Conmigo o contra mí, confrontar para reinar

“Norberto Bobbio decía que la democracia es el gobierno de los moderados y que los extremos, a la larga, afectan la capacidad de producir políticas públicas representativas”. Casi con nostalgia, el consultor evocaba el pensamiento del filósofo y jurista italiano. El recuerdo venía a cuento de la aspereza de estos tiempos en general y de la última semana en particular, anticipo de la que se inicia, a partir de la discusión en el Congreso del veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento educativo para las universidades, aprobada por el Legislativo.

El comentario aplica, en rigor, a lo que es un estilo en la forma mileísta de ejercer el poder, donde de amigo a enemigo se puede pasar en un abrir y cerrar de boca: basta con sostener una opinión o un boceto de idea que no coincida exactamente con el argumento presidencial para pasar a engrosar la larga lista de los traidores, o para mutar de un “héroe” por haber apoyado el veto a la reforma jubilatoria, a un “degenerado fiscal”, sin escalas, por estar a favor del aumento del presupuesto a las universidades.

Es curioso también cómo se terminan replicando los modos del presunto adversario. Las críticas al kirchnerismo no impiden echar mano de los mismos métodos: “Conmigo o contra mí”, “ellos y nosotros”, “a todo o nada”, y su famosa variante del “vamos por todo”. La política de la confrontación permanente, la falta de diálogo y consensos, la concepción de enemigo o “casta” de quien sólo piensa con algún matiz de diferencia. Es en la infancia cuando prevalece el criterio del blanco o negro. Con la madurez aparece con claridad la amplísima y casi infinita gama de grises que media entre un extremo y el otro. En este sentido, todavía estamos balbuceando las primeras letras.

Esa mirada reduccionista es la que llevó al Gobierno a definir como “un acto kirchnerista” la masiva marcha universitaria del miércoles pasado. Que hayan asomado por allí, de manera oportunista, algunos de los responsables de la debacle K no puede desmerecer lo que movilizó a una importantísima porción de gente de distintos sectores que salió a la calle en la Ciudad y en el Interior.

Una reciente encuesta de OpinaArgentina reveló que seis de cada diez argentinos rechazan la política del Gobierno en materia de universidades. Comparando con abril pasado, cuando se realizó la primera marcha masiva en apoyo a este sector, la postura oficialista perdió 14 puntos de adhesión: del 49% pasó al 35%. Otro trabajo reveló que las universidades públicas son la institución que genera mayor confianza entre los argentinos: un 87% opinó que “la educación pública es un derecho” a defender. Y un 71% respondió que tiene “mucha o bastante” confianza en las universidades públicas. Apenas un 6% respondió eso acerca de los partidos políticos.

Es que la reivindicación de una educación universitaria pública de calidad es transversal. Y tiene que ver justamente con una de las reivindicaciones del Gobierno: que el talento y el mérito se impongan por sobre otras razones. Sin la posibilidad de aulas superiores de excelencia, podrían acceder a la educación superior sólo aquellos con recursos para pagar una universidad privada.

Que los fondos públicos destinados a las casas de estudio sean desviados a cajas con fines político-partidarios o no sean debidamente rendidos o acreditados no es motivo para reducir su presupuesto, empujándolos a una lenta agonía. Establecer los controles correspondientes, auditar sus cuentas, promover gestiones de la mayor transparencia posible debería ser el objetivo.

Lo otro sería equivalente a lo de aquel ex presidente de Estados Unidos que, ante la pregunta de qué hacer para acabar con los incendios forestales, propuso talar los bosques.