La motosierra, sobre las universidades nacionales

La segunda marcha educativa surgió del ajuste del Gobierno nacional sobre las universidades después de diez meses de caídas continuas de los salarios y paralización de algunos de los servicios que brindan, como los hospitales e investigaciones que tienen asociadas. En lo que va del año, Javier Milei recortó un 32% su presupuesto contra el año pasado, aunque de este fondo solo les transfirió menos del 87% de lo que les había asignado hasta septiembre.

El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, devengó en total $ 2,136 billones, en los primeros nueve meses del año, de los cuales solo $ 4 millones fueron para gastos de capital, según el último relevamiento pormenorizado de ASAP. En el mismo período de 2023, este monto ascendía a $ 877,5 mil millones (con $ 23,1 mil millones a erogaciones de capital). Esto equivale a una pérdida contra la inflación del 32,1%.

La cifra no es definitiva, ya que no se trata de lo efectivamente ejecutado. En sumatoria, hasta septiembre la Nación solo pagó el 86,9% de lo que les planificaba enviar. Es decir, un ajuste sobre el recorte inicial.

La Universidad de Buenos Aires sufrió un derrumbe real de los fondos devengados del 29% contra el último año de la gestión de Unión por la Patria, siempre de acuerdo con los cálculos de ASAP. Sin embargo, las instituciones más golpeadas radican en la provincia bonaerense, quizás no por casualidad, ya que Axel Kicillof ha sido elegido por Milei como una suerte de enemigo público.

La Universidad Nacional de San Antonio de Areco tuvo el más fuerte recorte, del 68,5%. Le siguió la del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, con una baja del 48,7%, luego la de Hurlingham del 47,1%, la de Moreno del 46,3%, la de Guillermo Brown del 43,6%, la de Comechingones del 42,4%, la de José Clemente Paz del 42,2% y la de Lomas de Zamora del 41,6%. Además, la santafesina de Rafaela sufrió una poda del 41,7% y la porteña de Madres de Plaza de Mayo del 56,2%, que además fue intervenida por Nación, que mantiene una disputa paralela contra la ONG que supo presidir Hebe de Bonafini.

Los sueldos, en caída libre. Esto se da en un contexto de bajos salarios para el personal que debe llevar adelante las tareas de las casas de altos estudios. El 69% de los docentes universitarios cuenta con dedicación “simple”, lo que implican sueldos de entre $ 145 mil y $ 200 mil mensuales, de acuerdo con los guarismos que compartía el Ministerio de Educación hasta 2023. Quienes tienen dedicación “exclusiva” representan solo el 10% del total.

“Se rechazó el aumento salarial del 6,8% porque ese aumento representa una mísera recuperación salarial”, criticó el investigador del Conicet Rodrigo Quiroga. En un hilo de X (Twitter) explicó que “la pérdida acumulada desde noviembre del año pasado es del 25%, y por lo tanto el aumento mínimo necesario es del 33% por arriba de inflación”.

Si se aprueba tal cual fue presentado el anteproyecto de Presupuesto del Gobierno, los trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas perderán un 37,2% de su salario real entre 2023 y 2025, calcularon desde el Grupo EPC. Además, la inversión pública en las casas de altos estudios sufrirá una caída real del 34,4% en dos años, proyectaron.

Denuncia contra el responsable del recorte. La motosierra para las casas de altos estudios Milei se la entregó a Alejandro Álvarez hijo, el subsecretario de Políticas Universitarias. El ajuste ya había generado la primera movilización educativa el 23 de abril, uno de los eventos que más golpearon al gobierno nacional en cuanto a imagen, de acuerdo con las consultoras.

Pese a que se presentaba a sí mismo en redes sociales como profesor titular de la UBA y Unlam, el legislador porteño Gabriel Solano señaló que Álvarez no ejerce esos cargos. El subsecretario modificó su biografía en las plataformas luego de que el diputado del FIT presentó una denuncia judicial por la presunta falsificación del currículum.

Álvarez estudió ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad del Salvador. En medio de la cursada de su carrera cambió el plan de estudios, por lo que sus títulos quedaron con bachiller en ciencias políticas y licenciado en relaciones internacionales, explicaron a PERFIL desde su entorno. “Hoy es profesor adjunto en historia económica en la Universidad de la Matanza y titular de cátedra a cargo de ciencias políticas en la de Buenos Aires”, apuntaron. Transmitieron, además, que el concurso necesario para quedar como titular no lo convocó la UBA, por eso quedó a cargo. La docencia es compatible con las funciones públicas.

En una entrevista en La Nación +, el subsecretario reveló que gana $ 500 mil mensuales como “profesor titular”. PERFIL tuvo acceso a un recibo de sueldo de Álvarez de octubre de 2023 de la UBA, donde cobró $ 106.684 de bruto más $ 85.347 por antigüedad. Aclara el documento que se trata de un profesor adjunto de dedicación simple. Tras las paritarias, la escala salarial actual para ese cargo que publica el gremio Aduba lleva el salario bruto a $ 154.321, a lo que se le deben adicionar los años en la institución.

Los sueldos universitarios quedan lejos de los $ 2 millones que había denunciado el diputado libertario José Luis Espert esta semana. A esa cifra no llega siquiera un docente titular, que consiste en la minoría de la plantilla, con el máximo de años en el cargo.

En la UBA ratificaron a este medio que Álvarez trabaja como docente adjunto interino y aclararon que nunca concursó. “Está a cargo de una cátedra que no tiene titular, pero no es titular él”, explicaron.