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Ordenan pericia informática y legajos de agentes en denuncia de AFI por correos pinchados

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Una de las causas por presunto espionaje que comenzaron a dominar el panorama judicial de la política en cuarentena comenzó a carretear con primeros movimientos. Tras la imputación de Mauricio Macri, el escribano Gustavo Arribas y su segunda Silvia Majdalani más tres agentes por la “pinchadura” de correos electrónicos a un amplio abanico de dirigentes políticos y su “entorno”, el juez Marcelo Martínez de Giorgi adoptó las primeras medidas solicitadas por el fiscal Jorge Di Lello. Como adelantó Ámbito, el magistrado buscará asegurar primero, a través de un peritaje informático, la prueba hallada en un disco rígido borrado y hallado por la gestión de Cristina Caamaño al frente de la AFI. Y agregó la solicitud de copia de los legajos de los agentes que habrían tenido contacto con la información, originalmente contenida en pen drives.

Los agentes quedaron identificados como A y B. Se encuentran protegidos por la ley de inteligencia y sus iniciales son O.S. y P.C, sobe quienes, junto al cuñado de Majdalani y exjefe de Gabinete de la AFI, Dario Biorci, la denuncia solicitó su declaración indagatoria. También, Martínez de Giorgi pidió la nómina del personal contratado en la agencia entre el 10/12/2015 y 10/12/2019; y el envío del informe del que surgirían los nombres de A y B como intervinientes en el hecho denunciado, todas solicitudes que impulsó Di Lello. Esto exigirá un diagrama completo de las funciones y divisiones que tuvo la gestión Arribas al frente de la central de espías.

Otro de los puntos salientes de las medidas concedidas por el juez es el detalle de “todas las órdenes de reunión de información que existieran en la agencia respecto de las personas mencionadas en la denuncia”. Eso involucraría a Biorci, en principio.

Tras las imputaciones adelantadas por Ámbito, ahora el juez, ordenó que se realice una pericia oficial con personal especializado a fin de que determinar todo lo relacionado con la información del disco rígido acompañado de marca Western Digital. La pericia fue encargada a la DAJUDECO, la oficina de Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial. El juzgado pidió conocer el protocolo, normativa, actas y constancias que guiaron el procedimiento para resguardar el hallazgo del disco rígido, con las actuaciones sumariales q se hubieren labrado. Eso incluye que se acredite que los correos no habrían sido originados en alguna orden judicial.

La DAJUDECO tendrá que responder si se puede determinar la información que estaba alojada antes de su borrado incompleto, si existe el rastro de esos emails y la titularidad de las casillas, así también como identificar los discos extraíbles (pen drives) que se hubieran conectado a esa máquina.

Finalmente, fueron aceptados como querellantes Silvia Rojkes, la ministra Elisabeth Gómez Gómez Alcorta, Lucila Puyol, Martín Sabbatella y otros dirigentes de Nuevo Encuentro que figuraban en el listado aportado por la AFI. Según trascendió, el exjefe de la policía bonaerense Hugo Matzkin y el periodista Luis Majul no fueron admitidos todavía, por defectos formales que deberán subsanar. El caso de Majul es paradigmático porque como querellante pone en duda la veracidad de la denuncia que lo tiene como víctima.

Según la denuncia original, durante la gestión de Gustavo Arribas al menos desde el 02/06/2016, se realizó espionaje sobre correos electrónicos privados. De acuerdo a la denuncia, las tareas de inteligencia “no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado”; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido.

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