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Sin el apoyo opositor consiguió dictamen de mayoría al «Aporte Solidario Extraordinario». ¿Cómo continúa el camino del Proyecto?

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Al cierre de la pasada semana la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas, con el respaldo del Frente de Todos y bloques provinciales, y pese al rechazo de Juntos por el Cambio.

El dictamen de mayoría emitido consiguió el respaldo de 27 firmas que fueron cosechadas por el Frente de Todos, Córdoba Federal, y el Frente de la Concordia de Misiones, sentando las  condiciones para ser tratado en una sesión del cuerpo.

El texto final que se aprobó, tras una serie de debates, contiene dos modificaciones importantes respecto al proyecto original. La primera es que se aplicara sobre el patrimonio a partir de su promulgación y no con fecha al 31 de diciembre de 2019.

De esta manera, según lo que indica en su artículo primero, el aporte «obligatorio», con carácter de «emergencia y por única vez», recaerá sobre las personas con más de $200 millones “según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley».

El otro cambio consistió en que finalmente no serán alcanzados por el impuesto los no residentes en el país pero con tenencia de, por ejemplo, acciones por más de $200 millones.

Según se establece en el proyecto y de acuerdo a lo que definieron tanto oficialismo como oposición, lo recaudado con el impuesto se destinará de la siguiente manera: 25% irá a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural; 20% para la compra y/o elaboración de equipamiento médico; 20% a subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; y 20% para el programa integral de becas Progresar; 15% para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

De esta forma, el proyecto que establece un pago por única vez a las personas que tengan un patrimonio superior a los 200 millones de pesos con el fin de recaudar unos 3.000 mil millones, ya estará en condiciones de ser tratado en una sesión del cuerpo.

También informó que no se aplicará a las empresas multinacionales que tienen domicilio en sus países.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, explicó que para calcular el patrimonio de la persona física no se tomará la declaración de bienes presentada de diciembre de 2019, sino desde la fecha de promulgación de la ley para «evitar planteos de retroactividad».

En ese sentido, el legislador oficialista destacó que se «modificó el criterio de la fecha de aplicación del cálculo para determinar el valor del aporte», que se había fijado el 31 de diciembre y se llevó «a la fecha de promulgación de la presente ley».

Por su parte el diputado cordobés Paulo Cassineiro respaldó el proyecto, pero señaló su preocupación por considerar que «existe una desventaja para los empresarios nacionales que generan trabajo, que lo tendrán que pagar, y no aquellas multinacionales con residencia fuera del país» y preguntó «si no había posibilidades de que no paguen por sus acciones».

La alianza clave para el voto definitivo

Una vez que llegue al recinto para ser tratado, será fundamental para su aprobación el apoyo de los cuatro diputados de Córdoba y de tres legisladores del Frente e Concordia, a los que se sumarán tres de Unidad Federal para el Desarrollo, 1 de Juntos por Río Negro y el monobloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

De esta manera los apoyos de estos bloques son fundamentales porque, por tratarse de una ley impositiva, requiere de 129 votos (la mitad más uno del total), lo que supera el volumen de avales propios del Frente de Todos, que cuenta con 117 diputados en condiciones de votar.

Además, también podrían votar a favor el bloque de Consenso Federal, dos del Partido Justicialista (PJ) y los dos socialistas que forman parte del Interbloque Federal, dijeron fuentes parlamentarias.

¿Cuándo será tratado el Proyecto?

El Frente de Todos de la Cámara de Diputados definirá en los próximos días si el proyecto para establecer el Aporte Solidario a las grandes fortunas será debatido junto al Presupuesto 2021 a mediados de octubre, a partir de un pedido de Juntos por el Cambio para que ambas iniciativas sean discutidas en una sesión presencial, informaron fuentes parlamentarias.

Por lo pronto esta semana avanzará en el análisis del proyecto de Presupuesto 2021, para el que expondrán tres funcionarios del equipo económico, y luego comenzará el debate entre los legisladores previo a la emisión del dictamen, previsto en la segunda quincena de octubre.

Fuentes parlamentarias señalaron que aún no está definida la fecha de tratamiento del proyecto de Aporte Solidario y señalaron que como Juntos por el Cambio pide realizar una sesión presencial para evaluar esa iniciativa y el Presupuesto, los dictámenes podrían ser tratados en una sola sesión presencial.

Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa

El bloque oficialista en tanto presentó un dictamen de minoría que reunió 22 firmas.

El informe presentado argumenta que “el rechazo a la propuesta del partido de gobierno efectuada a través de sus legisladores, responde a fundamentos constitucionales atento a ciertos vicios en el diseño del proyecto; a fundamentos fiscales y extrafiscales en consideración al efecto distorsivo que supone el potencial de erosión patrimonial a los sujetos comprendidos y a resultados económicos no deseados que atentan precisamente con la necesidad de avanzar hacia una verdadera política de equidad fiscal; pero sobre todo a un enfoque absolutamente distinto de cómo construir ciudadanía fiscal y equidad en el contexto extraordinario que atraviesa el país”.

Además considera que “Argentina deberá decidir si se mantiene en la senda de la improvisación fiscal, la falta de programación económica y el asedio a las empresas, o si por el contrario se decide a construir un sistema inclusivo y sostenible sobre la base de una fiscalidad previsible y clara que valore y respete el esfuerzo de los ciudadanos y sus bienes legítimamente habidos”.

También se preguntan si el Proyecto de Ley se trata de un “Impuesto” o un “Tributo” y razonan que la denominación “aporte extraordinario” intenta “privar a la obligación de su naturaleza tributaria, con el fin de dejar a esta obligación al margen de las garantías y principios constitucionales que imperan en la materia (reserva de ley, no confiscatoriedad, irretroactividad, etc.)” y sostienen que La Corte Suprema de Justicia establece “lo que una cosa o instituto jurídico es, deviene de la realidad, de su sustancia y no del nombre que le asigne el legislador. El nomen juris resulta intrascendente a la esencia. En este sentido la CSJN ha hecho prevalecer la realidad al nombre en Fallos 286:67, 318:676, entre muchos otros”.

El escrito sostiene que, de aprobarse el proyecto, “varias garantías y derechos constitucionales” sean “susceptibles de ser violadas” lo que desencadenarían en la “inconstitucionalidad del impuesto”. Esto se afirma desde la consideración de factibles “abusos que puede provocar el Estado atento su facultad de crear tributos en forma unilateral a través del Poder Legislativo”.

Sobre el final determinan que si bien es “cierto que las urgencias fiscales son mayúsculas” la posible “perdidas de ingresos tributarios” que pueden acontecer atentan a “la destrucción de la actividad económica”.

“Una vez que la producción y el empleo se recupere, también crecerá la recaudación. Cuando llegue esa instancia, se necesitará que haya condiciones para la inversión y reconstrucción de las empresas y de la producción. No se puede distraer la atención de este objetivo” sentencian.

El Informe de AFIP

Un informe que Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó el pasado lunes en la comisión, establece que se prevé recaudar $307.000 millones (1,1% del PBI del corriente año), lo que alcanzaría a un universo potencial de 9.298 personas.

De ese total, 7.438 ya presentaron sus declaraciones juradas de Bienes Personales y otros 1.860 todavía no lo hicieron, declara el informe de AFIP.

“Los datos disponibles al 18 de septiembre de 2020 muestran que 888.631 personas humanas y sucesiones indivisas presentaron este año sus declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2019. Los bienes y activos totales declarados por dichos contribuyentes están valuados en $15,7 billones” asegura el escrito.

El Dictamen de Mayoría

El Dictamen de Minoría

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