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Rechazan excarcelar o dar prisión domiciliaria de manera automática por el coronavirus

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Detenidos en cárceles federales, entre ellos ex funcionarios, empresarios y represores, reclamaron en los últimos días su excarcelación o prisión domiciliaria por temor a contraer coronavirus en los penales, pero en la mayoría de los casos se rechazaron los planteos porque no hay contagio en cárceles, donde se están extremando las medidas de prevención.

Hasta ahora, una de las excepciones en la Cámara Federal de Casación fue la de una detenida con prisión preventiva y sin condena, con una grave patología de salud y madre de un nene, a la que se le otorgó prisión domiciliaria por temor a que se contagie el Covid-19.

Pero el máximo tribunal penal del país negó, por ejemplo, ese beneficio al ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi; al empresario Claudio Cirigliano y al ex directivo de la ex concesionaria TBA, Victor Astrella, todos condenados por la tragedia del tren de Once.

En todos los casos se ordenó tomar recaudos para “garantizar la salud” de los detenidos “de acuerdo al contexto extraordinario actual de pandemia”.

La emergencia sanitaria declarada “no comprende ninguno de los supuestos” por los cuales puede otorgarse un beneficio de manera automática, concluyeron -por ejemplo- los jueces del Tribunal Oral Federal 4, que rechazaron excarcelar al detenido empresario Lázaro Báez.

Con similar argumento se negó poco después en el mismo Tribunal la excarcelación al detenido ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a cinco años y ocho meses de cárcel en la causa Ciccone.

El Servicio Penitenciario Federal informó que si un paciente presenta síntomas de contagio de Covid-19 será trasladado a un hospital extramuros con aislamiento, según se citó en el fallo que negó la excarcelación a Boudou, preso en la cárcel de Ezeiza.

La Cámara de Casación penal ordenó esta semana resolver con celeridad, al recibir un informe del Servicio Penitenciario Federal con un listado de 1280 presos que integran grupos de riesgo.

“Esto no implica una directiva para dar el beneficio sino para no demorar decisiones ante los diferentes planteos que presentan los abogados”, explicaron a Télam fuentes judiciales.

El viernes último, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín rechazó dar el arresto domiciliario al detenido por delitos de lesa humanidad Bernardo Caballero, actualmente juzgado por privaciones ilegales de la libertad, tormentos, violaciones y homicidios cometidos en la última dictadura cívico militar.

Caballero está preso en Campo de Mayo, tiene 64 años y argumentó padecer obesidad.

Los jueces entendieron que en caso de contagio el mejor lugar para su atención sería el hospital de esa guarnición y no su domicilio.

Otro que intentó sin éxito obtener prisión domiciliaria fue el represor condenado Miguel Etchecolatz.

En su caso integra el listado de grupos de riesgo, tiene 90 años, pero pese a ello el Tribunal Oral Federal 6 de la ciudad de Buenos Aires denegó el planteo porque -según sostuvo- “no corre peligro de contagio”.

“Hasta el momento no se ha presentado entre la población carcelaria ningún caso de contagio”, por lo cual la suposición de riesgo es “conjetura”, se agregó en el caso de Etchecolatz.

La Cámara Federal porteña rechazó, por su parte, con argumentos similares excarcelar al detenido ex policía federal Mario Sandoval, procesado con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad y extraditado desde Francia en diciembre pasado.

En todas las resoluciones se incluye un recordatorio para que el SPF refuerce las prevenciones en materia de salud en grupos de riesgo.

Además de ex funcionarios y empresarios presos por causas de corrupción, en los tribunales de Retiro y en fueros federales de todo el país hay planteos de detenidos por secuestros extorsivos o narcotráfico, con prisión preventiva o condena firme.

La justicia federal de San Martín se negó a excarcelar esta semana a un condenado por transporte de estupefacientes, sostuvo que pertenecer a un grupo de riesgo no es motivo automático de excarcelación y dijo que, además, funciona un Comité de Crisis en el SPF que coordina medidas de prevención, detección y asistencia en contexto de encierro.

En cada caso, quien pide el beneficio “debe acreditar cuán grave resulta ser la situación de salud frente a una situación de daño inminente de contagio del virus”, se sostuvo en este fallo.

Las autoridades nacionales, provinciales y municipales, se encuentran dictando medidas preventivas para evitar la propagación del virus

Otro que quedó en prisión por orden de un Tribunal Oral de San Martín fue un condenado a 20 años de cárcel por secuestro extorsivo y abuso sexual, Luis Villagra.

“Las autoridades nacionales, provinciales y municipales, se encuentran dictando medidas preventivas de público conocimiento para evitar su propagación”, concluyó el Tribunal.

En Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal 1 rechazó liberar a una mujer procesada por narcotráfico, cuya defensa ubicó dentro de la población en riesgo de contagio por sufrir hipotiroidismo, asma y artrosis crónica.

“No invocó ningún elemento cierto y concreto como para aventurar con mediana certeza un próximo contagio”, concluyó el Tribunal y además reiteró que “a la fecha no se ha reportado caso alguno de coronavirus en ninguna de las unidades del Servicio Penitenciario Federal”.

Los fiscales se oponen en todos los casos a conceder estos beneficios a los detenidos.

En uno de estos dictámenes, el fiscal federal porteño Miguel Angel Osorio advirtió que “este tipo de pedidos basados en situaciones de riesgos potenciales, sin un mínimo análisis del caso que somete a este debate, falto de apoyo normativo como así también de los elementos suficientes que respalden su pretensión, parece no estar contemplando la situación de emergencia sanitaria que nos involucra a todos”.

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