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Un nuevo proyecto de ley vuelve a amenazar la independencia judicial en Polonia

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Miles de personas han salido este miércoles a la calle en decenas de ciudades de Polonia para protestar contra la última iniciativa del Gobierno ultraconservador para reformar el sistema judicial. El partido Ley y Justicia (PiS) presentó la semana pasada en el Congreso un proyecto de ley que contempla el despido de los jueces si estos cuestionan la legitimidad de las reformas y los nombramientos judiciales. “Espero que la iniciativa frene la destrucción de nuestro sistema de Justicia”, afirmó hace unos días el líder ultracatólico del PiS, Jaroslaw Kaczynski, en una entrevista con la agencia de noticias polaca PAP. El partido defiende que su reforma es necesaria para hacer más eficiente el sistema. La Comisión Europea, que en octubre ya llevó al Ejecutivo polaco ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por el régimen disciplinario de los jueces, aseguró el lunes que estudiará si el nuevo texto socava la independencia del poder judicial.

La norma, que se debatirá este jueves en la Cámara baja, llega después de que el Supremo polaco declarase que la Sala Disciplinaria de dicha corte —formada exclusivamente por jueces seleccionados por el Consejo Nacional del Poder Judicial, que es elegido por un Parlamento con mayoría absoluta del PiS— no es independiente e instara a sus integrantes a dejar de emitir sentencias, informa France Presse. En noviembre el TJUE había establecido que correspondía a la justicia nacional determinar la imparcialidad de este órgano.

Małgorzata Szuleka, abogada de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, una organización con sede en Varsovia, considera que el principal problema de la nueva ley es que hace aún más estricta la responsabilidad disciplinaria de los jueces, que podrían ser penalizados por el contenido de sus decisiones o cualquier actividad política, que queda prohibida. “La norma también está diseñada para limitar la posibilidad y el derecho de los jueces de usar directamente la ley de la UE para verificar la independencia y el mandato legal de los jueces”, afirma a EL PAÍS por correo electrónico. “El proyecto de ley restringe el catálogo de sanciones. Un juez que, por ejemplo, cuestiona el estatus de otro, puede enfrentarse a multas financieras o despido”, incide de su lado la asociación.

Desde la llegada del PiS al poder en 2015, la reforma del sistema judicial ha enfrentado al Gobierno polaco con Bruselas, que considera las nuevas disposiciones contrarias al Estado de derecho. La justicia europea ya logró paralizar la norma que anticipaba la edad de jubilación de los magistrados del Supremo y obligó al Ejecutivo a readmitir a casi un tercio de ellos.

El pasado lunes, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, estableció que el sistema actual “deja a los jueces polacos cada vez más vulnerables al control político” e instó a las autoridades nacionales a “a enmendar los procedimientos disciplinarios aplicables a los jueces, para excluir cualquier potencial influencia indebida de los poderes ejecutivos”.

Polonia cuenta ahora mismo con un procedimiento de infracción abierto en Europa relativo al régimen disciplinario de los jueces. “Si la Comisión no actúa con celeridad y urgencia adoptando medidas cautelares, lo que va a suceder es que si se aprueba esta legislación, cuando vaya a resolverse el procedimiento de infracción, este versará sobre disposiciones de una ley que ya ha sido modificada”, señala Lydia Vicente Márquez, directora ejecutiva de Rights International Spain. La organización dedicada a la defensa de los derechos y las libertades civiles firmaba el pasado día 12, junto con medio centenar de organizaciones y académicos, una carta abierta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidiendo la adopción de medidas urgentes en este asunto.

Este martes, también el Tribunal Supremo alertó de los riesgos que entraña el nuevo proyecto de ley. “Las contradicciones entre el derecho polaco y el derecho de la UE con toda probabilidad llevarán a una intervención de las instituciones europeas por una infracción de sus tratados, y a largo plazo a la necesidad de abandonar la Unión Europea “, afirmó en un comunicado.

Tras la discusión en el Congreso, el proyecto de ley podría ser enviado esta misma semana al Senado, donde el Gobierno perdió la mayoría en las elecciones del pasado octubre. Aunque la Cámara alta carece de poder para bloquear la legislación, puede retrasar su adopción hasta 30 días, por lo que la nueva normal no quedaría aprobada hasta finales de enero.

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