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Putin trata de dejar atada y bien atada su sucesión al frente del Estado | Internacional

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La dimisión del primer ministro de Rusia, Dmitri Medvédev, y su Gobierno ha eclipsado el discurso de Vladímir Putin sobre el estado de la Nación y plantea importantes incógnitas, pese a que el cesante Medvédev ha argumentado su actuación como una consecuencia lógica de los cambios constitucionales enumerados por el presidente en su alocución ante las dos Cámaras del Parlamento.

El gesto de Medvédev ha sorprendido a buena parte de la clase política rusa y, fuera cual fuera su causa, la mayoría de las versiones atribuyen la decisión a Putin y solo una minoría a Medvédev. En ambos casos las supuestas razones coinciden parcialmente, en el supuesto de que Putin no contemplara para su fiel colaborador un papel tan relevante como el actual en el diseño de la transición. Además de otras interpretaciones, entre ellas la responsabilidad de Medvédev por el rumbo económico y social que ahoga a los rusos, cabe preguntar por qué se anunció una decisión semejante justo después del discurso de Putin, lo que restó protagonismo a las enmiendas constitucionales para la redistribución formal del poder estatal, en un esquema que refuerza al Parlamento y al Gobierno, además de introducir nuevas instituciones en el juego.

Tan importante como lo que dijo Putin en su discurso es lo que no dijo. A saber, la imprescindible convocatoria de una Asamblea Constituyente para enmendar los capítulos pertinentes en la Constitución. Según la Carta Magna rusa de 1993, se requiere una Asamblea Constituyente para alterar contenidos de los capítulos 1,2 y 9, que reglamentan las bases del régimen político, los derechos y libertades cívicas y las enmiendas y revisión de la constitución, respectivamente. Esa Asamblea, su composición y funcionamiento deben ser objeto de una ley especial, no aprobada hasta ahora. Las enmiendas en los capítulos “blindados” se someten a la Constituyente tras ser aprobados por mayorías de tres quintas partes en las dos Cámaras del Parlamento estatal y, tras su confirmación o alteración por la Asamblea, se presentan a referéndum estatal. La Asamblea Constituyente es imprescindible para abolir la primacía de los tratados internacionales sobre la legislación nacional, como desea Putin, que tampoco aclaró la naturaleza de la consulta popular para refrendar las enmiendas propuestas.

La señal de salida en la sucesión al frente del Estado ha sonado y presupone un mayor peso del factor “patriótico”, tal como es entendido por Putin, en la redistribución del poder. El presidente propuso que el jefe del Estado no haya residido en el extranjero ni haya tenido jamás otra nacionalidad que no sea la rusa.

Las propuestas esbozadas evocan un reality show en el cual las variantes de transición son comparables a concursantes que se eliminan paulatinamente. La “variante Bielorrusia” (refundación de un nuevo Estado común) parece relegada. Queda la “variante de Kazajistán”, que permite a Nursultán Nazarbáyev, el primer presidente de aquel país, mantener su influencia en la política estatal como jefe del Consejo de Seguridad. En el caso ruso, este poder podría mantenerse vía Consejo de Estado, desde donde el líder actual podría tutelar al nuevo presidente, pero esta variante pasa inevitablemente por la Asamblea Constituyente, pues hoy el Consejo de Estado es un órgano consultivo creado por decreto y para darle poder habría que tocar el capítulo 1 de la Constitución. El fortalecimiento del Parlamento es otra posibilidad, pero tal como fue esbozada parece poco práctica para gobernar y deja fuera las competencias militares y de seguridad. Los cambios auguran la ampliación del control del Kremlin a los niveles más bajos de la Administración, ya que Putin propuso convertir la gestión local del territorio en parte del sistema de poder estatal.

Afirman los expertos que el crecimiento demográfico en Rusia solo es factible mediante la emigración y que ni la más generosa política de apoyo a la familia puede variar la tendencia negativa actual. Pero el presidente, que da prioridad al crecimiento demográfico como factor de seguridad, no mencionó la emigración como forma de paliar la tendencia demográfica negativa, y se concentró en la intensificación del apoyo a la familia y la natalidad .

Cabe pensar que las enmiendas perfiladas son remiendos provisionales para usar la Carta Magna como instrumento de una transición cuyo fin es que el actual presidente continúe ejerciendo el poder desde el punto institucional del “Putin colectivo”. El ganador del concurso es aún una incógnita porque pueden surgir otras variantes-concursantes, dependiendo de las percepciones de la realidad, la correlación de fuerzas entre los lobbies representados en el poder o el resultado de los comicios parlamentarios de 2021. Y no está garantizado que este concurso para “dejarlo todo atado y bien atado” vaya a ser limpio.


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