Milei se aparta y el PRO ruega por un gesto; Cristina, sin tiempo, con Lijo a la espera

El Gobierno se está curando en salud al anunciar que, si el Congreso rechaza el veto al financiamiento universitario, ignorará esa decisión. El Poder Ejecutivo amenaza añadir al Poder Legislativo al desconocimiento, parcial, de decisiones de la Corte, conducta que ya pareciera no conmover demasiado a nadie. Otra naturalización de lo antinatural, al menos en una democracia, como lo demostró Néstor Kirchner eludiendo cumplir con una orden directa del Tribunal Supremo. Pareciera así que la Casa Rosada preferiría un complicadísimo conflicto de poderes que ceder a lo que mandan las leyes de la división de poderes, porque cualquier oposición a su visión del equilibrio fiscal es equivalente o asimilable a una derrota.

El masivo reclamo universitario, aunque de menor alcance que la larga marcha de abril, puso sobre la mesa cuestiones centrales con las que la constelación libertaria tiene mala sintonía.

La educación pública universitaria, por ejemplo, es admitida como un valor retórico, pero a poco de andar se revela como un tenue barniz de fácil remoción, un tema irresuelto, cuando no rechazado, en el oficialismo donde pesa más el gasto que la inversión educativa.

Es claro, también, que la Universidad no es un país dentro del país por más autárquica y autónoma que sea; depende de fondos públicos, tiene que ofrecer cuentas claras y no debiera servir de santuario político para ninguna facción. Algo que ha ocurrido y ocurre.

Un funcionario de alto rango, Alejandro Alvarez, ex militante kirchnerista y ex admirador bolivariano, al igual que su amigo (¿ex?) cristinista Franco Bindi, dijo espontáneamente en televisión algo parecido a que el Gobierno podría cerrar una universidad nacional si es que ésta que no cumple con los objetivos. Su contendiente radical en el debate, el vicerrector Emiliano Yacobitti, que ha demostrado palmariamente que no es Demóstenes para las polémicas, lo corrigió en el aire. El desliz de Alvarez –cobardemente agredido junto a diputados de la LLA en un escrache del fascismo de izquierda en La Plata– es un reflejo del pensamiento profundo del oficialismo sobre las universidades. Es como si quisieran hacer retroceder el reloj de la historia hasta antes de la Reforma de 1918.

La autonomía universitaria es un valor en sí mismo, como lo es la libertad de cátedra. No se la debe confundir con un pasaporte para el clientelismo político, el sectarismo ni la dilapidación de los dineros públicos. Las auditorías, ariete oficial para impugnar a las cúpulas universitarias, debieran ser practicadas simplemente derogando una resolución que sigue en pie del ex procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que las impide en nombre de la autonomía.

La acumulación de capital humano de excelencia es una inversión, no un gasto. El desarrollo de un país precisa de ese insumo intelectual. Poner el foco por razones políticas en los árboles y no en el bosque, que es lo que hace el Gobierno, es un error estratégico inspirado en experiencias ajenas de democracias “iliberales”, como se las denominan a las que se tornan autoritarias.

El relato del Gobierno es que espera un rechazo del veto, pero no se ha rendido. Trabaja activamente para retener el tercio que lo salve de esa derrota insoportable. Las manifestaciones universitarias en el Interior han sido también enormes. Se reduce, así, el margen de maniobra sobre los diputados de provincias donde las casas de altos estudios tienen una influencia profunda y vibrante en la vida cotidiana, como Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, por no alargar la lista.

Ese dato es importante para predecir conductas. Mauricio Macri encontró, por fin, un lugar para poner distancia con Milei y hacerse más visible.

Habrá que esperar qué respuesta práctica darán los diputados de su partido frente al veto. Ya se logró un milagro: que Santiago Caputo, el enemigo más enconado de Macri en el Gobierno, se reuniera con él, como lo reveló Ignacio Miri en Clarín. Macri se queja porque sus sugerencias o planteos no son tenidos en cuenta por Milei y que, además, la educación pública es una de las banderas de su partido. Ha auscultado que en el bloque del PRO hay una tendencia a ponerle freno al veto y que la cuestión universitaria tiene una alta incidencia en un momento en el que se está verificando una caída de la imagen del Presidente, constatable en cualquier medición. El desaforado discurso de Milei en Parque Lezama, en el lanzamiento del partido nacional, refleja un estado de ánimo alterado.

Macri cree que Milei tomó un riesgo inútil. La reunión con Caputo, que no fue áspera pero quedó otra vez claro que Milei no quiere un cogobierno, es sin embargo un signo de la preocupación oficial de un posible deslizamiento del PRO hacia posiciones más independientes, aun cuando Patricia Bullrich haya prácticamente roto con su partido para abrazarse con Karina Milei, y Diego Santilli esté buscando algún lugar en el armado libertario en la provincia de Buenos Aires.

Macri tiene en sus manos el poder de infringirle a Milei una derrota en la pulseada en la que el ex presidente tiene para ganar frente a la sociedad y en el reperfilamiento partidario. Pero del dicho al hecho hay un tiempo que el PRO, a través de Cristian Ritondo, quiere aprovechar para que un gesto oficial hacia la educación los libere del voto negativo.

A quien pareciera que se le agota el tiempo es a Cristina Kirchner.

Su predisposición a ser presidenta del PJ responde a una extrema necesidad política: la confirmación o ampliación de la condena, fallo que se conocería esta semana, la dejaría en las manos de la Corte Suprema. El “doble conforme”, es decir la confirmación del fallo de la Cámara, la sacaría de la cancha y debería cumplir la sentencia. Puede ocurrir todavía con Juan Carlos Maqueda en la Corte.

Se abre, entonces, una oportunidad para que el peronismo renueve sus votos por Ariel Lijo, quien ha dirigido sus esfuerzos a convencer a los justicialistas de que es ahora o nunca. Lorenzetti pensaría lo mismo.

El tiempo se escurre como arena entre los dedos. El próximo año electoral haría que para Lijo la Corte sea un puente demasiado lejos.