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Sarkozy, culpable de financiación ilegal en su segunda condena desde que salió de la presidencia francesa

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El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue considerado este jueves culpable de financiación ilegal de su campaña de 2012, siete meses después de haber sido condenado por corrupción y tráfico de influencias.

El Tribunal consideró que el jefe del Estado francés entre 2007 y 2012 se benefició de un sistema de doble contabilidad puesto en macha para poder superar los límites de gasto impuestos por la ley francesa.

Este nuevo revés judicial se produce siete meses después de que Sarkozy fuera condenado en primera instancia a tres años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento y el otro en arresto domiciliario, por corrupción y tráfico de influencias. 

«Conocía el tope de gasto»

La jueza Caroline Viguier ha resaltado que «Sarkozy conocía el montante legal del tope de gasto» y ha dicho que «fue advertido por escrito del riesgo de superarlo a través de dos notas», según ha informado el diario francés Le Monde.

«No era su primera campaña y tenía conocimiento de las normas de derecho», ha manifestado la jueza, quien ha apuntado que, pese a todo ello, «Sarkozy siguió manteniendo encuentros en las mismas condiciones que hasta entonces».

En este sentido, ha hecho hincapié en que «Sarkozy conocía las cuentas de su campaña» y ha añadido que el gasto superó el límite por más de 16,2 millones de euros. «El tribunal considera que el techo fue superado a partir del 18º encuentro, el del 31 de marzo de 2012. A partir de esa fecha, cada acto supuso una infracción», ha valorado.

Sarzoky estaba siendo juzgado junto a otras trece personas –todas ellas declaradas culpables– por el caso ‘Bygmalion’, que gira en torno a una supuesta falsificación de facturas para que su campaña se mantuviera por debajo del límite que establece la regulación gala. 

Los investigadores sospechan que el coste real rondó los 42 millones de euros, ampliamente por encima de los 22,5 millones requeridos.

El expresidente francés ya fue condenado a principios de marzo a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, al término de un proceso en el que se concluyó que había ofrecido un trato de favor a un juez a cambio de información privilegiada. 


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