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Mercedes Aráoz: La vicepresidenta de Perú renuncia a asumir la presidencia interina en plena crisis institucional | Internacional

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La crisis institucional de Perú da un nuevo giro hacia la normalidad. Mercedes Aráoz renunció el martes por la noche a la presidencia interina de Perú, cargo que le dio la oposición fujimorista y de derechas, con mayoría en el Congreso, tan solo un día antes. Con esta renuncia, Aráoz, hasta ese momento número dos del presidente, Martín Vizcarra, devuelve la legitimidad al mandatario, quien fue destituido (de manera simbólica, pues Vizcarra había disuelto antes la Cámara) por la mayoría opositora en el Congreso, y evita una dualidad de cargos en un Gobierno que se encuentra en funciones y a la espera de elecciones.

“Comunico mi decisión de renunciar de manera irrevocable al cargo de segunda vicepresidenta constitucional de la República” y “cumplo con declinar el encargo conferido” por el Congreso de sustituir a Vizcarra, escribió Aráoz en una carta al jefe del Legislativo, Pedro Olaechea, y que ella misma difundió en su cuenta de Twitter. Aráoz agregó en la red social que esperaba que su renuncia condujera al adelantamiento de las elecciones, una propuesta de Vizcarra formalmente rechazada por el Congreso, de mayoría opositora, pero aplaudida por la ciudadanía y el Ejército, alejando la amenaza de una crisis mayor —y violenta— en Perú.

La destitución de Vizcarra, que elevó a Aráoz el lunes al máximo cargo político del país, fue, sin embargo, simbólica, pues el mandatario antes había disuelto el Parlamento para convocar elecciones anticipadas el próximo 26 de enero. Con este movimiento, el mandatario tiene como objetivo atajar el bloqueo institucional entre el poder legislativo y el ejecutivo en el país andino a cuenta de un pulso de poder en el Tribunal Constitucional.

Mercedes Aráoz, el 2 de septiembre de 2019 en un acto en China.

Vizcarra presentó el lunes una iniciativa legislativa para cambiar el sistema de elección de los magistrados  del más alto tribunal del país, pero la mayoría opositora en el Congreso, liderada por los fujimoristas, no la tomaron en cuenta. Era la segunda vez que los parlamentarios bloqueaban una iniciativa de ley del Gobierno por lo que, de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución, el propio Vizcarra decidió disolver las Cortes y convocar elecciones. Con este gesto, el mandatario pretende frenar la designación de jueces afines a los fujimoristas en el Constitucional.

La urgencia de las bancadas de Fuerza Popular y del Partido Aprista de asegurarse la mayoría de votos en el Constitucional se debe a que sus principales líderes son investigados por dos grandes casos de corrupción. El primero, vinculado a pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht, por fondos de campaña y sobornos. Y el segundo, relacionado con una trama ilegal que operaba en el sistema de justicia llamada Cuellos Blancos del Puerto, informa Jacqueline  Fowks.

La Organización de Estados Americanos (OEA) dijo este martes que competía al Tribunal Constitucional de Perú pronunciarse sobre “la legalidad y legitimidad” de la disolución del Congreso por parte de Vizcarra. Además, consideró “constructivo” que el mandatario convocara a comicios legislativos para el próximo 26 de enero.

Los líderes del ya disuelto Congreso evalúan ahora presentar un recurso ante el Tribunal para que revoque la disolución, aunque desconfían de sus magistrados. “Sabemos que el Tribunal es adicto al Gobierno”, expresó Pedro Olaechea, presidente del Legislativo, según France Presse (Afp).

Tras la disolución del Congreso, varias manifestaciones multitudinarias se celebraron en todo el país en respaldo a Vizcarra. En cambio, nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya actuación es rechazada por casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos citados por Afp. “Nosotros queremos democracia, que se cierre el Congreso se respalda”, dijo a la Afp la enfermera Sandra Luyo, de 45 años, en Lima.

Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio lo que fue calificado como un “autogolpe” y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Ahora, en cambio, Vizcarra invocó la Constitución de 1993 para dar este paso y no ha coartado libertades civiles ni copado otras instituciones.

El Jurado Nacional de Elecciones, que es autónomo, dio el visto bueno este martes a la convocatoria a los comicios parlamentarios, en los que votarán 23 millones de ciudadanos mayores de 18 años. Hasta los comicios del 26 de enero funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio del Parlamento, de acuerdo con la ley.




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