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Los hijos de la tormenta – Télam

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Por Pablo Touzon (*)

Manifestantes anticuarentena.

Hace 16 años se estrenaba Un día sin mexicanos, la película de Sergio Arau que imaginaba la misteriosa desaparición, de un día para otro, de todos los inmigrantes latinos de California, una ausencia útil para visibilizar el rol central de este colectivo en la vida económica, social y política de Estados Unidos. En la Argentina de estos últimos meses, cuarentena mediante, podría haberse registrado un fenómeno tan o más singular: Una Argentina sin marchas, el sueño perpetuo del sindicato de taxistas hecho realidad, una disrupción en la realidad cotidiana mucho más relevante que la aparición de zorros y jabalíes paseándose por las calles de las ciudades.

Una nueva vieja historia

Argentina tiene una larguísima tradición histórica de movilización callejera. De hecho así nació el peronismo, el 17 de octubre. Es una característica que comparte con países como Francia, en donde la voz de orden de “descendre dans la rue” es también hasta hoy parte del paisaje político normal. La calle retroalimenta a la política, a la que sirve a la vez como instrumento de medición de fuerzas y de despliegue icónico de una popularidad de otro modo siempre algo invisible.

Desde el retorno de la democracia, esta característica, durante décadas reservada al peronismo, desbordó sus límites: Raúl Alfonsín –“el Perón de los radicales”– hizo de su diálogo con las masas en plazas históricas una parte sustancial de su simbología política, desde el acto inaugural en la 9 de Julio en 1983 hasta el “Felices Pascuas” de 1987. En 2001, la movilización callejera ya no sólo desbordó al peronismo sino a la clase política entera, construyendo un formato que devino permanente: el cacerolazo, la forma de manifestación societal por excelencia de una política que se produce afuera de los marcos organizativos clásicos. Los años de crisis 2001-2003 fueron pródigos: desde las asambleas barriales hasta los clubes de trueque, el “Que se vayan todos” multiplicó y amplió los mecanismos de participación social, extendidos sobre todo a los sectores medios urbanos. En alianza tácita con la masificación del fenómeno piquetero, el “piquete y cacerola” marcó el nacimiento callejero de la base social de lo que sería, años después, el kirchnerismo.

Como todo peronismo, el movimiento conducido por Néstor Kirchner intentó encuadrar y organizar esa energía social ya existente, canalizarla políticamente. La “Comunidad Organizada” versión siglo XXI del kirchnerismo logró con bastante éxito “estatizar” esa revolución del 2001, en un pacto social de facto que fue doblemente virtuoso: la calle entró en el Palacio y ganó poder y articulación institucional, y el Palacio se reestructuró y relegitimó con esa inclusión ciudadana. La guerra entre ambos que había activado la crisis terminó con la paz que propuso esa fusión. Pero no existe sol sin sombra: podría decirse que con el kirchnerismo lo que ganó esa calle en volumen político-institucional lo perdió en autonomía y “espontaneidad”. Entre 2003 y 2015, la movilización de estos actores sociales y políticos estuvo siempre marcada por ese maridaje complejo con el Estado.

La “calle macrista” parte de esa contradicción, pero en el sentido inverso: es orgullosamente anti-estatista. El antecedente de movilización de este sector son las masivas movilizaciones securitarias en torno al secuestro y asesinato de Axel Blumberg; una suerte de precuela que Kirchner supo rápidamente canalizar y desmovilizar con una mezcla de concesiones y dilaciones. El certificado de nacimiento oficial de la movilización macrista se produce, entonces, en el conflicto con el campo del 2008: ahí, en esas calles y esas rutas, nace el antikirchnerismo de masas, muchísimo antes que cualquier expresión organizada o institucional del mismo. Este conflicto no sólo originó nuestra grieta contemporánea, sino que además galvanizó y dio sentido de identidad a un nuevo sujeto político autopercibido como “productivo”: la alianza entre los sectores medios y medio altos de las ciudades con el colectivo unificado del campo, desde la Federación Agraria hasta la Sociedad Rural. Desde esta perspectiva –dicho de modo sintético–, el Estado argentino es intrínsecamente confiscatorio y abusivo, un yunque en el pie. La consigna parece ser “sacarse al Estado de encima” –como metaforizó el escritor Martín Rodríguez– en abierta contradicción con la “libido estatal” que produce en el kirchnerismo la síntesis entre las tradiciones peronistas y progresistas. El Estado en el centro de la cuestión.

El macrismo político de aquel entonces nunca se propuso “organizar” esta fuerza social, cultural y política, sino darle un canal electoral, un dique por el cual pudiese convertirse en votos. El macrismo de los años 2000 todavía partía de una hipótesis política de representación que incluía a algunos sectores del peronismo excluidos del reciente kirchnerismo. Pero esto fue así incluso después del “17 de octubre blanco” que fueron los distintos cacerolazos anticristinistas de 2012 y 2013, “acompañados” pero no convocados por el PRO.

La explicación de esta actitud relativamente pasiva del macrismo de ese momento a las movilizaciones antikirchneristas no es meramente contextual o de cálculo electoral: remitía a una profunda convicción ideológica que rechazaba por principio lo que leía como una persistente anormalidad argentina, hija de su hiperpolitizacion y “jacobinismo” histórico. El ideario de Marcos Peña no aspiraba –en ese entonces– a sustituir una movilización por otra: su utopía era la de una Argentina de ciudadanos movilizados por causas diversas e hipersegmentadas de manera digital, en una suerte de traducción social y política del paradigma del consumidor en el mercado. Una Argentina que no necesitase de balcones ni de movilizaciones de masas. Ese macrismo rehuía además lo que implicaba en términos prácticos organizar esa movilización social: peronizar sus prácticas, introducir los métodos de la “vieja política”. La relación sinuosa del gobierno de Macri con la propia y masiva marcha oficialista del 1A en 2017 –a la cual evitó “apoyar” oficialmente– grafica de manera clara este posicionamiento ideológico. La idea era que la oposición al peronismo no estaba dada solo en sus objetivos de política más generales sino también en sus métodos, herramientas y procedimientos. Una verdadera batalla cultural.

Los hijos de la tormenta

La radicalización actual de un sector de la dirigencia cambiemita –empezando por el mismo Mauricio Macri– es hija del fracaso de la última experiencia gubernamental. Ese “macrismo sin autocrítica” confirma en ese revés histórico la supuesta irremediabilidad de la “Argentina peronista”. La culpa entonces no fue del gobierno, sino de una Argentina culturalmente condenada que no supo sostener y procesar el cambio. Esta proyección de la culpabilidad del fracaso propio en otro –en este caso el peronismo– solo acentúa el rasgo identitario, casi afrikaaner, de la nueva ideología del macrismo de Macri: si no podemos hacer, al menos podemos ser. En el Banderazo del 17A, el único elemento galvanizador entre las distintas tribus, de orígenes tan disimiles que van desde el antiglobalismo derechista hasta el globalismo liberal del macrismo originario, fue el antiperonismo. Un peronismo entendido como sinónimo de Estado y de sistema político argentino, una profecía autocumplida que se hizo efectiva en la derrota de Macri en 2019.

En este contexto, la relación del macrismo con los actores de su movilización social callejera cambia, y pasa de la distancia relativa a la simbiosis y la fusión, en un proceso que empezó en el último año de la gestión y que tuvo como ceremonia inaugural el acto presidencial de relanzamiento de la campaña tras la derrota en las PASO en Barrancas de Belgrano. Patricia Bullrich es la expresión política más clara de la profundización de este modelo, el cultivo exclusivo de la propia “minoría intensa”, una suerte de espejo del primer cristinismo del despoder: la etapa “Unidad Ciudadana” del macrismo. Un macrismo que se “societaliza” y que se aleja paulatinamente, en ese refugio identitario, de la idea de una transformación posible gestionada desde el poder estatal. Un elemento que lo sitúa también en las antípodas de la teoría y praxis de un larretismo que, en contraste, respira Estado por los poros.

En este sentido, el ideal de este macri-bullrichismo forma parte de un proceso más global. En todo el mundo occidental, y de manera mas o menos homogénea, las derechas parecen haberse organizado en torno al rechazo a las medidas de cuarentena. Existe una curiosa sincronía ideológica amalgamada en el rechazo a la expansión estatal que trajo aparejada la pandemia, un rechazo que estaba lejos de ser obvio a priori. Como señala el historiador Alejandro Galliano, una hipótesis posible era que, frente a esta coyuntura, los Estados gobernados por la extrema derecha aprovecharían la oportunidad para consolidar nuevos Estados autoritarios de control con premisas securitarias: el nacimiento de algo así como un fascismo sanitario versión siglo XXI. Pero sucedió todo lo contrario: primó un filo negacionismo “libertario” y económico por sobre lo estatal, señalando un cambio profundo en el centro de gravedad ideológico con relación a las viejas derechas de entreguerras. Más que un nuevo fascismo, se parece más a una última versión del neoliberalismo.

La forma política de muchos de estos “nuevos populismos” de derecha occidentales –en el poder o no– parece priorizar de manera definitiva la reafirmación de la identidad por sobre la gestión transformadora (ahí está el muro inconcluso de Donald Trump y Steve Bannon para atestiguarlo). Estamos ante una política cuyo núcleo de acción central no pasa ya exclusivamente por el Estado. Los Bolsonaros de nuestro mundo necesitan suplir, con declaracionismo y redes sociales, la realidad que en el fondo no pueden modificar, consolidando en ese ejercicio un divorcio cada vez más grande entre la política y cualquier noción de resultado.

Así como el Tea Party en Estados Unidos nació del fin del poder de la Era Bush y encontró en la llegada de Barack Obama a la presidencia su disparador político, la nueva movilización opositora argentina se reactiva y unifica con el regreso al poder del peronismo, y se potencia con la cuarentena, la persistencia de la centralidad de Cristina Kirchner y las dificultades políticas de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta para consolidar y dar continuidad a ese espacio “post grieta” de los primeros meses de la pandemia. La política, en ausencia de alternativas, tiende a retornar a lo que era.

La promesa inconclusa del 2020

En aquel lejanísimo mes de marzo pareció introducirse una nueva variable en la política argentina, una que se sostenía sobre todo en una de las principales ideas-fuerza de la campaña de Alberto Fernández: el intento de superación de la grieta. No se trataba solamente de un bello deseo: tanto los resultados electorales del peronismo en 2013, 2015 y 2017, como la pobrísima performance económica y social de Argentina durante los ocho años previos, indicaban a las claras el agotamiento de un modelo político sostenido en la polarización extrema. Parecía necesario cambiar, aunque más no sea por necesidad, la monotonía decadente de este sistema.

Durante los primeros meses de la pandemia, el consenso entre Alberto, Rodríguez Larreta y Kicillof en relación a la política sanitaria (la cuarentena) fue el pilar sobre el cual se construyó un primer intento exitoso de superación de la grieta. Los protagonistas políticos de esta etapa recibieron incluso su recompensa en la popularidad que miden las encuestas. Por primera vez, Macri y Cristina desaparecieron del foco mediático y político, y comenzó a hablarse de un nuevo eje de poder basado centralmente en la relación entre el Presidente y el jefe de Gobierno, apoyado en la gestión concreta y la necesidad política. Una alianza tácita entre ambos para ganar volumen y peso frente a sus ex jefes políticos y frente a la sociedad que acababa de votarlos. El embrionario intento de reemplazar una polarización tóxica por otra que permitiese gobernar con algún grado mínimo de eficiencia.

Y, sin embargo, pasaron cosas. Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, los ex jefes de Gabinete, tienen en común en su praxis política más de lo que puede parecer a primera vista. En principio, una hipercentralización personal, una radialidad extrema y una obsesión por el control que obstaculiza el crecimiento de brotes políticos a su alrededor y que limita el alcance social de su prédica. Y que, en el fondo, los aísla. Tanto el “gabinete técnico” de Larreta como la decisión explícita de Alberto de no construir el albertismo (el único movimiento político que milita para no nacer) son expresiones de una forma de construcción que encuentra rápidamente un techo para el crecimiento. ¿Quiénes son los diputados y senadores albertistas o larretistas? ¿Quiénes sus voceros mediáticos, más allá de los temas exclusivos de la gestión? ¿Sus referentes culturales y sociales, sus “fuerzas vivas”? ¿Quién es el Larreta de Larreta o el Alberto de Alberto?

Esta realidad, sumada a las propias dificultades internas dentro de sus espacios –básicamente, la centralidad que recuperaron Macri y Cristina, sin intenciones de pasar a retiro por la sola dinámica de los acontecimientos– y la aceleración misma de la crisis limitaron rápidamente las posibilidades de expansión de este nuevo polo político y social, una vez más “en busca de un autor”. Un regreso a la grieta que consolida, por otro lado, una división de tareas perniciosa: la calle, la movilización, el símbolo y la épica por un lado, y la gestión cotidiana de un Estado empobrecido y desbordado por el otro. Para unos, la radicalización gratuita y sin consecuencias. Para otros, la ingrata y dificultosa tarea de ser el “personal de maestranza” de la Nación. Una fórmula que llevaría directamente al “Fracaso para Todes”. Para evitarlo será necesario que la clase de “los que gobiernan” arriesguen algo más que la apuesta geológica a la erosión y el tiempo. Sigmund Freud lo llamaba “matar al padre”.

(*) Politólogo. Editor de Panamá Revista. Coautor de La Grieta Desnuda, Capital intelectual, 2019.


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