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Modificar la Corte por decreto, el último disparate

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Durante la reforma constitucional de 1994, los constituyentes tuvieron la muy poco atinada idea de regular una nefasta práctica institucional que se consolidó en la Argentina durante la gestión de Carlos Menem: la de ejercer atribuciones del Congreso por medio de decretos de necesidad y urgencia.

Y no solo fue una desgraciada idea -porque las prácticas institucionales negativas no se deben regular, sino prohibir-, sino que además su regulación fue deficiente, por cuanto los condicionamientos impuestos al presidente, para ello, son endebles e insuficientes.

En efecto, desde 1994 los primeros mandatarios pueden ejercer potestades del Congreso, en la medida que haya “circunstancias excepcionales” que les impida esperar el trámite parlamentario para la sanción de una ley; que el decreto de necesidad y urgencia mediante el cual se ejerce esa potestad lleve la firma de todos los ministros, y que no sean temas penales, tributarios, electorales o relacionados con partidos políticos.

Una vez dictado el decreto en cuestión, debe ser revisado por una Comisión Bicameral, quien luego de opinar acerca de su validez, debe elevarlo a las Cámaras para que lo aprueben.

Como si no hubiera sido suficiente con establecer condiciones tan poco rígidas, el constituyente derivó al Congreso la atribución de regular el trámite que un decreto debe seguir, dentro del él, para lograr su aprobación. Y el Congreso no tuvo mejor idea que sancionar una ley –la Nro. 26.122-, mediante la cual se prevé que un decreto de necesidad y urgencia rige desde su publicación en el Boletín Oficial, y que basta la aprobación de una sola Cámara para que quede definitivamente aprobado. Digamos que, entre la pobre regulación constitucional y la referida ley, el sistema republicano ha sufrido un golpe mortal.

Los resultados están a la vista: los presidentes argentinos tienen por costumbre echar mano a este tipo de prácticas nefastas en forma habitual, y el Congreso aprueba prácticamente todos los decretos de necesidad y urgencia que aquellos dictan. Pues cuanto más republicanamente desvergonzado es el presidente, más cantidad de veces se apropia de potestades legislativas. Las prácticas van desde crear un feriado hasta pretender modificar la cantidad de miembros de la Corte por esa vía.

En efecto, se ha conocido un proyecto del oficialismo para modificar la composición de la Corte mediante un decreto de necesidad y urgencia. La pregunta es, ¿puede el Presidente hacerlo? Veamos: la firma de todos los ministros es fácil de lograr; el tema no es uno de los cuatro vedados constitucionalmente en el Art. 99 Inc. 3, la Comisión Bicameral del Congreso tiene mayoría oficialista, y al menos en el Senado, un delirio semejante podría ser aprobado. La tropelía quedaría perfeccionada.

El problema es que no hay circunstancias excepcionales. La interpretación acerca de cuándo las hay es definitivamente amplia. La Corte ha considerado que son circunstancias excepcionales hechos de guerra o naturales que impidan a los legisladores llegar al Congreso para sesionar, pero los presidentes argentinos son mucho más laxos en ese sentido.

En este caso, es evidente que no existen esas circunstancias excepcionales, no solo porque en tres días se inician las sesiones extraordinarias convocadas por Fernández, sino además porque ya hay un proyecto, con media sanción por el Senado, mediante el cual se eleva a quince la cantidad de magistrados del máximo tribunal.

Si el presidente de la Nación cometiera semejante desatino institucional, el eventual decreto no pasaría un filtro de constitucionalidad por no existir excepcionalidad. Además, si se animara a semejante maniobra, no solo debería ser sometido a juicio político, sino que además estaría dando una nueva y escandalosa estocada al sistema republicano, que ya muy herido quedó desde que, en 1994, se le permitió a los presidentes ejercer potestades legislativas con débiles condicionamientos.

Al Gobierno del presidente Fernández le quedan poco más de trescientos días de velatorio institucional: no sea cosa que, siendo ello advertido desde su entorno pretendan convencerlo de que, al mejor estilo Nerón, incendie definitivamente las instituciones de la República.

Félix V Lonigro es abogado constitucionalista y profesor de derecho constitucional de la UBA.


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