La perla de Milei para conseguir US$ 16.000 M

No solo se trata de la eventual privatización, contra viento y marea, de Aerolíneas Argentinas, una joya casi personal en el sentimiento de parte del kirchnerismo. Otra gema del pasado ideológico de los grandes días de esa fuerza en el poder está silenciosamente en la mira de Javier Milei, para avanzar en su eventual privatización. O reprivatización. Se trata de parte del contenido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), donde hay acciones valiosas al máximo de empresas de mayoría privada, hoy en poder del Estado nacional luego de la nacionalización de las Administradoras de Jubilación y Pensión (AFJP) en tiempos del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Por ahora, y a diferencia de la empresa aerocomercial presa de los mandamases sindicales que parecen predicar con sus hechos más por la privatización que por el mantenimiento de la compañía bajo administración pública, el proyecto está bajo elaboración silenciosa. Y a la espera de que termine la primera ola privatizadora del gobierno de Javier Milei y que concentra a ocho sociedades: Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Se le podría sumar al listado la empresa de origen mendocino Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (Impsa), que se convertirá en días en la primera privatización del gobierno de Javier Milei, y lo que suceda en Aerolíneas y eventualmente el Correo Argentina. Para una segundo o tercera etapa, aparecen las acciones estatizadas de compañías privadas bajo tenencia minoritaria del Estado nacional a través del FGS, una repartición que por ahora sigue manejando la Anses, pero que está en la mira de Luis “Toto” Caputo desde el día en que asumió su gestión en el Palacio de hacienda.

Macri también había intentado avanzar sobre el FGS en busca de financiamiento de una suba en las jubilaciones

El último informe oficial sobre las tenencias del FGS data de diciembre de 2023, como salida de la administración de Alberto Fernández. E informaba que el FGS administraba fondos por unos US$ 76 mil millones, “el valor más alto de su historia durante la actual gestión”, canchereaba la gestión de Fernanda Raverta al pasar el testimonio a los libertarios. “Y desde 2019 a 2023 creció 117%”, completaba la militante kirchnerista. El informe indicaba que particularmente, esas acciones de empresas privadas en forzosa posesión del Estado nacional pasó de los US$ 3.700 millones a noviembre de 2019 a un monto valorado en a noviembre de 2023 de US$ 13.100 millones, lo que implica un incremento del 254%. Como en ese lapso casi todas las acciones de compañías privadas de cotización abierta en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en Wall Street mostraron un crecimiento importante, se supone (y se descuenta) que el valor de esos papeles podría superar ya los US$ 16 mil millones. Un dinero espectacularmente importante para un gobierno que basa su lógica de acción en el eslogan “no hay plata”.

En total, el FGS tiene participación accionaria en 41 empresas privadas argentinas. Las principales tenencias accionarias son las de Banco Macro (27,49% del total), Edenor (26,81%), Gas Natural Ban (26,63%), Distribuidora de Gas Cuyana (26,12%), San Miguel (26,06%), Ternium (26,03%) y Consultatio (24,88%). También tiene acciones de las firmas Pampa Energía, Telecom, TGN, TGS, Metrogas, Naturgy, YPF, Cablevisión Holding, Molinos Agro y Molinos Río de la Plata, Mirgor, Grupo Financiero Galicia, Grupo Clarín y Ledesma, entre otras. Son todos papeles que llegaron al estado nacional a través del fin de las Afjp en noviembre de 2008.

El primer intento de venta de estos papeles había aparecido sin mayores ocultamientos durante el gobierno de Mauricio Macri en mayo de 2018, en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar el acuerdo stand by que con el tiempo le aportaría a la gestión de Juntos por el Cambio (JxC) unos US$ 44.800 millones de endeudamiento. El organismo que entonces manejaba Christine Lagarde cerró con el macrismo gobernante el avance sobre las acciones nacionalizadas de las AFJP, para generar divisas que fortalezcan la posición débil de la gestión anterior a la de Alberto Fernández. El proyecto nunca avanzó al necesitarse una ley que lo avale. Pero la idea quedó. La intención de JxC era enviar rápidamente una ley al Congreso que permitiera una reforma estructural del FGS, permitiendo avanzar en un programa de recompra de esas acciones por parte de los privados, privilegiando primero a los propios dueños de las empresas, quienes tendrían ventajas comparativas y competitivas para “recuperar” sus compañías. Según la idea de aquellos tiempos, los privados podrían durante un tiempo buscar financiamiento internacional o proponer algún tipo de “plan de pagos”, pero siempre respetando la consigna que lo que debe ingresar al Estado son dólares. Luego, si los privados propietarios no consiguen la recompra, podrían presentar socios (por ejemplo, bancos o fondos de inversión) para, en una tercera etapa, abrirse al capital para vender en el mercado las acciones. Según lo que trascendió, Milei tendría una idea muy similar a esta que cuenta con el copyright de los economistas de siempre de JxC, hoy algo desperdigados por el destino político de sus dirigentes máximos.

El salvoconducto de US$ 5.000 M de Milei para aprobar el Presupuesto

Antes Macri había intentado también avanzar sobre el FGS, en los tiempos del lanzamiento de la Reparación Histórica impulsada en el primer año de gestión del expresidente, donde se buscaba financiamiento para una suba en las jubilaciones, se intentó garantizar parte de la capitalización necesaria para pagar las pensiones futuras con el dinero proveniente de la venta de algunas de las empresas del paquete del FGS. La idea luego fue incluida en el acuerdo con el FMI bajo la fórmula siguiente: “Amortización de activos de los fondos de pensión que se encuentren actualmente en posesión del Gobierno”. En 2018 se especulaba con la posibilidad de que el FGS aportara entre US$ 3 mil y US$ 4 mil millones solo ese año, más otro tanto en una segunda etapa.

Fuentes de La Libertad Avanza (LLA) hablan del serio interés de varias de las empresas de volver a tener bajo dominio propio estas acciones y terminar con la convivencia con funcionarios públicos en sus directorios, sillones que tardaron meses de gobierno libertario en ser llenados en su totalidad. En la mayoría de los casos, y ante el desinterés particular en el tema (pese a las altas remuneraciones posibles), esos puestos fueron ocupados por personal técnico de la Anses, que mantuvo actitudes silenciosas en sus participaciones de reuniones de accionistas. Lejos de las polémicas en tiempos kirchneristas, como la presión para que Siderar (hoy Ternium) de Techint liquidara dividendos en divisas para que Anses pueda tener más juego de dólares. O las batallas de Guillermo Moreno como representante del Estado en el Grupo Clarín, donde embistió (sin éxito) con el eslogan, “casco o guante”.

La idea libertaria es terminar con estas posesiones, revender a sus interesados las acciones (en lo posible, pero no innegociable) a sus actuales dueños, hacerse de divisas y terminar con este, según el criterio personal de Milei, injusto avance del Estado sobre acciones que nunca debieron estar en poder de Estado.

Será una nueva batalla épica del Gobierno contra el kirchnerismo, que también estará seguramente apoyada por el PRO y algunas fuerzas más. La pregunta es si la intención del Presidente es darla en 2025, o esperar a tener mejores números parlamentarios luego de las elecciones de medio término del próximo año.