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Previsible escalada del reclamo del campo

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Previsible escalada del reclamo del campo

Finalmente, las entidades rurales y los autoconvocados, convergieron en una adelantada medida de protesta: un paro de comercialización de hacienda y de granos la próxima semana. Se espera que no haya cortes de ruta, aunque podría haber “vigilias” a la vera de algunos puntos importantes. El impacto central se sentirá en la hacienda vacuna, y también se puede ver afectada la carga de buques granarios en los principales puertos de exportación.

Aunque no todos estaban de acuerdo en avanzar ahora con una protesta más fuerte, finalmente primó el criterio mayoritario, y mientras continuaban febriles deliberaciones de último momento, se confirmaba la ampliación del paro agropecuario con cese de comercialización de hacienda y granos, prácticamente para toda la semana que viene (desde el 9 al 14), lanzado desde CRA, e impulsado por los autoconvocados y Carbap. La decisión que a lo largo de las horas fue acompañada también por Coninagro y La Rural, que se fueron plegando a la medida, mientras Federación Agraria seguía anoche con la ronda de consultas; se adoptó como señal de protesta por la sumatoria de falta de respuestas y medidas unilaterales de parte del Gobierno, en el marco de un mercado internacional debilitado y de una sequía local creciente en las principales zonas productoras.

Ante esto, las versiones desde el Gobierno fueron variadas y oscilaron desde “la suspensión de toda negociación con el campo”, hasta dar por “cerrado el episodio derivado de las retenciones”,o “dar por superada la situación”, como se dijo en el entorno de Alberto Fernández, quién habría confiado a sus colaboradores que “no tengo intenciones de ir a un conflicto, ni de repetir la 125”.

La alusión, de ser cierta, se hizo en relación a los hechos de 2008 por la Resolución 125 de retenciones móviles, cuyo 12º aniversario es el próximo miércoles, y que tras más de 4 meses de conflicto provocó, finalmente, su propia renuncia como jefe de Gabinete, además de la del ministro de Agricultura, Javier de Urquiza y la del Ministro de Economía de entonces, Martín Lousteau.

Ahora, de resultar alto el acatamiento a esta medida de fuerza, el impacto se sentirá especialmente en el mercado de hacienda que generalmente resulta el más sensible y que prácticamente tampoco tendrá comercialización en la última semana del mes, por los feriados de Semana Santa, por lo que se verá muy alterado el abastecimiento.

También habría alteraciones en la operatoria con granos, en especial para su traslado a fábricas y puertos, por lo que se pueden afectar las exportaciones y el estratégico flujo de divisas.

La medida, poco deseada por ambas partes, fue derivando por sumatoria de errores políticos, a pesar de que la mayoría de los dirigentes consideraba inoportuno el momento para una medida de fuerza de esta naturaleza, mientras que en el Gobierno los más sensatos rechazaban ir al desgaste de otro enfrentamiento ahora, y menos aún, con el sector del que depende el grueso de las divisas.

Por supuesto que, además, se siguió evaluando el balance total de los impuestos del campo, ya que algunos productos mejoraron relativamente su situación, mientras que otros siguieron igual, y los rubros más importantes (en volumen y monto) se perjudicaron. En ese sentido, la fuerte industria aceitera que conforma mayoritariamente el gran polo industrial alrededor del puerto de Rosario, destacó anoche que, “el Decreto 230/2020 publicado ayer, eleva las alícuotas de derechos no solo para la soja, sino también para la harina y el aceite de soja castigando, a través de un impuesto al valor agregado de exportación, la industrialización, el empleo y la mayor generación de divisas para el país al ser el primer sector exportador nacional y líder mundial en estos productos procesados”. Según sostienen, “el gobierno ha establecido derechos de exportación inferiores, que las materias primas, para la harina de trigo, de maíz, maní procesado, pescados procesados entre otros, apostando a generar empleo y mayores exportaciones de productos industrializados. Es por ello que proponemos que el gobierno aplique un tratamiento impositivo igualitario para poder recuperar la fortaleza de la industrialización de soja en nuestro país”, sostienen, tras reconocer que la capacidad industrial ociosa actual supera el 40% y, por supuesto, se temen nuevos retrocesos en la producción total de la materia prima que abastece a esta industria.

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