del acuerdo con Mercosur… a una PAC que cabrea al sector

El propósito de la PAC es, en definitiva, unificar criterios y estándares en el mercado agrícola europeo para, en un marco teórico, garantizar la seguridad alimentaria, la prosperidad de las zonas rurales y del sector, la sostenibilidad del medioambiente y la regulación de burocracia y precios en Europa y respecto al mercado exterior. Es una de las políticas más importantes que gestiona la UE: aproximadamente un tercio del presupuesto de la UE se destina a la PAC (33 céntimos al día por ciudadano). En el caso concreto de España supone la inyección de 4.875 millones de euros en ayudas directas que las comunidades autónomas conceden a los agricultores que las solicitan (un total de 622.404 de agricultores y ganaderos en 2023, según el Ministerio de Agricultura).

Pero esas promesas y esos números no convencen al sector del campo. «Nuestras empresas no tienen seguridad jurídica» con el escenario actual que da precisamente la PAC, comentó a 20minutos José María Castilla, presidente de Asaja Bruselas. Además, se mantiene un poco escéptico respecto al proceso de conversaciones abiertos por la Comisión Europea. «Quizá lo hagan pensando en que las elecciones europeas están ya ahí, es lo que yo me temo. Pero de primeras es una buena noticia», añadió durante las marchas en la capital comunitaria.

Y es que las constantes reformas de la PAC, negociada y pactada por el Ejecutivo comunitario con los Estados miembros, no dan «un marco claro» al sector del campo. Por ejemplo, definieron los últimos cambios como «complejos, extraños y fuera de toda lógica». Esa falta de claridad se convierte por tanto en una falta de confianza en las instituciones. En general, la nueva PAC abarca hasta 2027, aunque posteriormente no está previsto que se reforme demasiado, pues exigiría reabrir de nuevo unas arduas negociaciones. 

Del total de 390.000 millones de euros que se incluyen para esta partida -desde 2021-, España recibirá algo más de 47.700 millones, siendo por tanto el tercer país más beneficiado, solo por detrás de Alemania y Francia. Se canalizará en la recepción de 5.000 millones de euros anuales en pagos directos y está previsto que se beneficien en torno a 700.000 ganaderos y agricultores españoles. A la vez, da mucho peso a los llamados ecoesquemas: la serie de exigencias para que los agricultores y ganaderos desarrollen prácticas beneficiosas con el medio ambiente. Serán una pata más importante si cabe a la hora de acceder a las ayudas. Está previsto que estos ecoesquemas reciban en torno a un 25% de las ayudas que se gestionarán por cada Estado miembro. «Mucho dato y poco avance real para el bien de los agricultores», reclama en conclusión el sector.

Mercosur, otro motivo del levantamiento

Esas críticas son las que se dan hacia dentro, pero tampoco gusta al campo el movimiento previsto hacia fuera, ejemplificado en el eterno acuerdo bloqueado entre la UE y Mercosur, que parece que no saldrá adelante. Francia es el país que más se ha opuesto desde siempre ha ese vínculo y su presidente, Emmanuel Macron, lo volvió a dejar claro en cuanto empezaron las manifestaciones. España, por contra, lidera al grupo de Estados miembros que sí están a favor, pese a que buena parte del colectivo agrícola no lo ve con buenos ojos. «Nos deja en situación de desigualdad», insisten, alegando que «sale más barato traer productos de fuera».

Aunque desde los grupos políticos de izquierda recalcan que «no se pueden sacrificar acuerdos con terceros países» lo cierto es que el acuerdo con Mercosur nació ya herido de muerte, y las negociaciones nunca avanzaron. Ni siquiera hubo desbloqueo el pasado verano, cuando se retomaron las relaciones UE-América Latina con una cumbre que parecía el reinicio de todo y que daba un nuevo escenario al pacto. Y sí, el mayor freno a cualquier acuerdo final es precisamente el descontento del sector primario con dicha alianza.