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PRESOS POLÍTICOS. | 7miradas

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La incertidumbre parece ser una de las características de nuestra sociedad. Nunca tenemos demasiado claro hacia dónde nos dirigimos y quien conduce nuestra marcha. Quizás esa ignorancia es la que nos permite transitar los ciclos desafortunados de nuestra historia reciente.

Somos una rara mezcla de presuntuosos recuerdos y supuestas virtudes que nos distinguen de nuestros vecinos cercanos. Nuestro pasado como la octava potencia del mundo, los rastros de una economía pujante que nos ponía por encima de Alemania, Francia o Italia, un sistema de salud envidiable y una educación pública que nos permitía sobresalir, son los desdibujados recuerdos de un tiempo pasado, que según Manrique, siempre fue mejor.

Desde la bruma de ese pasado, sin embargo, solo pueden extraerse los fantasmas de una realidad perdida que nos enfrenta a la disociada escenografía en la que debemos movernos. Inexplicablemente, habiendo obtenido un triunfo rotundo en los principales distritos electorales – Nación y Provincia de Buenos Aires, entre otros- la hegemonía que ello debía otorgar no parece haberse alcanzado.

La discusión que por momentos parece ser solo semántica, encierra un problema de profundas raíces jurídicas y notorias consecuencias políticas. La dispersión de opiniones respecto de la existencia o no  de presos políticas, corre el velo de una cuestión que involucra a la Justicia y compromete la suerte de los procesos iniciados para castigar la corrupción que en ellos se denuncia.

La cuestión, a su vez, no resulta ajena a la recientemente introducida  idea del Lawfare, con la que se agrega un nuevo ingrediente a un relato que solo termina por desconocer la labor del Poder Judicial, al que se hace responsable de los hechos que nos aquejan,  sin distinguir a sus verdaderos autores. Esto lo decimos porque frecuentemente se generaliza diciendo “la Justicia dejo en libertad..”, “la Justicia resolvió anular..” etc., cuando en verdad dichas decisiones responden a la voluntad de un individuo concreto,  que es a quien debería cargarse la opinión que se critica.

Sin perjuicio de lo afirmado en el párrafo precedente, que se vincula a las concretas responsabilidades que cabe asignarles a los Magistrados y, consecuentemente, a su permanencia en dichas funciones, lo que debe preocupar es que pueda sostenerse que existen, y que no, presos políticos. Miembros de rangos semejantes sostienen posiciones encontradas en un punto en el que el Gobierno no podría presentar fisuras.

El intento de justificar que es injusta la detención de algunos ex Funcionarios, no se ha detenido, ni siquiera, frente al compromiso en el que se coloca al actual Presidente, cuya responsabilidad constitucional  sería poner fin a una situación imposible de compatibilizar con el Estado de Derecho. Frente a esa situación intentan ampararse individuos que ya han sido condenados y que, eventualmente, enfrentan el proceso de revisión de esas decisiones en situación de detenidos.

Que miembros de un mismo Gabinete puedan tener visiones tan opuestas respecto de una misma situación, debe preocupar especialmente a la ciudadanía, en primer lugar, porque una diferencia de criterio de tal magnitud, antes de trascender al público debió haber sido objeto de discusión interna y, si no resulta posible coincidir en ese punto, el camino es abandonar la gestión en la que no puede  lograrse un criterio homogéneo sobre un aspecto fundamental de la convivencia constitucional.

Pero de segundo, debe advertirse que los conceptos enfrentados se vinculan directamente a una cuestión ideológica que se vincula a la propia estructura del Estado en la que se cuestiona al Poder Judicial. Obviamente entre aquellos que prefieren entender que existen presos políticos, subyace la opinión de que el sistema Judicial vigente debe ser removido – no otra solución puede preverse si los Jueces no resultan confiables en su actividad-, mientras que entre los que  difieren en ese aspecto, solo algunos deberán abandonar sus cargos (aquellos que fueron arbitrarios).

Sean unos u otros los que impongan su criterio, lo único seguro es que ambos coincidirán en alterar la conformación del Poder Judicial , hecho que no cuesta advertir con solo verificar el retiro de más de un centenar de pliegos que, en algunos casos,   habían recibido tratamiento en la pertinente Comisión del Senado y en todos,  fueron el resultado de un concurso de oposición y antecedentes regido por el Consejo de la Magistratura –que también integraban representantes de la fuerza política que hoy nos gobierna-.

Lo cierto es que vuelven a la memoria las palabras del ex intendente de Areco cuando,  sin ningún tipo de prurito, aseguró que debían nombrarse Jueces militantes, propuesta que debería generar escozor en cualquier individuo que intente conservar sus libertades. La ideologización de la Justicia termina con ella, y con los derechos individuales que solo sobreviven, si son compatibles con la propuesta política que los define.

Militantes fueron los Jueces de la Revolución Francesa, los de la Alemania Nazi y los de los países comunistas, y en ninguno de esos tiempos se encuentra el modelo de Justicia que los pueblos persiguen o las garantías para una convivencia generosa.


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