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Propuesta de pacto para reducir los cargos de Juana Ruiz a pena de 13 meses

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Un tribunal militar israelí recibió este miércoles una propuesta de acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Juana Ruiz, trabajadora humanitaria española detenida por Israel desde abril, para reducir sus cargos y la pena de cárcel a 13 meses.

El pacto se presentó hoy tras la sesión de mediación del lunes, en una vista celebrada en la corte militar de Ofer, en Cisjordania ocupada, a donde Ruiz llegó esposada de pies y manos y en la que la jueza no tomó una decisión definitiva, a la espera de otra audiencia que convocó para el próximo 17 de noviembre.

«Siempre pensé que estaba trabajando para una organización legal. Siento mucho si me equivoqué, espero que tengan en cuenta que no he intentado hacer ningún daño«, declaró ante el tribunal la española, acusada de pertenecer a una organización ilegal.

La Fiscalía militar presentó en mayo cinco cargos formales contra Ruiz, relacionados con su trabajo recaudando fondos para los Comités de Trabajos para la Salud, una ONG palestina que Israel acusa de integrar una red que desviaba dinero europeo al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista también por EEUU y la UE.

Según el acuerdo, los cargos se reducirían de cinco a dos, y se busca que queden solo los menos punitivos para dejar la pena en 13 meses de prisión. A su vez, se le podrían descontar los siete meses que ya lleva encarcelada.

También debería pagar una multa de 50.000 shéqueles israelíes (unos 14.000 euros), y tendría que pagar la primera mitad si quiere salir de la cárcel.

«El pacto es apropiado para un caso que comenzó con cargos que acarrean sentencias máximas y fue reducido a pocos hechos, por lo que estamos satisfechos», declaró su abogado, Avigdor Feldman.

Según agregó, las acusaciones que permanecerían en su contra especifican «muy claramente que ella no sabía que el dinero que recaudó de los contribuyentes de España fue entregado al FPLP«.

Ruiz «tenía la impresión de que trabajaba para una organización de salud, y cuando supo que una de sus partes era parte de una red terrorista, se opuso y se enojó mucho por ello», explicó el letrado, que concretó que «no se le acusa de saber» si los Comités de Trabajos para la Salud «trabajaban para el FPLP o para cualquier otra organización terrorista».

La trabajadora humanitaria, de 63 años, reside en los territorios palestinos ocupados desde los años 80 e Israel le aplica la ley militar, como sucede con el resto de palestinos de Cisjordania.


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