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Tras el canje de deuda, quedan en noviembre vencimientos por $420.000 millones

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Aunque el Tesoro esté pagando tasas bastante por encima de la inflación anual, expertos consideran que con ello trata de descomprimir el stock de pasivos remunerados del Banco Central, tratando de atraer a los bancos. Por otro lado, procura ir pasando deuda ajustable por inflación o por el valor dólar oficial a instrumentos a tasas fijas para evitar algún descalabro en la cuentas del sector público en caso de un imprevisto con el tipo de cambio.

En principio, según datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), luego del canje de deuda de la semana pasada, el gobierno tiene que pagar el 23 de noviembre unos $120.000 millones de intereses de un bono del Tesoro (Bonte) 2027, cuya mayoría está entre entidades financieras ya que sirve para constituir encajes remunerados. Luego de ello, el 30 de noviembre vence el Bonte 2022 por casi $130.000 millones y una LEDE por $112.600 millones, entre los compromisos más importantes.

Un reporte de Ecolatina advierte al respecto que entre diciembre de 2019 y septiembre de 2022 la deuda pública bruta en situación de pago normal creció casi u$s60.000 millones, donde más del 94% del crecimiento corresponde a deuda en moneda nacional. “Buena parte se encuentra en unidades de cuenta indexada. De hecho, de los más de u$s55.000 millones que aumentó la deuda en moneda nacional, el 85% se explica por instrumentos ajustables por CER (u$s 47.000 millones), llevando su stock por encima del 15% del PIB, cuando a fines de 2019 se encontraba por debajo del 7%”, advierte Ecolatina.

Algunos analistas consideran que el nivel de aceptación del canje de la semana pasada (61%) fue aceptable, pero la consultora GMA Capital señaló otra cosa. “La aceptación final fue cercana al 60%, una cifra que no es favorable considerando que el 50% de los instrumentos elegibles estaba en manos de organismos públicos”, plantea GMA Capital. El informe privado considera que “el ingreso voluntario de los privados fue de apenas el 20%”.

Los bonos que se ofrecieron, en línea con la demanda del mercado, fueron los duales (que ajustan por inflación o por dólar oficial; lo que suba más) con fecha de pago que va entre junio y septiembre de 2023. “Vimos una muestra contundente de que el mercado está reticente a estirar los plazos en pesos por la suspicacia de lo que pueda ocurrir más allá de 2023”, dice la consultora poniendo un manto de dudas sobre la forma en que un gobierno de la actual oposición vaya a encarar el problema de la acumulación de compromisos en el corto plazo.

También MegaQm consideró que el nivel de aceptación del canje de la semana pasada por parte del sector privado fue de solo el 20%, marcando los problemas que tiene el Tesoro para estirar plazos. La administradora de fondos plantea que la explicación de ello está en el comportamiento de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) que están ajustando sus carteras a plazos cortos, entre 1 y 3 meses. Sostiene el reporte privado: “El spread diferencial que pagan los fondos de cobertura por sobre los instrumentos a tasa fija se ha acortado significativamente por dos factores: la suba de tasas de interés del BCRA, en especial las de corto plazo, ayudó a acortar esa brecha, junto con niveles de inflación que bajaron entre julio y septiembre. Las tasas de interés ya no son tan negativas en términos reales. Y la volatilidad del mercado ha generado que los activos más largos generen menor rendimiento por caída de precios”.


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