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Quienes participaron en el caso Oil fueron todos designados por Abad

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En paralelo, Abad descabezaba una decena de direcciones regionales, que agrupan a las agencias. Se inició entonces una cacería respecto al personal que había estado cerca de Ricardo Echegaray, durante 8 años. Abad y Echegaray se detestaban. Ambos habían integrado la gestión durante el kirchnerismo pero habían quedado enfrentados y las autoridades políticas los echaron a ambos. Solo que a Echegaray le pidieron que regrese y eso marcó un punto de quiebre donde la AFIP quedó dividida en facciones. El regreso del archi enemigo de Echegaray garantizó el regreso de sus lugartenientes en áreas clave. Y significó una revancha para Mecikovsky, quien había aspirado siempre a ser titular de la DGI. Son los mismos que ahora se quejan de que Mercedes Marcó del Pont los removió cuando cambió el gobierno. Algunos resistieron. Otros abandonaron la organización. Muchos hoy están imputados en el marco de la causa que instruye la jueza María Servini por una asociación ilícita. Una definición que diga que no existió delito en el caso Oil Combustibles –habrá decisión el 16 de diciembre- puede llegar a complicarlos desde el punto de vista penal. Toda la prueba recabada en la instrucción provino desde la AFIP y fue firmada “exclusivamente” por los funcionarios que habían sido designados (se sospecha que para tales fines) con el desembarco de Abad.

Así, a través de la disposición 574/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015 se designó a Néstor Abelardo Sosa como subdirector General de Auditoría Interna. Estuvo a cargo de los informes OIP 14 (referido solo a Oil Combustibles) y a la OIP 15. La primera, con un informe preliminar –es decir, casi con un borrador- fue la pieza clave para dar base a la acusación contra la petrolera. Las conclusiones de la OIP 15 que desmentían a la anterior sobre todos los 1648 planes de pago de AFIP recién se incorporó a la causa a mediados de 2019 por presión de los jefes de agencias y funcionarios “de línea”. Sosa reivindicó su tarea, relativizó algunas conclusiones y trató de desmarcarse de lo actuado durante su extenso testimonio en el juicio.

El mismo día que Sosa fue designado Sebastián Paladino como Subdirector General de Recaudación. Servini concluyó que bajo sus órdenes se instauró un sistema informático especial –sin normativa de sustento- para monitorear en tiempo real al Grupo Indalo y a Báez. Su nombre original era “Indalo”. Después lo modificaron para ocultar el direccionamiento. Nunca le sirvió a las áreas operativas. Sí a las áreas centrales que podían acceder a información que de otro modo le hubiesen tenido que pedir a otras jurisdicciones y agencias con alguna motivación administrativa.

El mismo 15/12/2015 fue nombrado Eliseo Devoto, Subdirector de Asuntos Jurídicos y la persona que “patrocinó” la presentación que hizo el abogado Emilio Candina en el fuero penal económico luego de una nota de La Nación que se utilizó como excusa para lanzar la avanzada. La justicia la desechó porque consideró que nunca existió una insolvencia fiscal fraudulenta. Fue el Plan “A” de la AFIP. Luego girarían a la defraudación. A través de la Disposición 98/2016 se designa a Candina como Jefe de División de la División Penal Tributaria. Fue el 1 de marzo de 2016, unos días antes de que a partir de una reunión de una mañana leyeran un informe, redactaran una denuncia y la llevaran a tribunales. El abogado confesó en el juicio que nunca antes había hecho algo similar y que unos días más tarde lo reemplazaron con un abogado externo: Ricardo Gil Lavedra.

A través de la Disposición 576/2015 fue designado Juan Carlos Santos como Subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales. Su área tuvo rol protagónico en la embestida. Tenía directa relación con Carlos Bo y articulaba con Sosa. Las reuniones eran periódicas con Abad por el caso Oil. Ese mismo día Jaime Mecikovsky fue designado en Operaciones Impositivas del Interior. Su nombre no apareció en el expediente Oil. Pero a partir de la auditoría sobre los sistemas informáticos se detectó que personal a su cargo había tenido injerencia en los accesos dirigidos también hacia Cristina de Kirchner y su familia.

El 15 de enero de 2016 a través de la Disposición 9 se designó a Jorge Shiaffini como jefe de departamento de Investigaciones de Grandes Contribuyentes. En el juicio dudó todo el tiempo, respondió evasivo y terminó confesando que no sabía quiénes habían redactado el informe de situación fiscal de OCSA. Tenía agregados a sugerencia de Santos, reveló otro testigo. No lo firmó ningún subalterno. Terminó allanado porque contó en el juicio que existió un “grupo de tareas” asignado a Oil.

El único funcionario que participó en el caso Oil y no fue designado por Abad apenas llegó Cambiemos fue Fabián Barroso que era desde 21 de agosto de 2012 Jefe de División Recaudación del Departamento de Gestión de Cobro. Confeccionó un listado con los planes de pago por ITC a los que se había acogido Oil. Afirmó en una reunión que la empresa estaba al día con los planes, lo que sorprendió a todos. Lo dijeron varios testigos, incluyendo a Oscar Ramos Rivera. En su lista estaban los 4 planes de pago que llegaron a juicio oral como parte de una defraudación. Dos eran generales, a los que se adhería por Internet; otros dos eran particulares (uno casi pago en su totalidad a marzo de 2016) en igual situación a otros 1200 contribuyentes. Pero en ese listado había 11 planes más acogidos por la empresa en la gestión de Abad que acababa de comenzar. Jamás fueron objeto de reproche penal.


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