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Peppo 2019: las aguas bajan turbias en Chaco

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Sin embargo, las temporales treguas que las investigaciones le brindan esconden plazos que le imponen desafíos más que incómodos para el electoral 2019, como el hecho de que a principios de marzo la Legislatura chaqueña deberá definir si avanza un pedido de juicio político contra el mandatario, presentado por diputados provinciales de Cambiemos en diciembre pasado.

Con ese tenso mar de fondo, el pasado viernes Peppo hizo debutar un cambio de gabinete, que en círculos locales tuvo sabor a poco y que fue en rigor una serie de enroques y de unciones de dirigentes de bajo perfil.

“Vamos a fortalecer el trabajo de cara a la gente; las inundaciones y la situación económica del país han agudizado los desafíos“, argumentó el gobernador peronista.

Pero Peppo lleva sobre sus hombros un peso agobiante, cuya traducción en las urnas aún está por verse: el de ser el líder de un equipo -instalado tras su asunción en diciembre de 2015- que terminó diezmado por investigaciones judiciales por supuestos manejos irregulares de fondos públicos, de alto impacto en el plano nacional y en un distrito castigado por las necesidades básicas insatisfechas.

El rastrillo de los tribunales disparó la detención en marzo de 2018 de una pieza clave del Gabinete de Peppo, el secretario general de la Gobernación, Horacio Rey, quien incluso fue su jefe de campaña. También corrieron esa suerte por esas horas, entre otros, el por entonces subsecretario de Comercio, Roberto Lugo, y dos familiares de Rey: su esposa -y exsecretaria privada de Peppo-, Susana Fernández, y su cuñado, el excoordinador de la Unidad Ejecutora Chaco Construye, Ismael Fernández. El listado de funcionarios detenidos, días más tarde, se ampliaría.

El propio Peppo sumó ese año otra embestida judicial que lo puso como uno de los blancos de la investigación, con la lupa dirigida a su actuación como titular del Instituto Provincial de la Vivienda (lo comandó entre 2012 y 2015), y un presunto uso irregular de recursos nacionales.

Octubre pasado, en tanto, depararía otro mal trago para el mandatario, de la mano del escándaloso robo -de un depósito oficial- de unos 200 mil kilos de leche en polvo destinados a un programa alimentario.

La avanzada judicial sobre la administración del peronista Peppo derivó en diciembre pasado en la presentación de un pedido de juicio político contra el mandatario por parte de legisladores provinciales de Cambiemos.

“Existe una política de saqueo del Estado que se instaló en el Gobierno actual, junto al despacho del gobernador, donde se ven implicados funcionarios de primer nivel, empresarios e intendentes“, disparó por esas horas el diputado provincial Hugo Domínguez (Encuentro Cívico).

“Peppo le debe explicaciones al pueblo, porque es un derecho de todos los ciudadanos de la provincia; acá tuvimos, y parece no haberse ido, un Gobierno paralelo, que puerta de por medio del despacho del gobernador funcionó con toda impunidad, estaba todo organizado para saquear al Estado y creo firmemente que el gobernador no puede desconocer todo los que sucedía allí”, remarcó Domínguez tras la presentación de la estocada parlamentaria, que concretó junto a sus pares Gustavo Corradi, Alejandro Aradas y Pablo Curín.

“En principio en dos o tres meses se iban a plantear los juicios, pero no vemos avances en estos hechos ocurridos al lado de la oficina del gobernador”, enfatizó Domínguez en diciembre.

El pedido de juicio político tomó estado parlamentario ese mes, y ahora la mirada está puesta en la primera sesión de marzo. Según lo estipulado por la Constitución chaqueña, “para la tramitación del juicio político, la Cámara en su primera sesión anual se dividirá por mitades en dos salas. La sala primera tendrá a su cargo la acusación y la segunda será la encargada de juzgar”.

También define que “la sala acusadora designará el mismo día de su constitución una comisión de cinco miembros”, que “tendrá el cometido de investigar la verdad de los hechos denunciados”. Y estipula que esa comisión “ejecutará sus diligencias dentro del término perentorio de 90 días, y formulará dictamen ante la sala, la que lo aceptará o rechazará dentro de los 30 días” y “necesitará dos tercios de los votos de sus miembros para dar curso a la acusación”.

Por de pronto, y ya en medio de un sueño reeleccionista que aún no oficializó, Peppo aseguró días atrás que tomará una decisión final “después de que pase esta cuestión de emergencia”, en referencia al flagelo de las inundaciones que castiga a la región. El tiempo dirá si las turbulentas aguas electorales, en un marco de comicios provinciales anticipados pero aún sin fecha, también dejarán su huella sobre las aspiraciones del gobernador.

A priori, en medio del prontuario judicial de la administración de Peppo y de los zigzagueos de la interna peronista local (atada a la coyuntura partidaria nacional, y con el poder dividido entre Peppo, el intendente capitalino Jorge “Coqui” Capitanich y el titular del Concejo Deliberante de Resistencia, Gustavo Martínez), las aguas parecen bajar turbias para el mandatario, y el final hoy está abierto.


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