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“Me asombra el detalle de esos crímenes. No fueron soldados locos, había una directriz” | Colombia

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El exmilitar volvió al lugar de los hechos, en esta ocasión acompañado de funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal colombiano encargado de investigar y juzgar las atrocidades del conflicto armado. El crimen fue perpetrado por miembros de las Fuerzas Armadas a mediados de la pasada década y es el último capítulo de un sistema de incentivos perversos por el que fueron asesinadas miles de personas. Ejecuciones extrajudiciales de civiles, conocidas como falsos positivos, presentados después por las autoridades como guerrilleros caídos en combate a cambio de algún beneficio. Adriana Arboleda, hoy portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, estuvo en las diligencias que llevaron hasta el cementerio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia, donde la JEP localizó una fosa común con al menos 50 cuerpos.

“Cuando este militar daba la declaración me asombró el detalle y la perfección de cómo desarrollaban esos crímenes. Era el encargado de borrar todas las pruebas, garantizar que no hubiera ningún indicio”, relata Arboleda a EL PAÍS. Al uniformado, agrega, le llamaba el comandante del batallón para darle instrucciones. “Es decir, esto no se trató de unos soldados locos que hacían estas cosas, había una directriz”. Y el peso de la cadena de mando, junto a la tensión generada por la guerra con las FARC, relajó de alguna manera la fiscalización social.

“Lo que está pasando en Dabeiba representa una esperanza, porque ha habido poca disponibilidad y poca voluntad política. No son casos nuevos, por desgracia, de hecho la Fiscalía general ya tenía conocimiento [de ellos]. Es importante que esto salga a la luz pública y demuestre la magnitud de la violencia del Estado en este país”, continúa la portavoz del movimiento. “Para que no nos quedemos a mitad de camino, es necesario que la investigación continúe”.

El operativo puesto en marcha en los últimos meses por la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el Instituto de Medicina Legal no tiene precedentes en Colombia. En opinión de Arboleda, “los procedimientos han sido hasta ahora muy arbitrarios y no han obedecido planes de búsqueda”. “No tenemos registro total de víctimas”, lamenta. “Apenas es un inicio muy pequeño”. Sin embargo, algo se está moviendo en la sociedad colombiana y hoy, con las FARC desmovilizadas, es más viable un mayor control de las Fuerzas Armadas.  “La imagen de los militares es la de héroes de la patria. Había una propaganda muy grande”, asegura. “Pero es fundamental que la sociedad colombiana entienda que estos son crímenes atroces. No podemos tener una doctrina militar basada en la violación de los derechos humanos”. Y en eso reside su esperanza, “en la medida de que haya una ciudadanía más crítica, más vigilante, más veedora”.


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