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Qué delitos se le pueden imputar a Macri por enviar las armas a Bolivia

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En el texto se especifica que la gestión cambiemita podría haber incurrido en los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero.

Y agrega: “Y por tratarse de armas y municiones de guerra (arts. 863, 865 inc. a y b y 867 del Código Aduanero), en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos (art. 260 C.P.), abuso de autoridad (art. 248 C.P.) y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de laNación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.

Más tarde, en diálogo con Radio 10, Alberto Fernández defendió la decisión y dijo que “era necesario hacer la denuncia y que la Justicia intervenga” y reveló cómo se enteró de la situación.

“Yo tomo conocimiento porque el Gobierno de Bolivia me dice que encontró una nota donde el entonces Jefe de la Fuerza Aérea le agradecía al Embajador Argentino en Bolivia el envío de material bélico. Tenían copia sellada como recibida de la Embajada. Yo pedí que busquen el original en la Embajada. Bolivia inició acciones por eso”.

Esta denuncia fue la segunda presentada durante la jornada de este lunes. Previamente, el excamarista Eduardo Freiller había hecho lo propio al acudir a la Justicia por el mismo motivo.

Su escrito apunta contra el Mauricio Macri y los exministros Patricia Bullrich (Seguridad), Oscar Aguad (Defensa), Jorge Faurie (Relaciones Exteriores) y contra otros exfuncionarios que ocuparon áreas clave en el Gobierno de Macri como el exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.

El escándalo estalló el jueves pasado, cuando el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, presentó una carta que el exgeneral golpista Jorge Gonzalo Terceros Lara le envió al por entonces embajador argentino en La Paz y actual ministro de Trabajo de Jujuy, Normando Álvarez García.

En ella, el militar agradecía y acusaba recibo de municiones y material represivo que, según se intenta determinar, podría haberse usado en los días posteriores, cuando el gobierno de facto perpetró las masacres de Sacaba y Senkata.


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