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Refugiados pendientes de la expulsión pese a aprender un oficio | Internacional

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Ali Z. sonríe de oreja a oreja mientras muestra este jueves las instalaciones de la carpintería en la que inició en agosto pasado una formación profesional. “Estoy muy contento de poder trabajar, me gusta lo que aprendo aquí”, asegura este joven afgano, de 22 años. “Está muy motivado y es aplicado”, confirma orgullosa la propietaria de la empresa, Michaela Krbecek, que ha peleado durante casi un año ante los servicios de empleo austriacos y en los tribunales para poder colocarle como aprendiz. Con lo que ha costado, espera poder conservarlo en este pequeño taller de Feldkirchen an der Donau, una población de unos 5.000 habitantes rodeada de campos de cultivo a unos 20 minutos de Linz, la capital de Alta Austria (noroeste).

Sobre Ali y otros 880 peticionarios de asilo en formación pende la amenaza de deportación a sus países de origen si se rechaza definitivamente su solicitud -la mayoría ha perdido en primera instancia-, hayan acabado o no sus aprendizajes. Al menos hasta que el Gobierno concrete la petición parlamentaria de detener las expulsiones en estos casos hasta que terminen sus estudios.

El Ejecutivo socialista permitió a partir de 2012 que los refugiados pendientes de acogida -un proceso que puede durar años- accedieran a una formación profesional en sectores faltos de mano de obra cualificada (especialmente en la hostelería, empresas artesanales y técnicos en ciertas industrias). Pero la llegada al poder del conservador Sebastian Kurz (ÖVP) y la ultraderecha (FPÖ), con la promesa de mano dura en la política migratoria tras la entrada en el país de casi 170.000 personas (entre 2015 y 2018), cambió las tornas. Las expulsiones por denegación del asilo comenzaron a acelerarse el año pasado y en septiembre de 2018 el Ejecutivo cerró también la puerta a la posibilidad de que los solicitantes pudieran iniciar un aprendizaje. Decenas de migrantes han sido expulsados con los estudios empezados.

Un sinsentido social y también económico, subraya Rudi Anschober (Los Verdes), consejero regional de Integración y Medio Ambiente de Alta Austria, que lanzó el año pasado una petición online bajo el lema “formación en vez de expulsión” apoyada por 80.000 personas, 135 Ayuntamientos, 2.000 empresarios y numerosas personalidades.

La creciente presión social y de los partidos de la oposición para reclamar un freno a las deportaciones en estos casos ha surtido efecto. La semana pasada, en la recta final de la campaña para las elecciones adelantadas del domingo tras romperse la coalición entre ÖVP y ultras, los democristianos de Kurz cedieron y apoyaron en el Parlamento requerir al Ministerio del Interior un cambio legal que permita a los afectados acabar su formación aunque se desestime el asilo.

“Esta amplia alianza de la sociedad civil ha demostrado cómo se puede hacer política de otra manera”, destaca en una visita al taller de Feldkirchen Anschober, que mantiene las espadas en alto. La petición parlamentaria aún debe traducirse en una norma concreta, y no se decretado la paralización de las expulsiones mientras tanto. “Hago un llamamiento a que se acelere el asunto”, apunta el consejero de Los Verdes, porque “no hay nada peor que no saber qué será de ti mañana” y que de un día para otro aparezca la policía “te saque de tu lugar de trabajo y te suba a un avión”, como ha ocurrido ya.

Anschober apuesta por la solución de Alemania, que permite la formación y añade dos años más de residencia para que los afectados puedan ganar experiencia laboral. Permitir el acceso a los aprendizajes “es una oportunidad de integración óptima, porque ayuda a los peticionarios de asilo a aprender el idioma y les da una perspectiva vital y profesional”, añade.

Además, hacen falta. Hay 1.800 plazas de formación profesional sin cubrir solo en Alta Austria (1,4 millones de habitantes de los 8,7 del país), y las previsiones indican que en 2020 la escasez de mano de obra cualificada rondará las 29.000 personas en esta región -la Cámara de Comercio austriaca estimó 162.000 a nivel nacional en abril de 2018-. “Nosotros buscamos sin éxito un aprendiz durante dos años y entonces decidimos formar a un solicitante de asilo”, explica Michaela Krbecek. A Ali le conoció porque da clases de alemán a refugiados como voluntaria, y ahí surgió la idea. La empresaria pensó que los papeles tardarían unas semanas, pero se topó con la negativa de los servicios de empleo porque el Gobierno conservador ya había eliminado el acceso de refugiados como Ali a la formación profesional. Pero “rendirse no era una opción”, por lo que recurrió ante los tribunales, que le dieron la razón en un fallo que Anschober espera que siente jurisprudencia, ya que hay otros dos procesos similares abiertos.

Los jueces dictaminaron que debían prevalecer sobre la decisión del Gobierno las directrices europeas de acogida, que establecen la apertura del mercado laboral cuando el peticionario de asilo lleva 9 meses pendiente de la resolución de su caso. El afgano Ali Z., que huyó de Herat hace tres años después de que una banda mafiosa asesinara a su padre y le amenazara a él y su familia, según cuenta en alemán, cumplía los requisitos. Ahora está pendiente de la revisión de la resolución negativa a su solicitud de asilo. “Quiero quedarme más allá de los tres años que dura mi aprendizaje, establecerme aquí y tener familia”, añade Ali.

En quedarse también confía Qorban Rahimi, afgano de 19 años, que realiza una formación profesional doble de administrativo y técnico en una empresa de limpieza de Linz. “Llevo más de cuatro años en Austria y hago todo lo posible para integrarme y ser aceptado”, cuenta en un alemán fluido. También Rahimi perdió su caso de asilo y ha recurrido. En octubre tiene otra vista y el peligro de una deportación está ahí. “Pienso en ello todos los días, estoy en el aire y no es agradable no saber si me quedaré. No puedo planificar mi futuro”, afirma. Su jefe y compañeros en la firma TopRein le apoyan, al igual que la familia austriaca que le ha ‘adoptado’ y ayudado a abrirse paso desde que llegó a Linz tras pasar primero por varios centros de refugiados y después de cuatro meses de viaje desde Afganistán, de donde huyó de los talibanes. Se mantiene con su trabajo, estudia y es “voluntario los sábado en Caritas”, recalca. “Hago todo lo posible por quedarme”.

La factura del abogado la paga la ultraderecha

El Gobierno del democristiano Sebastian Kurz y su socio de coalición, la ultraderechista FPÖ, que se disolvió en mayo tras 15 meses de gestión, ha aplicado una política migratoria restrictiva tras la crisis de 2015 y ha tomado medidas para frenar las entradas y hacer Austria poco atractiva para refugiados. Kurz recalca que el país ya no puede acoger a más (casi una cuarta parte de la población es extranjera o de origen migratorio) y se opone al reparto de personas rescatadas en el Mediterráneo central impulsado recientemente por Francia y Alemania en una cumbre en Malta. Pero ha sido especialmente la ultraderecha la que ha presionado para levantar muros a la migración. Y en algunos casos, se ha pasado de frenada. El exdiputado Joan Gudenus, que protagonizó junto al exlíder Heinz-Christian Strache el vídeo del ‘caso Ibiza’, acusó públicamente a un refugiado que realiza su formación profesional en un supermercado de Alta Austria de estar vinculado a grupos terroristas. Se equivocó. Le adjudicó un perfil de Facebook que no era suyo. El consejero regional Rudi Anschober llevó a Gudenus a los tribunales y logró una indemnización en un acuerdo extrajudicial. Parte del dinero ha cubierto los gastos legales para lograr el permiso de aprendizaje de Ali Z.


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