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Los diputados del bloque del Frente de Todos hicieron formal la presentación del proyecto que propone iniciar juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández, y los gobernadores, que el Poder Ejecutivo incluyó en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.

El proyecto ya ingresó al Parlamento y espera que le asignen número de expediente. El período de sesiones extraordinarias se extenderá del 23 de enero al 28 de febrero.

En las últimas horas, el proyecto fue presentado por el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, junto a otros legisladores del bloque oficialista. El mismo consta de 410 páginas, y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal. Ellos son Horacio Rosatti, su presidente, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El objetivo de este llamado es que se presenten ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación.

También requiere la presentación de Silvio Robles, vocero del juez Rosatti, y de Marcelo D’Alessandro, ex ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño. De esta manera, el oficialismo intenta demostrar que hay connivencia política entre la Corte Suprema y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, el documento pide que se convoque a los gobernadores que suscribieron, junto al presidente Alberto Fernández, el pedido de enjuiciamiento a la Corte. También la presentación de procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, entre otros.

Por su parte, el proyecto pide que sean citados también “todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados”. En total son 48 testigos.

Dentro de los fundamentos, la iniciativa indica que “el juicio político que se promueve resulta ser un proceso constitucional llevado a cabo por un órgano constitucional (el Congreso de la Nación) con una función específica y exclusiva, tal como es la de analizar la responsabilidad política de los magistrados acusados y juzgar si aún mantienen la idoneidad necesaria para continuar ejerciendo adecuadamente el cargo que detentan, y de esta forma garantizar la calidad institucional, la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial”.

El proyecto asegura que “el proceso que se promueve tiene por finalidad proteger el principio constitucional de idoneidad –tanto técnica como ética– de los magistrados en el desempeño de su cargo, característica que debe permanecer durante todo su ejercicio y que, como tal, y atento a las causales admitidas, abarca no sólo los supuestos de mal desempeño en el ejercicio de la función, sino también aquellos desórdenes de conducta que afectan la investidura personal del magistrado y extienden la afectación a toda la magistratura judicial”.

El proyecto:  6905-D-2022 Juicio Político CSJN

 


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