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El acuerdo alcanzado entre distintos sectores parlamentarios del peronismo y el kirchnerismo para arrebatarle un lugar en el Consejo de la Magistratura al oficialismo observa la posibilidad de que ese entendimiento entre peronistas pudiera extenderse más adelante al plano electoral.

El agrandamiento de la mesa que reunió originalmente a Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, con la incorporación de siete gobernadores de las provincias de Entre Ríos, Misiones, Tucumán, Chaco, La Rioja, Chubut y Tierra del Fuego, exhibe disidencias.  “Ir con Cristina a una interna sería estafar a la gente”, dijo Urtubey, mientras el tucumano Juan Manzur reclamó “una unidad sin exclusiones”. No son los únicos: Sergio Massa redime la inclusión de la ex Presidenta.

Juan Grabois inauguró el Frente Patria Grande con una propuesta. Recuperar el gobierno para “el campo popular en las elecciones de 2019”. Grabois  cuenta de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Se suma el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE). Y por supuesto con un guiño del Papa Francisco que desea influir sobre Cristina y sobre el ciclo popular.

Grabois  sostuvo que “el ciclo popular en América latina no está cerrado. Resiste desde la retaguardia estratégica de nuestros pueblos, que son los que pelean en la calle”.

El nuevo frente trabajará en la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. “Ella es un signo de esperanza para nuestro pueblo, fundamentalmente para los pobres y los trabajadores”, remarcó, aunque advirtió que “Cristina tiene que volver, pero sin los corruptos… la  nueva alternativa que busca agrandar cada vez más el espacio nacional, popular, feminista y latinoamericanista”.

La confirmación del economista José Luis Espert de generar un  espacio que compita en las elecciones de 2019 con candidato a presidente y a legisladores añade un número incierto de votantes  de derecha, eventuales votantes del oficialismo.

El espacio liberal se funda sobre la economía y los valores sociales.

 Varios de sus referentes son economistas ortodoxos y son críticos de la histórica persistencia del déficit fiscal y el “gradualismo” en las variables macroeconómicas. Abogan el equilibrio y el superávit de las cuentas públicas, y un rol más eficiente del Estado. 

Concluidas las actividades del G20, renacen en la ciudad, las viejas diferencias que mortifican a sus habitantes, y exponen los problemas que, por viejos, no dejan de atormentarlos.

La inseguridad que quita el sueño a los porteños, ha superado una prueba esencial al evitar los previsibles disturbios en una reunión de estas características, el muy plácido devenir de la reunión, trasladó a un pasado remoto los bochornosos episodios del  fin de semana anterior en el barrio de Núñez.

Al tiempo que la tecnología nos permitía conocer en tiempo real, los desaguisados que “les gilletes jeunes” producían en las calles por las que también marcharon reclamando sus derechos los “miserables” de V. Hugo. La violencia que nosotros sentimos como propia, obviamente se ha desparramado por el mundo y resulta moneda corriente en las grandes ciudades.

También ha quedado expuesta una de las tesis que venimos exponiendo en estas líneas dedicadas a la justicia, y que vale la pena insistirlo, no es la facilidad con que pueda recuperarse la libertad lo que favorece los desmanes, sino que es la correcta prevención,   la que los impide.

Pero ya avanzando sobre nuestros temas específicos, debemos retroceder sobre un tema ya tratado. Al disponer la Corte Suprema que los jueces nuevos recién nombrados   deben pagar el impuesto a las ganancias, una vez más se ha alterado la lógica que gobernaba la cuestión. En una solución extraña, lo que se resolvió es que los nuevos Magistrados percibirán una cantidad suplementaria equivalente el impuesto que deberían afrontar.

Era principio aceptado, que la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, tenia por finalidad la imposibilidad de ejercer presiones sobre los mismos, uno de cuyos métodos era afectando sus salarios, lo que podría ocurrir reduciéndolos directamente o imponiéndoles gravámenes que produjesen las mismas consecuencias, extremos constitucionalmente protegidos. (Artículo 110.- Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones.)

De ese modo, el principio no fue cuestionado y tanto la Corte Suprema Americana como la nuestra se expidieron en una línea semejante. No cuesta advertir que la opinión publica cambio ese sano principio, y comenzó a cuestionarlo no como un principio rector del sistema Republicano, sino como un privilegio inaceptable por parte de algunos integrantes de la sociedad, cuya misión consistía en administrar justicia.

La solución de la Corte ha de generar variadas discusiones, pues, por las misas tareas se han de dispensar remuneraciones diversas que solo podrán compensarse en una cuenta final en la que se incluyen los impuestos que algunos estarán eximidos de pagar. Ello sin contar con el desfasaje que podría generarse, si la promesa del Gobierno de que los salarios no deberían pagar ganancias se concretase algún día, dejando entonces unos haberes superiores a otros,  ya que  en esta ocasión, los suplementos acordados no sufrirían ninguna mengua.

Más allá de eso –que implicó un fuerte enfrentamiento entre la AFIP y el Poder Judicial- otra cuestión alteró los ánimos del Poder Judicial y encrespó las aguas en su relación   con el Ejecutivo y fue el inusual rechazó a habilitar la partida para el incremento salarial que la Corte había dispuesto para el Poder Judicial.

Siendo que los fondos se encontraban en poder de la Corte, la decisión de la Jefatura de ministros fue tomada como una descortesía, no solo innecesaria sino infrecuente, lo que no debe entenderse como irrelevante a los fines de las relaciones futuras entre ambas cabezas de Poder.

Otra fricción se ha generado con las disposiciones emanadas del ministerio de Seguridad que, impulsado por sus recientes éxitos, ha generado una serie de disposiciones que no parecen demasiado compatibles con el código penal y que han desatadas las iras de Lilita y la cautelares de algún Juez para impedir su aplicación.

El tiempo dirá si podrían ambos Poderes en el futuro armonizar sus pasos y ayudar a   consolidar una Nueva Republica.


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