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Segunda Jornada de debate del aborto en el Senado – NCN

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La reunión plenaria de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales del Senado comenzó hoy en horas de la mañana con la exposición del doctor en ciencias jurídicas Jorge Laferriere -director del Centro de Bioética, Persona y Familia-, quien sostuvo que “el Senado debe rechazar el proyecto con media sanción y luego iniciar el proceso para establecer políticas públicas para maternidad vulnerable” además de advertir que el mismo tiene “graves problemas jurídicos”.

Seguido, la ginecóloga María de los Ángeles Carmona, representante del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, se refirió a la objeción de conciencia de los médicos. La calificó como “un bien constitucional no negociable” al tiempo que afirmó que “nuestra obligación es garantizar los derechos, la libertad de pensamiento y elección de la actividad médica a nuestros colegiados, garantizando la privacidad de los mismos”.

Por su parte, la abogada y directora del Programa Sur del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Liliana Tojo, apuntó que “hay absoluta compatibilidad del proyecto con media sanción con el derecho internacional”, que el mismo “no viola el derecho a la vida” y recordó que “la corte interamericana también se ha referido al ejercicio libre de la maternidad como parte del desarrollo de la personalidad de las mujeres.”

En tanto, el secretario de prensa y difusión de la Asociación de Médicos de la República Argentina, Carlos José Wechsler, manifestó “preocupación desde nuestro sector por los problemas relacionados a las malas condiciones de trabajo para el ejercicio profesional y su repercusión en la aplicación de esta nueva ley”. “Pedimos que ustedes tomen este contexto como referencia para la aplicabilidad de las leyes; Nuestro país carece de un sistema de salud”, agregó. No obstante lo cual indicó que “no dejaremos de efectuar lo que corresponda entendiendo a los compañeros y compañeras que hagan uso de la objeción de conciencia”.

A su turno, el especialista en derecho constitucional Andrés Gil Domínguez afirmó que “el proyecto que recibió media sanción de la Cámara de Diputados no ofrece ningún tipo de objeción constitucional ni convencional”, que “tampoco viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el federalismo ni el derecho público provincial”, y que “tampoco conculca la objeción de conciencia, ni la individual ni la institucional”.

A continuación, el abogado constitucionalista Alberto García Lema instó a “diferenciar el tema constitucional del tema penal” y a recordar que “la incorporación de los tratados internacionales deben estar de acuerdo con los principios de derecho público establecidos en la Constitución”. “El principio de que la persona nace con la concepción tiene antecedentes en el derecho público, federal, antes de la reforma de 1994 y fue seguido en forma posterior por varias provincias”, continuó, para luego agregar que “la Convención que se refiere a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer no contiene ningún principio especifico relativo al derecho a practicarse un aborto”.

Por el contrario, la abogada y Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi, reseñó que el proyecto con media sanción “establece un derecho al aborto que ya está en el artículo 86 del Código Penal” y que “sistematiza otras normas que ya están en nuestro ordenamiento jurídico brindando certezas a los profesionales de la salud, a las instituciones del Estado y a las mujeres”. “La cuestión es pasar de un régimen concentrado en causales a uno que incorpora además un plazo de catorce semanas sin dar razones respecto de los motivos de llevar a cabo la interrupción”, concluyó.

A continuación, el doctor en Derecho y en Ciencias Jurídicas y Sociales Néstor Sagües advirtió que “las prescripciones constitucionales y convencionales han sido vaciadas o desmontadas o se las intenta disolver”, y recordó que “la Constitución Nacional no habla de feto ni de persona por nacer sino de niño”. “El tema es si puede constituir excepción a esa protección a la vida la decisión unilateral de la madre sin motivo expresado para concluir con la vida del niño en cuestión”, resumió, y manifestó: “Entiendo que esa excepción es arbitraria e insuficiente para privar de la vida al niño”. Asimismo, consideró que el proyecto de ley desconoce la ley 23.849 y el artículo 19 del Código Civil.

El abogado Juan Pablo Echevarría resaltó que “el proyecto crea y legaliza un supuesto derecho al aborto” que “es inconstitucional” desde el punto de vista de la Constitución, los tratados internacionales, y el Código Civil y Comercial.

Por otra parte, la abogada y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina Mariela Belski consideró que “a la hora de votar esta honorable Cámara debe tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que distintos organismos de protección y promoción de derechos humanos han hecho a la Argentina respecto de la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos mediante la despenalización y la legalización del aborto” y aclaró “obligación que hoy nuestro Estado está incumpliendo”. “Para Amnistía Internacional la forma de honrar los compromisos asumidos por el país es mediante la sanción de esta ley”, concluyó.

La siguiente oradora, la doctora en Derecho Daniela Heim subrayó que “la despenalización y legalización del aborto no afecta ningún derecho constitucional” y que “es una de las deudas más urgentes de saldar en nuestra democracia que eliminaría una de las últimas discriminaciones contra las mujeres”. Además, instó a tener presente “el principio de no regresividad en materia de derechos humanos” y la “autonomía y libertad sexual y reproductiva de las mujeres”. “Cuando hablamos de protección de derechos humanos y el derecho a la vida estamos hablando de conceptos que requieren un consenso político”, añadió.

El cirujano y director médico del Hospital Universitario Austral, Fernando Iudica sostuvo que “el aborto no es la solución a los graves problemas que plantean para la mujer los embarazos no deseados” sino que “es una eliminación del ser humano obligando a todo médico y profesional de salud, coaccionándolos”. También consideró que se trata “de manera muy restrictiva la objeción de conciencia” y que se realiza una “amenaza penal para los profesionales”. “A la fecha, más de 35 hospitales y clínicas de todo el país hemos planteado la libertad de no hacer abortos”, remarcó.

A continuación, continúan exponiendo los otros doce especialistas que siguen en la lista de expositores prevista para el día de hoy.

CIERRE DE LA SEGUNDA JORNADA DEL DEBATE POR LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN EL SENADO

La doctora en ciencias jurídicas y secretaria general de la International Society of Family Law, Ursula Basset, sostuvo que “el proyecto de aborto no protege a la mujer vulnerable. Está pensado para un modelo de mujer libre de tomar decisiones. Que tiene capacidad cultural para manejarse en estas condiciones y que está libre de presiones, que puede decidir en libertad”.

Basset consideró que el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados, “no se refiere a quienes no tienen a nadie que las ayude. Las deja solas. Tampoco acompaña a las que tienen dudas y presiones”. La doctora en derecho concluyó que la iniciativa en análisis en el Senado “es un proyecto para mujeres de clase media urbana y libres”.

El senador por Catamarca Dalmacio Mera, le preguntó qué puertas judiciales, civiles o penales puede abrir el hecho de que una mujer pueda decidir abortar sin el consentimiento de su pareja. “Esta ley es un grave golpe a la co-parentalidad. Esta ley dejaría el tema en una decisión privada de la mujer sin que el hombre tenga nada que ver. Una mujer puede darle muerte a su hijo sin darle participación al padre”, respondió la doctora Basset.

El siguiente orador fue Alejandro Pérez Hualde, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. “Considero que el proyecto, tal como está planteado hasta este momento, va en contra del control de constitucionalidad”, afirmó el abogado.

Pérez Hualde consideró que en un contexto “en el que todo se judicializa, y con un control de constitucionalidad difuso como el que tenemos en nuestro país, la ley debería ser muy clara. Debería distinguir entre lo penal y la libertad de la mujer”. Concluyó que “el tema de la despenalización debería ser tratado de otra manera y en otra discusión”.

A continuación hizo uso de la palabra el médico especialista en medicina general y familiar y secretario de Salud Pública de Rosario, Leonardo Caruana, quien comenzó en señalar que hablaría desde su experiencia “de un sistema de salud que avanza en derechos, autonomía y democracia”.

En los minutos de su exposición detalló la política sanitaria que se implementó en Rosario a partir de la construcción de centros de salud cercanos a los barrios. En este punto señaló que “hemos tenido una disminución drástica por muertes por caso de aborto. En los últimos cinco años no hemos tenido un aumento de la práctica de disminución legal del embarazo”. Destacó también la experiencia de gestión de su equipo y concluyó que “a nosotros nos tocó gobernar. Y gobernar y gestionar es abordar problemas. Así podemos mostrar el descenso de la mortalidad infantil.

La senadora por Salta, María Cristina Fiore Viñuales le preguntó por el uso del Misoprostol y si éste medicamento era un tratamiento invasivo o no invasivo. El doctor Caruana respondió que a partir de la experiencia rosarina “en el 95 % de los casos ha sido un tratamiento sin complicaciones. Estamos hablando de una aplicación segura”.

El abogado constitucionalista, Ricardo Gil Lavedra fue el siguiente orador. Al referirse a la media sanción que aprobó Diputados y que se encuentra en revisión en el Senado, el ex ministro señaló que “el proyecto no promueve abortos”.

Gil Lavedra afirmó que “el mantenimiento del estado actual de cosas, que se daría si el proyecto de Diputados es rechazado, causaría serias lesiones a algunos de los derechos básicos de las mujeres”. En este punto, el abogado constitucionalista consideró que “no hay derechos absolutos. El código penal de 1921 trata diferente a la persona que al embrión. No estamos frente al homicidio de una persona. Lo trata distinto porque son distintos”. Recordó también que “tampoco hay un aborto culposo como hay en el homicidio. Se lo considera de modo distinto porque hay una ponderación de bienes del embrión que tiene derecho a la vida pero con un derecho que se va incrementando a medida que crece”.

Ante una pregunta de la senadora por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, Gil Lavedra respondió que en su opinión “hay que mantener la punibilidad del aborto, exceptuando el aborto temprano. Esto es una decisión del legislador. Si no hace uso de esa opción hay que proteger la vida. ¿Qué pasa en estos momentos? Esta criminalización ha fracasado. Ha fracasado la salud pública en este tema también.

Irene Sheimberg, médica especialista en patología placentaria, fetal, perinatal y pediátrica, fue la siguiente expositora. Habló desde su experiencia de 30 años en Inglaterra. Comenzó informando que “en Inglaterra el aborto es legal hasta las 24 semanas desde 1967 con el consentimiento de dos médicos. Ahora los ingleses están discutiendo el tema para que se la saque del código penal y pueda realizarse a partir de la semana 14 sin el consentimiento médico”. Señaló que en la experiencia de Inglaterra “la tasa de aborto es bastante estable y que hay pasos estrictos para cumplir. Por ejemplo, si hay caso de peligro de la madre no se puede alegar objeción de conciencia para no hacerlo”.

La doctora Sheimberg comentó que “en la Argentina hay 43 muertes por causas de aborto en un año, mientras que en Inglaterra hay 2 muertes cada 5 años”. Concluyó su exposición diciendo que “extracción de amígdalas es más peligrosa que un aborto”.

A continuación habló la historiadora Dora Barrancos. Consideró que el “aborto es un derecho fundamental a la autodeterminación sobre nuestros cuerpos”. En este punto subrayó que “el Estado le debe devolver a las mujeres la plenitud del goce sexual, del deseo sexual y una plenitud de la sexualidad equivalente a la de los varones”.

La siguiente oradora fue la médica Zemira Bottini de Rey, Vicepresidenta del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA. Consideró que “el hijo en gestación no es parte del cuerpo de la mujer, solo reside en su cuerpo y durante cierto tiempo. Otorgar un valor distinto a la vida de seres humanos por la etapa del desarrollo que transitan constituye una discriminación injusta”.

La doctora Bottini de Rey sostuvo que “esta ley tiene graves consecuencias para los médicos y para el libre ejercicio de su profesión”.

La senadora por Mendoza Pamela Verasay se diferenció de la ponencia de Bottini de Rey cuando señaló: “Usted habló de que esta ley promueve la eliminación de seres humanos. No puedo quedarme en silencio porque todos defendemos la vida”. La senadora mendocina preguntó si “consideraba que el aborto era un tema de salud pública; si era una causa de muerte evitable y si la mujer debería ser penada por recurrir al aborto”.

Bottini de Rey respondió que “toda muerte es un tema de salud pública y tiene que ser considerado dentro de una política de salud pública”. También consideró que “el aborto es evitable ya que la mujer es la segunda víctima del aborto”.

A continuación expuso el director del Laboratorio de Biología del Desarrollo del Hospital Austral, Jorge Aquino. Al hablar del proyecto en debate afirmó que “con esta ley nos obligamos a causar la muerte de niños de hasta 15 semanas de vida por pedido de la gestante, con dinero de las provincias, aunque la mayor parte de las mujeres que abortan tienen recursos para afrontar esos gastos”.

El titular del laboratorio del Hospital Austral concluyó que “de aprobarse este proyecto es esperable que surjan actos de desobediencia civil y abunden solicitudes de amparos judiciales por parte de ciudadanos que vean avasallados sus derechos”.

El siguiente orador fue el abogado constitucionalista Gregorio Badeni. Destacó que “en nuestro ordenamiento jurídico nos guste o no nos guste la vida empieza en el momento de la concepción y en ese momento existe un niño y no un embrión”.

Badeni concluyó su presentación diciendo que “el tema plantea interrogantes pero debemos tratar de resolverlos empíricamente y no en función de una ideología ni en función de un dogma”.

El anteúltimo orador de la jornada fue el abogado Leonardo Pitlevnik especialista en derecho penal por la Universidad de Salamanca. Consideró que no se trata de “perseguir a las mujeres que ponen en riesgo su vida por abortos clandestinos”. Para el abogado, el proyecto en debate “viene a quebrar la lógica persecutoria”. Así fue que sostuvo que “la ley en discusión reconocerá a la mujer en una decisión que es personal, traumática y difícil con el derecho de un estado que no la obligue a ocultarse y la acompañe”.

La última exposición fue la de la doctora en Derecho de la Universidad de Mendoza, Aída Kemermajer de Carlucci. La especialista en derecho, comenzó afirmando que el proyecto en cuestión “es un tema de salud pública que compromete derechos humanos y la Argentina debe responder internacionalmente cuando los viola, y nuestro país ya fue denunciado ante el sistema interamericano de derechos humanos”. En este punto Kemermajer de Carlucci destacó que “la Corte Interamericana ha distinguido perfectamente “vida” de “persona”. Y en el propio Código Civil ya desde Dalmacio Vélez Sarsfield hay una norma que dice que esa persona está sometida a una condición resolutoria: que nazca con vida”.

Finalizó su presentación citando al médico René Favaloro cuando dijo que “los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto”.

Luego de la última invitada, el Plenario de Comisiones pasó a cuarto intermedio hasta el martes 17 a las 14 horas.

Fuente: Prensa Senado


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