Por iniciativa de la UCR, la oposición quiere sesionar el miércoles para rechazar el veto de Milei a los fondos universitarios

La oposición en la Cámara de Diputados se prepara para rechazar el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, a partir de una iniciativa de la Unión Cívica Radical (UCR). La presentación formal de una sesión especial para este miércoles 9 de octubre a las 11 será realizada al titular de la Cámara baja, Martín Menem, y se estima que el oficialismo no contaría con los votos para blindar la decisión presidencial.

Tras la masiva marcha a favor de la ampliación de fondos para las universidades públicas, que tuvo su epicentro en la Plaza del Congreso pero que se extendió en todo el país, el bloque liderado por el cordobés Rodrigo de Loredo preparó el pedido para rechazar la medida del mandatario. Este será presentado cuando el Poder Ejecutivo informe a ambas cámaras sobre el decreto que regresará la iniciativa al Parlamento.

Pese a la marcha masiva, finalmente Javier Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario

Además de la firma de de Loredo, el documento fue acompañado por los diputados Facundo Manes, Pablo Juliano, Danya Tavela y Carla Carrizo, entre otros. A priori, el radicalismo no tiene en su cálculo a los cinco legisladores de ese espacio que se reunieron con Milei antes de decidir cambiar su voto con respecto a la fallida ley para aumentar las jubilaciones: Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi.

Sin embargo, trascendió que al menos dos de ellos -a quienes la UCR suspendió su afiliación- podrían ausentarse en la votación para evitar quedar vinculados con el Gobierno en este tema. De esta manera, comenzaría achicarse el grupo de «los 87 héroes» que el Presidente invitó a un asado en la Quinta de Olivos, donde participaron los diputados que votaron que apoyaron el veto a la movilidad jubilatoria. 

En la oposición hay optimismo de que en esta oportunidad se insista en la promulgación de la ley por los fondos para las universidades, debido a que dirigentes políticos, gremiales y docentes de distintos espacios fueron parte de la segunda marcha federal universitaria en lo que va de la gestión libertaria.

“Si hay veto, hay insistencia. Y si hay insistencia, la ley se cumple. Nos vemos el 9 en Diputados”, expresó el diputado socialista Esteban Paulon, integrante del bloque Encuentro Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto. 

Por su parte, el jefe de la banca de Unión por la Patria, Germán Martínez, mostró la misma coincidencia en la fecha para tratar el tema. «Estuvimos en las calles pidiendo por el financiamiento universitario. Estuvimos en mayo para emplazar comisiones y sacar dictamen. Estuvimos en agosto con la media sanción. Estuvimos este miércoles y vamos a estar la semana que viene en el recinto para rechazar el veto«, afirmó en la red social X.

La principal incertidumbre se encuentra en el PRO, aliado político clave de La Libertad Avanza, que mostró mayor homogeneidad durante el apoyo al veto por los haberes pero no sería el caso con los fondos de las altas casas de estudio. El legislador Héctor Baldassi enfatizó la necesidad de priorizar el financiamiento de la educación superior, mientras que su colega Álvaro González estuvo presente en la marcha universitaria. 

Sin los integrantes del espacio que lidera Cristián Ritondo en Diputados, Milei no estaría en condiciones de llegar al tercio (87 diputados, si estuvieran presentes los 257) para bloquear el intento opositor de insistir con la ley.

El veto de Milei al presupuesto universitario

Horas después de la marcha en el Congreso, el presidente Javier Milei ratificó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que luego quedó oficializado a primera hora de este jueves en el Boletín Oficial.

El decreto indica que «el proyecto de ley sancionado por el Congreso es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento».

También plantea que “dar cumplimiento a la medida sancionada dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”. 

FP

LT