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OTRA VEZ SOPA | 7miradas

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Por Andrés Malamud*: Argentina: inestabilidad, democratización y otra vez sopa.

“Entre los países más ricos en que la democracia se quebró, los tres primeros casos corresponden al mismo país. Argentina en 1976, 1966 y 1962. Argentina es el país más raro del mundo, lo que significa que si uno teoriza a partir de este caso va a lograr muy poca capacidad de generalización”. Esto lo escribió el politólogo polaco-estadounidense Adam Przeworski, seguramente resentido por no ser argentino.

Es difícil encontrar un país al que sus ciudadanos no consideren excepcional. Estados Unidos, Rusia, Francia, Irán, Uruguay… El tamaño no cuenta: siempre hay alguna razón para sentirse especial. Lo notable del caso argentino es que su excepcionalidad es reconocida no solo por propios sino también por extraños, unas veces con orgullo, otras como crítica y siempre con perplejidad. A partir de 1930, lo más enigmático fue la coexistencia de desarrollo económico con inestabilidad política (y económica). En 1983, Argentina amenazó con convertirse en un país normal. La esperanza duró poco, hasta 2001. Sin embargo, algo había cambiado: cuando la economía colapsó como siempre, la democracia resistió como nunca ¿Por qué?

 El péndulo: 1930-1983

Hasta 1983 tres “partidos” se alternaron para gobernar el país: el partido del poder no conocía límites, el partido del control no sabía gobernar y el partido del orden combinaba ambos defectos. A partir de 1983, con los militares de regreso a los cuarteles, el “partido del orden” desapareció de la escena; peronista (el “partido del poder”) y radicales el (“partido del control”) permanecieron. La consecuencia es     que Argentina pasó a ser democrática, por fin, y siguió siendo mal gobernada, en fin.

La novedad de la persistencia democrática contribuyó a ocultar un fenómeno más profundo: el de la inestabilidad política, que era independiente del régimen político. En efecto, a partir del golpe del 6 de septiembre 1930 y hasta el 10 de diciembre de 1983, gobiernos civiles y militares se alternaron en el poder sin solución de continuidad, dando lugar a una sucesión de 23 presidentes durante un periodo de medio siglo en el cual, según la Constitución, habrían bastado nueve. Como comparación, Estados Unidos tuvo solo 45 presidentes en 230 años.

Resulta llamativo que los jefes de facto sufrieron las crisis políticas en la misma medida que los mandatarios civiles: solo uno de los presidentes que accedió al poder a través de un golpe de estado logró completar el periodo preestablecido para su gobierno: Jorge Rafael Videla entre 1976 y 1981, conforme lo establecido por el marco institucional del régimen militar. Apenas dos presidentes electos según la formalidad constitucional alcanzaron a culminar un mandato: el General Agustín P. Justo (1932-1938), consagrado a través del fraude electoral, y el General Juan D. Perón (1946-1952), quien pese a gozar de respaldo popular no se privó de recurrir a métodos de intimidación de la oposición. El hecho de que ambos hayan sido militares no obsta para que se los considere mandatarios de jure, pero contribuye a explicar su estabilidad en el cargo.

En cincuenta y tres años hubo seis interrupciones del orden constitucional, varios golpes de palacio e incontables planteos militares. Esto llevó a los estudiosos de la realidad argentina a investigar las causas de la inestabilidad. Sus conclusiones pueden agruparse en tres: el empate social, la crisis de legitimidad y la ausencia de un partido de derecha.

Fue Juan Carlos Portantiero el que, en 1973, identificó al “empate” como el nudo gordiano de la inestabilidad cíclica. Tras la caída del peronismo, el desmantelamiento de sus estructuras estatales y paraestatales se convirtió en meta permanente de los gobiernos que lo sucedieron. Buscaban rebobinar una realidad social cuyos actores resistían a perder las conquistas logradas. En este momento aparece el “empate argentino”, situación caracterizada por una relación de fuerzas sociales “alternativamente capaces de vetar los proyectos de las otras, pero sin recursos suficientes para imponer, de manera perdurable, los propios”.

En la misma época, Guillermo O´Donnell describió la singularidad de la inserción argentina en el mercado capitalista mundial, que dio lugar a una alta homogeneidad social (en comparación con los demás países latinoamericanos) y a un elevado grado de autonomía de la sociedad civil. En ese contexto, el Estado quedó en relación de dependencia permanente con los grupos que lograban establecer una coalición social mayoritaria, en términos de recursos de poder y no necesariamente de votos. La base de la inestabilidad política se encuentra en el conflicto entre la burguesía rural (pampeana) vinculada al mercado mundial, que detenta el poder en un Estado construido y colonizado para servir a sus propósitos, y una emergente coalición de clases sociales urbanas generadas por la industrialización del periodo de entreguerras (el peronismo). Los intereses de los nuevos actores exigían replantear el modelo de desarrollo: de agropecuario a industrial, de exportador a sustitutivo de importaciones.

Se configuraba así un problemas ajeno a los demás países de la región: los principales productos de exportación argentinos eran carne y cereales, los bienes de consumo básico de la población. La naturaleza de estos bienes-salario, simultáneamente producto destinado al comercio exterior e insumo de la mano de obra doméstica, generaba un conflicto por el tipo de cambio: a os exportadores les convenía el dólar alto; a los trabajadores y consumidores, barato. Esto llevó a un tercer protagonista a convertirse en árbitro: la gran burguesía urbana, que se alineaba ora con la burguesía pampeana, ora con la pequeña burguesía y los trabajadores urbanos, de acuerdo a la necesidad de equilibrar la balanza de pagos.

De este modo, la lógica de desarrollo del capitalismo condujo a una situación en que dos grandes bloques sociales se disputaban la dirección del proceso económico, mientras un tercer actor decisivo por su relación con el exterior, pendulaba cíclicamente para consagrar al vencedor de circunstancias. La victoria nunca era definitiva, ya que el movimiento del péndulo volvería a cambiar la fortuna de los participantes; solo quedaba, entonces, la posibilidad de impugnar un resultado desfavorable a través del bloqueo mutuo, en una situación en que nadie podía imponer al otro una pauta de dominación permanente.

El intento de romper el empate por la fuerza tampoco funcionó. Al contrario, generó lo que O´Donnella denominó “el juego imposible”. Por medio de reglas restrictivas, que obstruían “la competición entre partidos y un abierto acceso al poder político”, los militares y sus aliados civiles buscaron evitar al acceso al gobierno de la coalición peronista. Ésta, sin embargo, se encontraba en condiciones de jaquear al régimen, no solo por su organización sindical y capacidad de movilización sino también por el impacto deslegitimador que producía su exclusión.

Una segunda avenida explicativa es la “crisis de legitimidad”. Para Natalio Botana, la inestabilidad política resultó del desacuerdo entre los actores políticos respecto a dos elementos. Uno es formal: las reglas de sucesión; el otro, sustantivo: la falta de creencias compartidas sobre los fines últimos del gobierno y de la sociedad. Según Botana, las desavenencias hunden sus raíces en los años de la organización nacional, que a fines del siglo XIX fundó un orden político conservador sustentado en el ejercicio oligárquico del poder, el fraude electoral y la marginación de los opositores. Las experiencias políticas posteriores arrastrarían, con matices, el ejercicio de estas prácticas apoyándolas en el recurso de la fuerza y, en consecuencias, un déficit de legitimidad en las instituciones públicas. La trayectoria resultante, en que sucedieron regímenes de “partido predominante” (1976-1930), de “partido hegemónico” (1946-1955) y de “hegemonía militar y dominación autoritaria” (1966-1973 y 1976-1983), bloqueó las posibilidades tanto de un aprendizaje cívico como de una alternancia pacífica entre partidos de signo opuesto, elementos centrales de una fórmula gubernativa plural e inclinada al compromiso.

También Manuel Mora y Araujo planteó la coexistencia de dos criterios de legitimidad democrática en pugna. Por un lado está la idea de democracia “pluralista/competitiva”, que se basa en un sistema representativo, partidos políticos, asociación libre y gobierno limitado. Su base social son las clases medias, los sectores agropecuarios y los de mayor competitividad económica internacional todos ellos carentes de organizaciones sectoriales fuertes. Por el otro lado está el principio de democracia “mayoritaria/plebiscitaria”, que se apoya en la mayoría electoral y en un gobierno sin restricciones formales. Su base social es la organización corporativa del capital y el trabajo. Frente a esta disyuntiva, los gobiernos civiles de uno y otro signo son incapaces de persuadir a la otra parte sobre la legitimidad que pretenden. Deben, entonces, recurrir a una legitimidad corporativa (asentada sobre una lógica de acuerdo con grupos) o. mejor dicho, pretoriana, edificada desde el golpe de 1930 y consolidada con el peronismo. Esta estrategia encuentra sus límites cuando los acuerdos se rompen: los gobiernos ingresan nuevamente en un conflicto de legitimidades, dando paso a los militares. La intervención de las Fuerzas Armadas tampoco lograr recrear un nuevo tipo de legitimidad, y cae atrapada en las redes del esquema corporativo que había erosionado a los regímenes civiles. Con este fracaso se cierra un “ciclo político” para dar inicio al siguiente, y así continúa.

Mientras la hipótesis del “empate social” reconoce antecedentes marxistas y el modelo de la “crisis de legitimidad” se identifica con la tradición liberal-pluralista, la interpretación vía “ausencia de un partido de derecha” es híbrida por naturaleza. El punto de partida de Torcuato Di Tella fue que  “lo que ocurre es que en la Argentina los problemas son tan complejos que, simplemente, no se los puede resolver” aunque la contundencia de esta expresión se relativizaba con un agregado profético: “en menos de treinta o cuarenta años”.

Mora y Araujo sintetiza la argumentación de Di Tella: “la Argentina es un país industrializado, y por lo tanto su principal línea de conflicto es clasista. En consecuencia, cualquier expresión política de la realidad social subyacente debe basarse en una polarización alrededor de la clase obrera por un lado y la burguesía por el otro. Algunos sectores, como los intelectuales y ciertas fracciones de la clase media podrán engrosar las filas obreras, pero la mayoría de los sectores pequeño-burgueses se aliarán a la burguesía”. Sobre estas bases estructurales, el sistema político contribuye a la inestabilidad por sus dos características: la pluralidad de centros de poder antagónicos y la endeblez de las prácticas de coexistencias institucional. En palabras de Di Tella, “las salvaguardas constitucionales no son suficientes para convencer a los grupos económicos poderosos de la conveniencia de operar dentro de un sistema democrático: lo que necesitarían sería un partido de derecha capaz, si no de ganar elecciones, por lo menos de hacer un buen papel, y de mantener esperanzas de ganar en un futuro, o de influir a un partido de centro para que en la práctica les defienda sus intereses”

Para Mora y Araujo, la viabilidad de la democracia también dependía de la posibilidad de conformación y éxito electoral de una fuerza política “de derecha”, capaz de reformar a una coalición social con pretensiones de resolver el “empate”. La construcción de este agrupamiento exigiría un realineamiento de los “potenciales políticos” (clase media, laborismo y populismo) respecto de las tres corrientes políticas más numerosas (peronismo, radicalismo y centro-derecha), siguiendo el patrón de comportamiento de otros países o, inclusive, reeditando experiencias locales fallidas o incompletas. Según Mora y Araujo, el surgimiento del peronismo desdibujó el patrón de relaciones entre las bases sociales y las fuerzas políticas existentes tanto en el período de elecciones competitivas (1912-1930) como en los tiempos del “fraude patriótico” (1931-1942), bloqueando la posibilidad de una opción efectiva al sistema político, desequilibrando el esquema de fuerzas previo y erosionando la legitimidad de un régimen basado en la competencia democrática. El peronismo, al arrebatar “la lealtad obrera al socialismo” y “la lealtad popular al conservadorismo”, no solo habría dejado a la izquierda son bases trabajadoras y a la derecha sin apoyos electorales sino que habría despojado al sistema de alternativas capaces de derrotarlo por medio de las urnas. Ante esta situación, sectores económica y socialmente poderosos apelaron a las Fuerzas Armadas como medio de acceder al gobierno y defender sus intereses. Las Fuerzas Armadas como medio de acceder al gobierno y defender sus intereses. Las Fuerzas Armadas actuaron como un “partido sustituto” que, a la vez que llenaba un espacio vació, implementaba políticas acordes a las necesidades de orden y seguridad que sus apoyos le demandaban. En cuanto al radicalismo, su deslizamiento pendular entre posiciones estáticas-populistas y centristas-populistas y centristas-liberales le impidió consolidarse como una fuerza confiable tanto para las clases altas como para ciertos sectores populares.

Mientras Di Tella anticipaba la quiebra del justicialismo entre las organizaciones de tradición laborista-sindical y las guiadas por caudillos provinciales, auguraba para la UCR un futuro signado por su reconocimiento como partido burgués o su desaparición del escenario político. Por su parte, Mota y Araujo anticipaba el agrupamiento electoral de una serie de sectores carentes tanto de organizaciones sectoriales vigorosas como de canales políticos-partidarios fuertes que, hartos de democracias incompletas, corporativismos y un Estado ineficiente, deseaban fervorosamente la democracia liberal y la economía de mercado.

Eugenio Kvaternik elaboró una interpretación que combina parcialmente las tres anteriores. En su visión, el problema residía en la “incapacidad hegemónica de nuestras clases dominantes” (el empate), expresada en tres fenómenos: a) la “crisis del centrismo” m(la legitimidad); b) la ausencia de un partido de masas conservador (el partido de derecha ausente); y c)el golpe militar (el partido de derecha sustituto). Para él, sin embargo, “el partido de derecha ausente” no es causa sino manifestación “cívica” de la crisis, mientras los golpes militares constituían su manifestación “pretoriana”. ¿Cómo se explica la persistencia de la democracia desde 1983 a la luz de estos enfoques?

*Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Ciencias Políticas por el Instituto Universitario Europeo. Profesor invitado en universidades de ocho países, trabaja como investigador principal en la Universidad de Lisboa.


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