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La detención de dos españoles lleva la crisis entre España y Venezuela a su punto más crítico

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Las complicadas relaciones diplomáticas entre España y Venezuela escalaron este fin de semana a un nuevo nivel hasta ahora inaudito con la detención de dos españoles por parte del régimen de Nicolás Maduro, que les ha acusado de tener «vínculos» con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, así como de estar implicados en una supuesta operación para llevar a cabo actos «terroristas», entre ellos asesinar a Maduro. Las duras acusaciones, negadas tajantemente por el Gobierno español, no han hecho sino empeorar la debilitada relación que había entre ambos países, y que se agravó en los últimos días a raíz de las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que calificó de «dictadura» al Gobierno venezolano y provocó que Venezuela convocara al embajador español en Caracas y llamara a consultas a su representante en Madrid.

Al igual que ocurrió la semana pasada, el encargado de tensar todavía más la cuerda ha sido uno de los hombres fuertes de Maduro, Diosdado Cabello. El ministro del Interior venezolano incriminó al CNI y al Gobierno español de estar metidos «hasta el cuello» al «suministrar mercenarios» para un supuesto operativo dirigido por Estados Unidos que tenía como objetivo «asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a varios funcionarios».

España, a través de su Ministerio de Exteriores, no tardó en desmentir estas acusaciones y rechazó «rotundamente» cualquier insinuación. «El Gobierno ha constatado que los dos hombres detenidos no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal», manifestaron este domingo fuentes de Exteriores.

Para Cabello, era «previsible» que el Gobierno español negara esos supuestos «vínculos» de ambos sujetos. «España va a decir que no, es lógico (…) esas personas están confesando su participación activa», reiteró el ministro venezolano.

Cabello también habló de la posibilidad de ruptura de relaciones con España a raíz de estas detenciones. «No me corresponde a mí, pero habría que preguntarse cómo tenemos relaciones nosotros con un gobierno que aspira a derrocar a otro gobierno, a un gobierno que nos aspira a derrocar», aseveró.

La Embajada de España en Venezuela pidió al Gobierno de Maduro tener acceso a los dos arrestados, acusados de terrorismo, para verificar sus identidades y darles la asistencia necesaria. 

Los dos españoles han sido identificados como José María Basoa Valdovinos, de 35 años, y Andrés Martínez Adasme, de 32, ambos vecinos de Bilbao. Ambos estaban en Venezuela como turistas, según aseguraron sus familias, que se encuentran en contacto permanente con el Ministerio de Exteriores y el Consulado de España en Caracas, además de con el Gobierno vasco.

Los dos bilbaínos tomaron un vuelo de Madrid a Caracas el pasado 17 de agosto, cuando alquilaron un vehículo que debían haber devuelto el 5 de septiembre, pero no lo hicieron. El 31 de agosto habrían salido en lancha desde Puerto Ayacucho hacia Colombia. Tal y como denunciaron sus familias en Facebook, «fueron vistos por última vez en Inírida, Colombia, el lunes 2 de septiembre, rumbo a Puerto Ayacucho, Venezuela. Ambos viajaban sin guía y no hemos tenido noticias desde su última conexión telefónica ese mismo día a las 8:23 am», alertaron en dicha red social el pasado 9 de septiembre.

Ese mismo día también denunciaron su desaparición ante la Ertzaintza. La Policía averiguó que habían sido detenidos y se lo transmitió a los familiares, si bien no indicaron el motivo de las detenciones y la investigación policial por la desaparición continúa abierta.

En paralelo, desde el área de Acción Exterior del Ejecutivo vasco se trabaja por la «vía diplomática», como en otras ocasiones en que ciudadanos vascos han sufrido incidentes en el extranjero.

La oposición ve «falsas» las acusaciones

Desde la oposición venezolana tampoco se creen el señalamiento por parte del régimen chavista hacia los dos españoles detenidos. El exalcalde de Caracas y dirigente opositor Antonio Ledezma afirmó que estas acusaciones son «falsas» y que se trata de «nuevos perseguidos» por Maduro. «En Venezuela hay un terrorismo de Estado. Está en las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No solo se han metido con la libertad de ciudadanos españoles y de cualquier otra latitud, también lo han hecho con empresas», declaró este domingo Ledezma en una entrevista con RTVE. También Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró en la misma cadena que los dos españoles «son fichas políticas que no tienen nada que ver con las acusaciones y que están siendo utilizados para ser parte de una negociación a futuro».

En este contexto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que días atrás evitaba hablar de dictadura y declinaba pronunciarse sobre las palabras de Margarita Robles, dio un paso más y calificó a Venezuela de «régimen dictatorial y autoritario» al aludir a las detenciones arbitrarias o a que el líder de la oposición, Edmundo González, ha tenido que huir del país y solicitar asilo político en España.

De nuevo, estas palabras provocaron la indignación del Gobierno venezolano, en este caso, del ministro de Exteriores del país caribeño, Yván Gil. «Cuando decimos el basural de la historia, nos referimos al lugar donde está Borrell ahora, de entrevista en entrevista, vocero del mal, una retirada de la política con las manos manchadas de sangre, doblemente fracasado en sus intentos por dañar al pueblo venezolano, inventando Gobiernos ficticios», tachó Gil.

Sobre Edmundo González se expresó, por su parte, la líder opositora María Corina Machado, quien este domingo subrayó que el candidato presidencial opositor regresará a Venezuela para tomar posesión. «Vendrá en el momento correcto», cuando «esté seguro» y pueda «juramentarse como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional», afirmó Machado.


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