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¿Sesiones extraordinarias contra la Corte Suprema de Justicia?

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El Gobierno debe recapacitar y advertir que con la confrontación permanente sólo logrará mayor confrontación.

Hace unos pocos años, Alberto Fernández defendía a voz en cuello la independencia del poder judicial federal. Hoy, hace todos los esfuerzos a su alcance para mancillarla.

¿Qué ocurrió en el ínterin para que se produjera semejante giro copernicano? Es difícil saberlo realmente. Pero no es un dato menor que haya sido ungido candidato a presidente por Cristina Kirchner (hoy, su vicepresidenta), quien, junto con otros ex funcionarios de su gobierno, estaba (y está) involucrada en causas penales en la Justicia federal.

En esta nueva versión de sí mismo, siendo ya Presidente de la Nación, intentó aumentar al doble la Justicia federal en lo penal de la Capital (donde se litigan las causas de corrupción de los funcionarios públicos). Su intento, como era razonable que ocurriera, fracasó.

Coetáneamente conformó una comisión para que lo asesorara acerca del funcionamiento de la Corte Suprema. La comisión, fue presidida por quien fuera y es el abogado de la Vicepresidenta, Dr. Carlos Beraldi. En su momento las variadas y poco unánimes conclusiones de esa comisión no tuvieron consecuencias.

Ahora, por un lado, el Presidente habilitó las sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el proyecto de su partido sobre la ampliación de la Corte Suprema, el cual ya tiene media sanción legislativa. Por el otro, instruyó a sus diputados/as para que presentaran el pedido juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, cosa que hicieron.

El proyecto de reforma del alto tribunal, ampliándolo de 5 a 15 miembros (originariamente eran 25) es un salto al vacío: jamás la Corte Suprema estuvo integrada por 15 miembros. Cuando en los ’90 se la amplió a nueve, la Corte no ganó en ciencia ni en eficiencia y se cuestionó severamente su independencia. Terminó con un juicio político a algunos de sus integrantes. Pero recordemos algunos otros antecedentes más edificantes.

La Corte Suprema es el tribunal federal más alto del país y tiene entre sus funciones, ser el intérprete final de muchas cuestiones constitucionales de gran trascendencia. Es clave que ella sea y sea percibida por la mayoría de la población como un órgano imparcial, más allá de las críticas que seguramente se le puedan formular.

Originariamente, la ley 48, que reguló su integración y funcionamiento, no representó una visión facciosa de parte del Congreso sino que fue fruto de un gran acuerdo alcanzado entre las principales fuerzas políticas del país en base a un proyecto de ley que había elaborado la propia Corte Suprema.

En 1864, a dos meses de su instalación, la Corte invalidó un decreto de Mitre y tiempo después hizo lo mismo con otra de sus medidas. Mitre no discutió esas decisiones; no se le ocurrió adjudicar esos resultados a que los miembros del Tribunal que él había seleccionado de entre destacados juristas simpatizantes de las fuerzas políticas opositoras a la suya habían actuado con parcialidad o favoreciendo intereses non sanctos (y téngase en cuenta que por entonces no se ahorraban epítetos en política).

Por el contrario, en ambas situaciones, el primer magistrado de la nación, dando el ejemplo, actuó conforme la Corte indicó que debía hacerse. La imparcialidad de la Corte no fue puesta en duda y así se fue consolidando la confianza pública en el Tribunal.

Actualmente nos hallamos en la situación opuesta: en numerosas oportunidades el Presidente o miembros de su partido han denostado a los jueces del alto tribunal; la iniciativa presidencial de ampliar la Corte es fruto de la voluntad exclusiva del partido gobernante, ella no fue consensuada con las fuerzas de la oposición y no se le pidió opinión a la Corte Suprema. Este proyecto fue luego modificado en parte en el Senado, por integrantes de su propio partido y fue aprobado por 36 votos, contra 33.

Es evidente entonces que, frente a una situación semejante, Fernández no sigue el buen ejemplo de Mitre ni el de los políticos de esa época. Ni siquiera lo detiene el hecho que tres de los cuatro integrantes actuales de la Corte provienen de las filas de su propio partido. Estos antecedentes y la resistencia de la mayoría del cuadro opositor debieran persuadirlo.

Pretender elevar el número de miembros de la Corte de 5 a 15, como se propone, es un despropósito. La elevación del número tiene consecuencias operativas, legislativas y políticas.

La reforma no busca corregir defectos de funcionamiento, aprovechando las experiencias del pasado y la opinión de los juristas que se han encargado de estudiar esos temas. No.

Se persigue, por una parte, desembarazarse de la Corte actual, pues ha dado muestras de independencia que el Gobierno no tolera. Por la otra, crear en su lugar un nuevo tipo de tribunal que, de lograrse, vaya a saber en qué pantomima judicial desencadena.

Se prevé que ese nuevo tribunal incluiría a los cuatro ministros actuales. Pero, si prosperara el pedido de juicio político que un grupo de diputados/as oficialistas ha realizado paralelamente, lo que en realidad se estaría persiguiendo es instaurar íntegramente una nueva Corte Suprema, triplicada en su tamaño actual. Lanzados a este objetivo parecen estar dispuestos a echar mano de cualquier recurso disponible.

Nuestra sociedad ha generado suficientes anticuerpos para resistir este embate. pero el Gobierno debe recapacitar y advertir que con la confrontación permanente sólo logrará mayor confrontación y, no está demás decirlo, vivir en semejante zozobra (aunque el entorno le diga lo contrario) no le hace bien a nadie y alimenta sentimientos hostiles ingobernables en propios y extraños que urgen ser apaciguados, antes de que sea tarde.

Alberto F. Garay es abogado constitucionalista


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