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Para el dos de Triaca, “gran parte de la desocupación es insoluble”

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El secretario de Empleo de la Nación, Miguel Ángel Ponte, habló sin metáforas ante los socios del Rotary Club, muchos de ellos empresarios, CEO, representantes de importantes estudios contables o de abogados y dejó definiciones preocupantes.

En una charla que reprodujo Infobae, Ponte pidió ayuda para incluir a los excluidos del sistema laboral, reconoció que subió el empleo de inmigrantes, defendió los planes sociales y también las multas a Camioneros y a Suteba, aunque de eso mucho no quiso hablar.

“Tenemos una realidad migratoria” y que son 70 mil los trabajadores venezolanos, 1% de la ocupación local”, dijo. “No es que estén en negro, puede haber como entre los argentinos, pero muchísima gente que está en blanco. Tienen una actitud laboral distinta que ojalá ayude a que alguna parte de la población argentina entienda qué es lo que espera el mundo productivo para abrir las puertas al trabajo”.

El ex gerente de Recursos Humanos de Techint describió la inmigración como una realidad y un inconveniente para el aumento de la tasa de empleo ya que “gran parte de la desocupación es insoluble porque lo que se va logrando aumentar, que es bastante poco, se incrementa con el fenómeno inmigratorio”.

Al terminar su exposición, en un aparte con periodistas, reconoció: “La fiebre no baja bajando la fiebre, la desocupación es una realidad que depende del funcionamiento de la economía. Entonces, si por más esfuerzo que esté haciendo el Gobierno no se logra hacer sana la economía, a un cuerpo enfermo no se le puede decir: no tenga fiebre”.

Por eso remarcó la necesidad de profundizar una actitud “proactiva” empresarial y del Estado. Incluso elogió programas de la gestión del ex ministro de Trabajo durante el kirchnerismo Carlos Tomada que se mantuvieron por ser “muy sólidos”.

Fue también en ese contexto que volvió a responder sobre el embargo por más de mil millones de pesos a Camioneros y de 660 millones a Suteba por no acatar la conciliación obligatoria. “Hay leyes, si queremos jugar en la legalidad o no es una decisión de la población. Si alguien se pone nervioso porque hay leyes que se aplican, se puede ir al Congreso y discutir las leyes, pero mientras haya leyes la responsabilidad de los funcionarios es aplicarlas”, clausuró el tema.




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