Lourdes Arrieta reveló los proyectos de los diputados libertarios para liberar a genocidas de la dictadura

Luego de difundir chats reveladores sobre la visita de diputados libertarios a genocidas, la legisladora nacional de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, quien fuera parte de la comitiva que se presentó en Ezeiza, continuó esta noche con su arremetida contra sus colegas y divulgó una serie de proyectos de ley y un decreto presidencial con los que pretendían lograr la libertad de los represores.

«Ayer publiqué una parte de los chats que presenté ante la Justicia», dijo este domingo en una nueva publicación en sus redes sociales sobre las capturas de pantalla en las que se puede observar la coordinación entre distintos diputados del bloque para acudir a la cárcel para establecer nexos con los detenidos por delitos de lesa humanidad.

Y continuó: «Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas». Acto seguido, la libertaria dio a conocer los proyectos de ley y un decreto que, eventualmente, intentarían que el Presidente Milei firme.

Qué dice el decreto de La Libertad Avanza para liberar genocidas

Uno de los documentos filtrados por Arrieta esta noche es un decreto que, como tal, eventualmente debería llevar la firma del Presidente, que tiene por objetivo promover la libertad de aquellos genocidas que se encuentren detenidos habiéndose superado un plazo de 25 años desde la comisión del delito.

«Con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable, se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal», señala el primer artículo.

Vencido el plazo dispuesto en el decreto, proponen que opere «la extinción por insubsistencia de la acción conforme la garantía establecida por el art. 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporado a nuestro sistema legal por ley 23.313″. El término deberá ser contado «desde la fecha de comisión del delito».

Al ser redactado con el fin de liberar a represores de la dictadura, una oración del artículo generó sorpresa debido a que hace mención al caso de que se vea afectada la democracia. Es que el texto propone que el cómputo de los 25 años «se verá interrumpido en caso que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres Poderes».

El proyecto «Plazo Razonable» con el que los libertarios buscan liberar a genocidas

Por otro lado, el proyecto de ley denominado «Plazo Razonable» también argumenta en el mismo sentido que el decreto respecto al tiempo máximo de un proceso penal. Sin embargo, el plazo propuesto es de 20 años, en lugar de 25.

El texto señala que «en base a pautas que surgen de la jurisprudencia de la CSJN y la CIDH, entendemos que el lapso de veinte años». Además, indican que el tiempo comienza a correr desde el momento en que la autoridad ha tomado conocimiento de la comisión de un hecho delictivo. Pasado ese tiempo, el Estado se vería obligado a finalizar con «la persecución penal».

Luego, denunció que se trata de la búsqueda de un «intento de impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad». Y agregó: «No es la agenda del presidente Javier Milei. Tengo absoluta claridad que estos proyectos nada tienen que ver con los ideales de la libertad. NO voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei».

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