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Von der Leyen da un giro y endurece el tono con Polonia | Internacional

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La tregua de Bruselas con Polonia empieza a naufragar. La Comisión Europea ha anunciado este martes que solicitará al Tribunal de Justicia europeo la suspensión cautelar del sistema disciplinario aplicado a los jueces polacos. El organismo comunitario teme que ese modelo ponga seriamente en peligro la independencia judicial en Polonia.

La petición de medidas cautelares inicia un giro en la política de apaciguamiento seguida hasta ahora por la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Aun así, la Comisión ha dado un perfil muy bajo al nuevo choque con Varsovia. Los comisarios evitaron comentar la decisión en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del organismo.

La propia presidenta evitó hacer comentarios previos al ser preguntada. Y la Comisión reconoce que la petición de paralizar la reforma solo llega después de que el propio Tribunal Supremo polaco dictaminará el pasado 5 de diciembre que la cámara disciplinaria establecida por el Gobierno no es independiente y no cumple con las normas europeas. Tras ese veredicto y las crecientes protestas de los magistrados polacos, Bruselas no ha tenido más remedio que dar casi por terminada la tregua.

Desde su elección en julio del año pasado, Von der Leyen había intentado sin demasiado éxito tender puentes hacia los Gobiernos de Polonia y Hungría que mantuvieron un serio enfrentamiento con el anterior presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker.

Von der Leyen pretendía iniciar una nueva relación con Varsovia y Budapest, dos capitales a las que debe en parte su nombramiento porque se opusieron a la candidatura del socialista Frans Timmermans y aceptaron el suyo.

La benevolencia de la presidenta de la Comisión había disparado las alarmas dentro y fuera de Polonia. El pasado sábado, cientos de jueces y abogados de toda Europa se manifestaron en Varsovia en solidaridad con sus colegas polacos y para pedir a Bruselas que redoblase la presión sobre el Gobierno del PiS, el partido controlado por Jaroslaw Kaczynski.

La Comisión, finalmente, se ha visto obligada a endurecer el tono. Y ha aprovechado un expediente ya en marcha para enviar una clara señal al Gobierno polaco de que el choque será inevitable si continúa con sus intentos de hacerse con el control político de los tribunales del país.

El expediente se inició en marzo del año pasado, cuando la Comisión pidió explicaciones a Varsovia por una reforma que somete a los jueces polacos, según Bruselas, a un régimen disciplinario con escaso derecho a la defensa y expuesto a la discrecionalidad del ministro de Justicia de turno. La Comisión ya denunció la reforma ante el tribunal europeo el pasado mes de octubre y pidió un procedimiento acelerado.

El equipo de Von der Leyen aprieta ahora un poco más las tuercas y solicita al tribunal que suspenda cautelarmente la reforma para evitar un daño irreparable a la independencia judicial en Polonia. El pasado mes de diciembre, académicos polacos y organizaciones no gubernamentales rogaron a la presidenta de la Comisión que cursase la petición de medidas cautelares.

Pero el organismo comunitario dudaba si dar el paso y solo la evolución de los acontecimientos en los últimos días le ha acabado forzando a endurecer el tono. El Gobierno polaco ha mantenido el desafío e incluso tramita ya en el Parlamento otra polémica reforma para intentar garantizarse un control aún mayor sobre el sistema judicial.

La táctica de apaciguamiento de Von der Leyen tampoco ha dado demasiados resultados con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, quien mantiene el enfrentamiento con la Comisión y con su propia familia política, el Partido Popular Europeo (PPE). Este martes, el Tribunal de Justicia europeo ha publicado un dictamen provisional en el que se aboga por declarar ilegales las restricciones impuestas por Hungría a la financiación de las organizaciones no gubernamentales.

La sentencia definitiva tardará unos meses en llegar. Pero el dictamen del Abogado General Manuel Campos Sánchez-Bordona ya apunta que la norma húngara supone “una injerencia injustificada en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada, a la protección de datos de carácter personal y a la libertad de asociación”.


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