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suenan las campanas de la guerra por el agua

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Para comprender como se llegó a este punto, siempre es necesario adentrarse en una historia que nos permita delinear las piedras basales que nos trajeron hasta aquí. En este sentido, en los últimos tres siglos se aceleró la despoblación de las áreas rurales, en contraposición con un incremento sostenido de habitantes en grandes urbes, cuyos habitantes han sido voraces consumidores de recursos y energía. Una dinámica que ha generado una crisis ecológica planetaria sin precedentes, basada en un modelo de producción que tiende hacia la acumulación infinita, pero con insumos – los bienes de la Tierra – que son eminentemente finitos.

Debemos entonces comprender al agua como un elemento no sólo natural sino social, lo que nos permite demostrar que su distribución, escasez, contaminación, propiedad y uso son productos sociales que surgen de contextos particulares y que sirven a fines de poder específicos que, indefectiblemente y dado el contexto actual en que vivimos, deben ser, al menos, cuestionados. La explotación excesiva de este recurso por el sector primario, la industria y el consumo humano, así como el cambio climático y la contaminación, han llevado a que sea cada vez más escaso (donde ya 2/3 de la población global sufre algún tipo de limitación para su acceso) y, por ende, volátilmente tentador para propios y extraños: productores, especuladores, Estados. Es que desde un punto de vista centralizador, el agua es conlleva intrínsecamente un ideal para los potenciales inversores: a diferencia por ejemplo del petróleo (la energía solar y eólica ya se desarrollan como fuentes alternas de energía) u otros commodities, no solo es finito y no intercambiable por otros productos (como podríamos alimentarnos con pescado si hay faltante de carne), sino que, inevitablemente, todos la necesitamos para sobrevivir.

Pozo de agua

Ante el escenario descripto, su ingreso a los mercados de futuros ya ha generado apoyos explícitos. Por un lado, los agricultores apoyan la idea indicando que el mercado de futuros puede protegerlos contra precios de agua que pudieran crecer intempestivamente, con efectos enormemente negativos en su industria (cabe destacar que la demanda de agua para irrigar cultivos aumentó más del 100% en el último medio siglo). Por otro lado, están quienes observan este escenario como un paso más en el proceso de privatización del agua, donde conceptos como ‘éxito’, ‘productividad’ o ‘eficiencia’ también se encuentran asociados al rol de los mercados financieros.

Otros afirman que nada le hace ‘una mancha más al tigre’. Es que indirectamente, el agua como producto bursátil ya se transacciona a través de por ejemplo la minería, un sector que requiere ingentes cantidades del recurso hídrico (mayoritariamente sin ningún tipo de control o fiscalización) para desarrollar sus negocios. Finalmente se encuentra de parabienes el mundillo de la especulación financiera, dominante en las últimas décadas de globalización neoliberal: una variable mayúscula como el agua, embebida en un escenario –sin salida- de números y estadísticas que se entremezclan con otros productos en lúgubres bolsas del mundo, donde la búsqueda de rentabilidad es el per se; lejos, muy lejos, de los ‘mimos’ y el cuidado que debería tener uno de los activos más preciados para cualquier ser humano.

Como contraparte se encuentran aquellos que, desde hace décadas, piden a gritos cambiar y profundizar el eje de la discusión. Solo para citar un ejemplo, el 97% del agua del mundo es salada. Pero las plantas desalinadoras, responsables de convertirla en agua potable, aun son muy costosas para muchos gobiernos del mundo que no tienen los recursos financieros para construirlas. Los resultados se encuentran a la vista: millones de habitantes de los países menos desarrollados, la mayoría niños, mueren todos los años de enfermedades asociadas con la falta de agua potable, el saneamiento inadecuado y la magra higiene personal. Más aún, casi la mitad de los habitantes de los países en desarrollo sufren enfermedades provocadas, directa o indirectamente, por el consumo de agua contaminada o por los organismos causantes de enfermedades que se desarrollan en el agua. En definitiva, ocurre algo similar que con el COVD-19 y el proceso de vacunación diferenciado en términos de gestión distributiva y temporal, entre los diversos Estados y sus respectivas poblaciones: con la falta de agua en cantidad y calidad, primero seguramente morirán los pobres dentro de los países pobres, bajo un proceso socio-económico darwinista que al día de hoy ya está haciendo estragos en diversas geografías de la tierra.

Por otro lado, se encuentran quienes observan al nuevo índice como parte de un proceso mayúsculo de especulación financiera. Como sostiene el economista y diputado del FIT, Gastón Remy: “El lanzamiento de un índice precios del agua dulce, elemento vital para la autopreservación de la especie humana, anticipa una nueva ofensiva del capital financiero sobre la gestión (y especulación) de este recurso sobreexplotado y relativamente limitado”. Y aquí también entran en juego los procesos de reforma del Estado que se han dado de manera creciente en distintas partes del mundo en el último medio siglo: el rol de los ejecutores gubernamentales quedó modificado considerablemente, pasando de ser los proveedores de servicios básicos y estratégicos (como es el caso del agua), a ser meros ‘facilitadores por excelencia’ de la privatización de dichos servicios. Una muestra más de cómo el neoliberalismo le puso un coto, un cerrojo más, al languideciente Estado de Bienestar.

Justamente en relación a la estatalidad, otros académicos describen el deseo compulsivo de privatizar todo lo que se pueda, en el menor tiempo posible, con el fin de incrementar la Inversión Extranjera Directa, con la consecuente discursiva en pos de la generación de empleo y la dinamización de los mercados internos. ¿La respuesta contra fáctica? Uno de los mecanismos más efectivos de transferencia de capitales de la otrora denominada ‘periferia’ al ‘centro’. Obviando el endeudamiento gubernamental con los bancos de crédito internacional para hacer la ‘puesta a punto’ de la infraestructura previo a la privatización, los apoyos financieros a las operadoras privadas en forma de subsidios/exenciones en el pago de impuestos, o mismo las concesiones que suelen estar plagadas de falta de transparencia, favoritismos, arbitrariedades y corrupción, tenemos que la geopolítica juega un rol fundamental tanto en relación a una siempre presente ‘teoría de la dependencia’, como así también desde la transitividad vertical que se traslada raudamente desde la macro-diplomacia hacia la dinámica social local.

En cuanto a lo primero, los gobiernos de los países periféricos, clientes incondicionales de las grandes potencias, han accedido desde una posición de clara debilidad a la concretización de los procesos de mercantilización y extranjerización – incluidos los recursos hídricos-, sin advertir el peligro que ello puede representar para su soberanía. Solo pensemos en nuestro país: compartimos con nuestros socios del Mercosur uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del mundo, el acuífero Guaraní, el cual ocupa alrededor de 1.190.000 kilómetros cuadrados (para que tengamos una idea, son las superficies de España, Francia y Portugal juntas). Si tenemos entonces en cuenta que nuestros dos mayores financiadores (Estados Unidos y China), son además las dos principales potencias del mundo y consumidores de agua, el tratamiento y análisis de la temática no es un hecho menor para nuestros funcionarios gubernamentales.

En tanto a sus efectos en el escenario doméstico, la evidencia empírica demuestra que la venta del recurso al foráneo también puede ser peligrosa: en Cochabamba, Bolivia, los servicios de agua y saneamiento fueron privatizados en el año 1999 mediante una concesión a la empresa Aguas del Tunari. Luego de efectuado el traspaso, una de las primeras decisiones de la compañía fue elevar las tarifas un 35% promedio. A pesar de que el incremento supuestamente estaba orientado a los usuarios de mayores ingresos, en la práctica los más afectados fueron los sectores pobres, ya que la tarifa básica pasó a representar el 22% del salario mínimo. Éste fue uno de los elementos detonantes de la movilización social en marzo de 2000 –con un saldo de 6 personas muertas y 175 heridas-, que resultaría posteriormente en la renuncia del gabinete nacional y en la cancelación del contrato de privatización.

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Para concluir, para salvar la grieta –una más y van- que ha generado el nuevo índice bursátil, se deben acordar algunos puntos en común. Todos entendemos que para que el agua llegue a la población de manera potable y fresca tiene que pasar por todo un proceso de producción y logística que exige enormes inversiones y financiamiento. Ahora bien, ello no se debería contraponer con el comprender el valor estratégico económico, social y ambiental del recurso hídrico. No es posible que usuarios de agua deban ser convertidos exclusivamente en consumidores, como así tampoco que los tenedores de derechos sean considerados meros clientes.

El agua no es un bien gratuito y una fuente de riqueza ilimitada que sólo encuentra sus fronteras reales en el nivel desarrollo científico-tecnológico correspondiente a cada época. El pensarlo de este modo solo ha potenciado su sobreexplotación, contaminación, y agotamiento por el uso que se hace del mismo bajo un sistema de producción y consumo donde prima, largamente, el proceso de acumulación de capital. El mismo que solo se ha sostenido con mecanismos discursivos falsos e insulsos, donde desde el anárquico y ‘falto de poder real’ sistema de mancomunidad global, se rasgan las vestiduras con palabras como ‘conservación’ o ‘protección’. Solo debemos recordar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo (UNCED) del año 1992, donde se propició al agua como un asunto de interés prioritario, tanto a escala local como global. O mismo el reciente informe de la ONU, que ha propuesto para el año 2030 el acceso universal, equitativo y asequible a agua potable segura y saneamiento. ¿La realidad? El interés colectivo de la humanidad pisoteado, una vez más, por las elites concentradas.

Puede ser entonces que haya llegado el tiempo de cambiar la racionalidad. Nuestro ético deber humano común de solidaridad inter-clase e inter-generacional debe abocarse al mejor y más racional aprovechamiento del agua potable y potabilizable aún disponible. Y si vamos a continuar en un mundo de privilegios e intereses sectoriales, donde la capacidad de moldear un mejor futuro colectivo se encuentra encorsetado bajo el poder de coerción de unos pocos, siempre es bueno recordar que el corto o mediano plazo puede ser peor: no sería ilógico que en ‘la guerra por el agua’, las tensiones sociales a nivel nacional e internacional escalen hasta un punto de no retorno. Y allí, probablemente, nadie se salve.

(*) Economista y Doctor en Relaciones Internacionales. Autor del Libro “La Sociedad Anestesiada. El sistema económico global bajo la óptica ciudadana.” Twitter:@KornblumPablo


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