Lourdes Arrieta sigue ventilando: compartió un proyecto libertario para acortar el plazo para condenar genocidas

Tras compartir en su cuenta de X los detalles de cómo se organizó la visita de los diputados libertarios a los genocidas presos en Ezeiza, Lourdes Arrieta profundizó la crisis del bloque, al publicar este domingo por la noche los “proyectos de ley y el decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de Whatsapp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”. Se trata de proyectos que buscan acortar el plazo para condenar crímenes a un máximo de 25 años y para habilitarles «mecanismos progresivos de libertad anticipada».  

Al darse por segura su expulsión de “las fuerzas del cielo”, la joven diputada continúa ventilando las cuestiones internas del grupo de Whatsapp que se creó en febrero, por diputados libertarios en conjunto con el padre Javier Olivera Ravasi, hijo del mayor Jorge Antonio Olivera, quien se encuentra en prisión domiciliaria por haber sido partícipe de delitos de lesa humanidad y estuvo prófugo durante cuatro años. 

De esta manera, Arrieta elaboró distintos hilos de X (antes Twitter) con capturas de cada página de los proyectos oficialistas, y denunció a sus compañeros: “Intento de impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad. NO ES LA AGENDA DEL PRESIDENTE @JMilei. Tengo absoluta claridad que estos proyectos nada tienen que ver con los ideales de la libertad. No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei”, diferenció.

Arrieta ya había publicado a última hora del sábado un larguísimo hilo en el que contó cómo fue la logística para la visita de los legisladores a Ezeiza, iniciada porque según el padre Ravasi «desde la Corte (Lorenzetti, sobre todo) están revocando una tras otra todas las prisiones domiciliarias que habían otorgado los tribunales inferiores» a los genocidas para «seguir con la típica dialéctica marxista». Por este asunto, sumaron al grupo de Whatsapp a los abogados Ricardo Saint Jean y Laura Olea y al «exjuez de la Casación destituido por supuestos cobros de coimas y vinculado a agentes de la SIDE, Eduardo Riggi«, explicó Arrieta. 

«Olea envía dos proyectos de ley, que estos abogados le habían alcanzado a Torello con el fin de regular el plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal Penal; y una decreto reglamentario para incluir causas de lesa humanidad«, ahondó la diputada. El religioso luego sumó al grupo a «dos especialistas en el tema: el Dr. Frola y el Dr. Munilla» y que indicó que «el proyecto tiene como finalidad obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria». Sobre estos asuntos se explayó en su nuevo descargo de este domingo por la noche. 

Qué dicen los proyectos divulgados por Arrieta: negacionismo, impunidad y la puerta abierta para un nuevo golpe militar

En uno de los proyectos divulgados por Arrieta, se argumenta que dado que el derecho a la vida «se encuentra en riesgo en todo el país por la inseguridad a causa del crecimiento de la criminalidad y el flagelo del narcoterrorismo, resulta particularmente indispensable descongestionar la labor de los tribunales federales» para mejorar la administración de la Justicia. Por ello, se busca que «con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable, o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable, se fija en veinticinco años el plazo máximo que tendrá el Estado para arribar a una sentencia definitiva en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada a una persona». 

Llamativamente, este proyecto de decreto (es decir, que de ser promulgado debería ser firmado por el presidente de la Nación) comprende que «el término regirá desde la fecha de comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fuere un menor, y su cómputo se suspenderá en caso que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres Poderes». «Vencido el plazo máximo fijado, operará la extinción de la acción penal por insubsistencia conforme la garantia establecida por la doctrina de nuestra Corte», añade. 

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