y, sin duda, más prometedoras que las encuestas tradicionales (Green, 2006: 147; Luskin y otros, 2002). En esta línea, el Center for Deliberative Democracy, de la Universidad de Stanford, describe las encuestas deliberativas como un intento de utilizar la televisión y la medición de la opinión pública de una manera nueva y constructiva. Primero, se interroga a una muestra aleatoria y representativa sobre temas específicos. Después de esta encuesta básica inicial, se invita a los participantes en la muestra a una reunión de fin de semana en un lugar determinado para discutir ampliamente sobre esos temas se les entregan materiales informativos equilibrados, que también se ponen a disposición del público. Participan a un diálogo con expertos sobre las materias y líderes políticos basado en las preguntas que desarrollan en pequeños grupos de discusión con moderados capacitados. Parte de esos debates de fin de semana son emitidos por televisión, en directo o en diferido, tras haberse editado las grabaciones. Después se vuelven a plantear las preguntas originales a la muestra. Los cambios de opinión resultantes representan las conclusiones a las que el público llegaría, si la gente tuviera la oportunidad de estar más informada y más comprometida con los problemas.

 

* Roberto Gargarella es abogado y sociólogo (UBA), doctor en Leyes por la Chicago University y la UBA, y máster en Ciencia Política (Flacso); realizó estudios posdoctorales en el Balliol College (Oxford). Es profesor titular en la UBA Y en la Universidad Di Tella.

Editores: Siglo veintiuno.

 


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