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PANDORA | 7miradas

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La reacción opositora ante la corrida cambiaria no suma conceptos ni  acciones determinadas. Revela un intento de dirigentes para  juntar las piezas rotas del peronismo. O sea conciliar fragmentos irreconciliables para recobrar el poder en las elecciones del 2019. Como quien dice “Difícil que el chancho vuele”.

Mauricio Macri ejerce el gobierno y controla con prudencia las rectificaciones a efectuar. No es hombre de acelerar sus acciones. No hay dudas que actuará, una vez superado este lapso de revoltijo y protestas, que un sector de la prensa incentiva con entusiasmo.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey considera que la alianza estratégica entre las distintas vertientes del peronismo, que incluyó al kirchnerismo, los gobernadores y al Frente Renovador, que no tiene futuro.

“No veo posible una unidad con el kirchnerismo. Hay algunos sectores del peronismo que creen que la forma de recrearse y ser competitivos es la unidad, otros creemos que no. Es un tema de coherencia: si yo planteo un modelo de país y ellos otros y vamos juntos la gente se nos ríe” declaró Urtubey.

“El triunfo de la oposición fue de la “política”, pero perdió la sociedad. Se agudizaron las contradicciones y se priorizó los mensajes políticos de todos lados. Al final la gente no tuvo una reducción de las tarifas, que es lo que propusimos nosotros. Es razonable que Macri tenga bronca con el peronismo”, admitió Urtubey.

“Frente a momentos complicados, como los que vive la Argentina, nos pone en una situación de vulnerabilidad. Frente a las crisis hay distintas miradas, algunos creen que es momento de bajar decibeles a la confrontación y otros que hay que agudizarlos. No lo veo así. Es una reacción frente a una situación de crisis y no sectores que se unen”.

“Vamos caminando, lo estamos transitando. Ayer [por la aprobación de la ley de tarifas] dimos un paso para atrás: que el peronismo termine unificando posiciones con el kirchnerismo detrás de un planteo poco sustentable es un pasito para atrás.”

Una deformación de los medios ha sido creer que la única justicia que existe es la federal, y, en especial, la criminal y correccional. Así, le ha atribuido a la misma la capacidad de causar daño o convertirse en el eje de las decisiones que pueden alterar el curso de las políticas del Ejecutivo.

Ya ha quedado demostrado que la última Instancia de todos los Tribunales, la Corte Suprema, es la que en definitiva, puede traer dolores de cabeza a los restantes funcionarios del Estado. Las pruebas de ello podría comentarlas, incluso, la  anterior Administración que, más de una vez,  vio frenados sus avances  por alguna decisión Suprema.

Una vieja frase, describe esa situación: “La ley dice lo que los jueces dicen que la ley dice”, a más de agradable trabalenguas y guardar alguna semejanza sonora con el Quijote –por aquello de “…donde digo Diego digo digo y donde digo digo, digo Diego- lo cierto es que esa enunciación encierra lo que ha dado en llamarse el Gobierno de los Jueces.

Todos conocen la existencia de las “cuestiones políticas no judiciables” aunque, solamente quienes han tenido que recurrir a ellas,  han descubierto que quienes deciden el punto son los jueces que, en definitiva,  deciden si el tema es de aquellos que pueden o no  tratar.

Todo lo dicho es para poner atención sobre un aspecto que posiblemente, pueda haber pasado desapercibido a muchos. La Juez en lo Contencioso Administrativo M.J. Sarmiento, resolvió –casi contemporáneamente con su retiro- ordenarle al Estado Nacional otorgar títulos de propiedad a un lof Mapuche.

La noticia, pequeña en sí misma, esconde aristas de trascendencia. En primer lugar, el reconocimiento   de un derecho de propiedad ancestral, el segundo que esos derechos se ejercen sobre tierras ubicadas en el Cerro Otto, en Bariloche y en tercer término que un Fuero, no valorado hasta ahora, posee una capacidad importante para imponer comportamientos concretos al Ejecutivo.

Más allá de la anécdota que pueda encerrar este logro Mapuche –que algunos estiman en términos económicos como cercano a los 30 millones de dólares- , lo que debe advertirse es que el Gobierno carece de interlocutores en un Fuero que puede opinar sobre casi todas las cosas que decida el Ejecutivo Nacional.

Esta circunstancia no resultaría trascendente si, como República, partimos de la idea de la independencia de los Poderes. Sin embargo, como aún no hemos abandonado las tierras que nos legaron nuestros padres, no puede soslayarse el hecho de que, estando el Gobierno pronto a establecer los ajustes que nuestra economía necesita, algunos personajes que pueden considerarse afectados por dichas medidas, recurran a remedios   judiciales para impedir su concreción a su respecto.

Efectivamente, casi todas las medidas del ajuste que se anticipa, pueden ser consideradas como afectando algún derecho que se alegue deba ser protegido. El efecto de las medidas cautelares ya lo conoció el Gobierno, en torno a las tarifas que fueron detenidas por la Justicia en varias ocasiones.

El tiempo dirá como habrá de comportarse la Justicia y cómo reaccionará el Gobierno frente a quienes se opongan a las decisiones que deberán adoptarse en el tiempo próximo, en el que ya no será protagonista la justicia penal.

De algún modo, sin embargo, los temas que parecían resueltos pueden volver a complicarse. El haber azuzado   a los senadores justicialistas podría tener consecuencias, quizás, no medidas con antelación. Haber forzado la discusión sobre el desafuero pedido por el Juez Bonadio de la ex Presidente, conduce al seguro rechazo de ese pedimento.

Quizás esa anticipada decisión –Pichetto ya fijó posición al señalar que, solo frente a una sentencia definitiva firme, se procedería al desafuero de un integrante del Cuerpo- intente ser puesta en la cuenta de los integrantes del bloque Justicialista. Sin embargo no puede asegurarse que ello signifique un desmedro para ellos, pudiendo resultar una derrota política para el Gobierno que expondría un desmanejo de la Cámara Alta.

Aun siendo exitosa la decisión de exponer a los Senadores de la oposición como defensores de la ex Presidente, esa circunstancia podría volverse en contra, al tiempo de tener que aprobar el pliego de la Procuradora General propuesta por el propio Presidente, cuyo rechazo –si se buscase devolver el golpe- dañaría la imagen Presidencial frente a la imposibilidad de imponer al futuro responsable del Ministerio Público.

Mientras tanto los ahora aletargados pasillos de Comodoro Pi aguardan las decisiones de la causa Ciccone, y el curso que seguirán otras vinculadas a la corrupción que los vientos patagónicos trajeron hasta las costas del Río de la Plata.

El vuelco por la crisis cambiaria se dio con los mejores índices económicos del Gobierno: disminuyó el desempleo al 7,2%. Creció la economía durante seis trimestres seguidos, el ciclo más prolongado desde 2011.  Antes de la corrida,  la actividad industrial creció en abril un 3,4%, y la construcción un 14%. La recaudación marcó un nuevo récord con una suba del 43,4%.

Apagada esta algazara, perdurarán paros y huelgas, sectores de la sociedad resistirán los ajustes y otros aprobarán el  achique  del Estado. El gobierno de Macri está representa   una alianza con  grupos sociales diversas. Ninguno de ellos admite la fealdad prepotente  de los negocios de Moyano ni la presencia feroz y delictiva  de Cristina Kirchner.

Tampoco las idas y vueltas del senador Pichetto, cuya credibilidad se ha derretido en estos días, junto a la jauría de legisladores que buscaron forzar el veto del Presidente.

La última entrega del Monitor del Humor Social, de  D Alessio Irol/ Berensztein revela que un 62% de los encuestados consideró positiva la ampliación de la “mesa chica” de decisiones en la que el Presidente apoya su administración, con la inclusión de ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el titular de la Cámara Baja, Emilio Monzó, y el radical Ernesto Sanz.

Un 71% de los votantes de Cambiemos (42% del FpV) cree que en el próximo año podrá concretar proyectos personales como comprar o reparar la vivienda, adquirir un vehículo, salir de vacaciones o saldar deudas, entre otros. De  acuerdo al  sondeo, el 16% de los votos de Macri fue “para estar mejor económicamente”, un 34%tomó esa decisión “para que no gane el kirchnerismo”, mientras que un 45% la eligió para “volver a las instituciones republicanas”.

 La misma encuesta pregunta si debiera haber cambios en el Gabinete. El 11% responden que no, el 70% que sí, y el  19% no lo sabe.

 La Argentina va con una comitiva oficial de 47 personas a la cumbre mundial del trabajo en Ginebra coronada por el ministro de Trabajo Jorge Triaca, que desde allí hace hacerle frente a los paros y huelgas que se avecinan.  La componen funcionarios de su cartera, de otras provincias y legisladores nacionales. El record no contribuye con la imagen de austeridad que el gobierno quiere imprimir. Se trata de una comitiva oficial de 47 personas. No se precisa si participarán en los debates. Al menos fuentes de Ginebra no comprenden el aluvión.

A la Conferencia Internacional del Trabajo, del 28 de mayo al 8 de junio asisten 187 países: Alemania 14 funcionarios, Afganistán, 8.

“El Estado se hace cargo únicamente de los viáticos de 10 personas: seis por el sector trabajador (cuatro de la CGT y dos de la CTA) y cuatro empresarios, de la UIA.

Según Trabajo,  representantes de empresarios y gremialistas dr pagan sus gastos, salvo los dos delegados titulares de cada sector, Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja, empresarios, y Gerardo Martínez (Uocra) y Héctor Daer (Sanidad), por sindicatos. Desde la Unión Industrial,  desmintieron: sus empresas afrontan los costos.

Hay asombro ante la gran tribu argentina en la OIT. Así lo hizo saber Marc Lemon, a cargo de la comisión de normas. Pero el tema ya circula en otros organismos.

En el listado oficial enviado a la Organización Internacional del Trabajo hay legisladores nacionales del oficialismo y de la oposición. Se cuentan Graciela Camaño;  ministros y secretarios de Trabajo de otras provincias. Estos gastos los afronta el Congreso de la Nación y de cada provincia. ¿Cuál es el propósito de este tour? ¿Viajarán en clase turista? ¿Participarán de algún debate?

Las invitaciones cursadas por el señor Triaca al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y a uno de sus asesores, fue rechazada. Desistieron del viaje con el argumento de la “austeridad, moderación y reducción de gastos que la provincia afronta en la actualidad”.

A la delegación argentina la encabezan Triaca con su secretaria   Claudia Vélez, Alejandro Negro (protocolo y ceremonial) y Andrés Tittarelli (director de prensa). El resto de la comitiva se reparte entre legisladores, representantes laborales de las provincias y funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación. Se incluye Pedro Diego Frankenthal como director nacional de Relaciones del Trabajo, a cargo de conflictos por despidos y condiciones laborales.

Frankenthal fue designado por Mariano Martínez Rojas, Sergio Szpolski y Matías Garfunkel para instrumentar despidos y desalojo de los trabajadores de los medios del Grupo 23 hace dos años.

La desmesura argentina perturba internacionalmente los gestos de austeridad que reclama el Presidente. No es la primera vez que al jefe de Gobierno le toca abrumarse con actitudes inoportunas de su propio equipo.

El ministro Jorge Triaca bajo en aceptación pública acordó los servicios de Carlos Bercún, un lobista eficaz. Atiende en una casona vecina al Congreso. Triaca lo contrata para recuperar imagen.

El señor Bercún es conocido por su manejo de la clase política y sus altos honorarios. Tiene incómodos antecedentes judiciales, entre otros un juicio con el diario “La Nación” que resolverá la Corte Suprema.

Hace un tiempo la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal allanó una dependencia del Ministerio de Economía y la casa central del Citibank en busca de documentación sobre Carlos Bercún, ante supuestos pedidos de coimas de senadores a banqueros.

Bercún se considera “un fusilado mediático” y “un operador político.” Y asesor dilecto del ministro Triaca. En fin.

Francisco Cabrera, conversó con Alfredo Coto (Coto), Matías Videla (Cencosud), Rami Baitieh (Carrefour), Alejandro Grande (Día), Jean- Chiristophe Tijeras (Libertad), Federico Braun (La Anonima), Hernán Carboni (Walmart) y J Vasco Martínez (ASU). Carrefour ingreso hace semanas en un proceso preventivo de crisis.

Los temas que reclaman los empresarios no son ajenos al Gobierno. Un funcionario de Producción recordó que están sobre la mesa de productividad de comercio. No hay resultados notables.

Se ampliarán Precios Cuidados. La nueva lista se presentara tras las reuniones que los funcionarios mantienen con algunos de los industriales.

Omar “Caballo” Suárez, el ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), denunció al juez federal Rodolfo Canicoba Corral por el supuesto pedido de sobornos que habría pedido un secretario de su juzgado a su hija de concederle la prisión domiciliaria.

Lorena Suárez, la hija del sindicalista, denunció en octubre ante la Justicia un episodio que ella y su abogado interpretaron como un pedido de sobornos de un abogado recomendado por el secretario del juzgado de Canicoba Corral, 2016.

“Mi hija fue abordada por un abogado que le requirió US$500.000 a cambio de mi prisión domiciliaria. Qué hizo el Dr. Canicoba Corral? Nada, salvo sostener que su empleado era un excelente empleado y que la denuncia realizada no afectaba el gran concepto que tiene de esa persona.” Suárez pidió que se investigue todo el patrimonio del magistrado.

En declaración ante la jueza María Servini, Lorena Suárez dijo que por sugerencia del secretario del Juzgado Federal N° 6, un abogado le pidió reunirse en un café del shopping Unicenter para hablar de la causa. “Me dijo que solamente por la prisión domiciliaria, el valor era de US$500.000. No volví a pisar ese juzgado porque me da asco. ¿Esto no es una extorsión del juzgado de Canicoba Corral?”,

Este cargo en el Consejo contra Canicoba Corral se suma a la realizada por el diputado Pablo Tonelli, quien pide se investigara el crecimiento patrimonial del juez y de su mujer por la adquisición de una gran casa en Vicente López y un departamento en Palermo Chico.

Suárez, de 67 años, manejó el SOMU durante 24 años. El gremio fue intervenido por Canicoba Corral en febrero de 2016; el sindicalista fue acusado de asociación ilícita, incurrir en administración fraudulenta del gremio y bloquear puertos.

 “Hay una inversión millonaria en la recuperación del tren Belgrano. Se invierten u$s 3 millones, haciendo  nuevas todas las  encontramos en un tres que cada vez  llevaba menos. En 2015, el Belgrano Cargas trasportaba dos millones de toneladas por año “ dIce el ministro de Transporte Guillermo Dietrich”.

“Este año va a duplicar lo que transportó en 2015. Para lograr esto, en el ferrocarril de cargas se renovaron ya más de 450 kilómetros de vías, mientras que otros 550 kilómetros están en plena ejecución. Los 500 kilómetros de vía que estamos empezando a construir están generando más de 2500 puestos de trabajos directos y un montón de indirectos.”

“Ese tren, a medida que vayamos avanzando en las obras, permitirá que los costos de transporte de la mercadería de las economías regionales bajen y por lo tanto se puedan reducir más. Cada vez que terminamos kilómetros de vías implica más velocidad en los trenes. Mayor capacidad de carga y menores costos de logística. Por eso es de vital importancia seguir reactivando el Belgrano Cargas para conectar el norte del país y beneficiar  a todos los argentinos.”

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), un organismo del Ministerio de Producción, investiga cementeras por supuesto comportamiento oligopólico.

Se registraron aumentos de precios en torno del 13%. El sector estima que los efectos de la devaluación en sus costos son entre 30% y 50%.

Las remarcaciones recientes conllevan una depreciación del tipo de cambio del 50% (la devaluación en el año ronda el 30%) y un traslado total al valor final.

Las principales empresas del rubro son Loma Negra, Holcim y Petroquímica Comodoro Rivadavia.  El caso del cemento influye  en la obra futuro de la obra pública. Y hay versiones de replicar una nueva suba el mes próximo.

Con la nueva ley de defensa de la competencia, las multas para las empresas son mayores. Antes, el monto máximo de las multas era de $150 millones. Ahora llegan hasta un 30% de la facturación de la empresa en cuestión.

Las cementeras, en el  2005 sufrieron la aplicación de una multa millonaria por acordar precios y cuotas de mercado, a partir de una investigación que iniciado a fines de los 90.


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