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del acuerdo con Mercosur… a una PAC que cabrea al sector

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La Unión Europea tiene un problema (o un reto) con las movilizaciones de los agricultores de casi todo el continente, pero no es una horma en el zapato nueva para el bloque comunitario. Viene de lejos, y tiene muchos motivos: descontento social, años de crisis, una Política Agraria Común (PAC) que el sector ve negativa para ellos o la negociación de un acuerdo con el Mercosur que deja al campo europeo «en desigualdad de condiciones». En resumen, se dan este tipo de movilizaciones a gran escala una vez cada cierto tiempo; no hay década en la que el sector primario no se levante… contra Bruselas. ¿Por qué?

Por culpa, dicen, del «tsunami legislativo» que «asfixia» al sector sobre todo durante los últimos cinco años. La presión sobre los agricultores es muy elevada, y los trabajadores la trasladan sobre las instituciones con marchas y manifestaciones. Esto ha provocado la reacción de la Comisión Europea, primero con la apertura de un diálogo para «buscar soluciones», en palabras de la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y más recientemente con medidas muy concretas que además tienen una clara carga electoral.

Este martes la Comisión anunció que retira su plan para recortar en un 50% el uso de pesticidas en la UE. Da marcha atrás así a la revisión del marco de la Unión sobre plaguicidas (SUR). «El SUR se ha convertido en un símbolo de polarización. Ha sido rechazado por el Parlamento y tampoco hay avances en el Consejo», resumió Von der Leyen ante el Parlamento Europeo, al considerar que se trata de una medida que «causa polarización». Al mismo tiempo, se ha comprometido a negociar con el campo europeo un nuevo marco regulatorio y a reducir «la carga burocrática».

No a la PAC: ¿qué pasa con la PAC?

Es una de las principales políticas de la Unión Europea. Al igual que la política monetaria, la potestad política de los países en materia de agricultura está cedida por los Estados miembros de la UE a la Comisión Europea, institución encargada de construir directrices y políticas unificadas. Es la política más antigua de la Unión, ya que data de 1962. Los principales objetivos de la PAC es unificar criterios en materia de producción y distribución agrícola, centrando su atención en proporcionar alimentos asequibles, seguros y de alta calidad a los consumidores, conservar los recursos naturales y garantizar el nivel de vida de los trabajadores del sector.

El propósito de la PAC es, en definitiva, unificar criterios y estándares en el mercado agrícola europeo para, en un marco teórico, garantizar la seguridad alimentaria, la prosperidad de las zonas rurales y del sector, la sostenibilidad del medioambiente y la regulación de burocracia y precios en Europa y respecto al mercado exterior. Es una de las políticas más importantes que gestiona la UE: aproximadamente un tercio del presupuesto de la UE se destina a la PAC (33 céntimos al día por ciudadano). En el caso concreto de España supone la inyección de 4.875 millones de euros en ayudas directas que las comunidades autónomas conceden a los agricultores que las solicitan (un total de 622.404 de agricultores y ganaderos en 2023, según el Ministerio de Agricultura).

Pero esas promesas y esos números no convencen al sector del campo. «Nuestras empresas no tienen seguridad jurídica» con el escenario actual que da precisamente la PAC, comentó a 20minutos José María Castilla, presidente de Asaja Bruselas. Además, se mantiene un poco escéptico respecto al proceso de conversaciones abiertos por la Comisión Europea. «Quizá lo hagan pensando en que las elecciones europeas están ya ahí, es lo que yo me temo. Pero de primeras es una buena noticia», añadió durante las marchas en la capital comunitaria.

Y es que las constantes reformas de la PAC, negociada y pactada por el Ejecutivo comunitario con los Estados miembros, no dan «un marco claro» al sector del campo. Por ejemplo, definieron los últimos cambios como «complejos, extraños y fuera de toda lógica». Esa falta de claridad se convierte por tanto en una falta de confianza en las instituciones. En general, la nueva PAC abarca hasta 2027, aunque posteriormente no está previsto que se reforme demasiado, pues exigiría reabrir de nuevo unas arduas negociaciones. 

Del total de 390.000 millones de euros que se incluyen para esta partida -desde 2021-, España recibirá algo más de 47.700 millones, siendo por tanto el tercer país más beneficiado, solo por detrás de Alemania y Francia. Se canalizará en la recepción de 5.000 millones de euros anuales en pagos directos y está previsto que se beneficien en torno a 700.000 ganaderos y agricultores españoles. A la vez, da mucho peso a los llamados ecoesquemas: la serie de exigencias para que los agricultores y ganaderos desarrollen prácticas beneficiosas con el medio ambiente. Serán una pata más importante si cabe a la hora de acceder a las ayudas. Está previsto que estos ecoesquemas reciban en torno a un 25% de las ayudas que se gestionarán por cada Estado miembro. «Mucho dato y poco avance real para el bien de los agricultores», reclama en conclusión el sector.

Mercosur, otro motivo del levantamiento

Esas críticas son las que se dan hacia dentro, pero tampoco gusta al campo el movimiento previsto hacia fuera, ejemplificado en el eterno acuerdo bloqueado entre la UE y Mercosur, que parece que no saldrá adelante. Francia es el país que más se ha opuesto desde siempre ha ese vínculo y su presidente, Emmanuel Macron, lo volvió a dejar claro en cuanto empezaron las manifestaciones. España, por contra, lidera al grupo de Estados miembros que sí están a favor, pese a que buena parte del colectivo agrícola no lo ve con buenos ojos. «Nos deja en situación de desigualdad», insisten, alegando que «sale más barato traer productos de fuera».

Aunque desde los grupos políticos de izquierda recalcan que «no se pueden sacrificar acuerdos con terceros países» lo cierto es que el acuerdo con Mercosur nació ya herido de muerte, y las negociaciones nunca avanzaron. Ni siquiera hubo desbloqueo el pasado verano, cuando se retomaron las relaciones UE-América Latina con una cumbre que parecía el reinicio de todo y que daba un nuevo escenario al pacto. Y sí, el mayor freno a cualquier acuerdo final es precisamente el descontento del sector primario con dicha alianza.

Con América Latina la relación tiene que verse desde diferentes puntos de vista. «En esas relaciones hay distinto ritmo en función de quién se habla, y no es una relación entre iguales», pero ahora «la UE necesita a América Latina más que antes» no solo a nivel político, sino también en lo que se refiere a las materias primas, resume Paulina Astroza, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción (Chile). Pero eso no quiere decir que la ‘sociedad’ por ejemplo a nivel energético tenga que darse también en lo que se refiere a la agricultura. Por ahí el sector primario europeo no pasa.

La UE, en un punto de inflexión

Dentro de la problemática se ven muchos matices y se pueden abrir también nuevos frentes como por ejemplo una futura adhesión de Ucrania. Su entrada -y sin contar una ampliación mayor- tendría en el actual presupuesto plurianual del bloque comunitario hasta 2027 un impacto entre 130.000 millones y 190.000 millones de euros, lo que supone que hasta un 17% de las arcas comunitarias iría a parar a este país, según un estudio publicado por el Instituto de Economía Alemana. 

El resumen es mucho más corto: Ucrania podría provocar que todos los demás Estados miembros se convirtieran en contribuidores netos al presupuesto de la UE, como forma de compensar los desequilibrios que generaría Kiev. Esto tendría especial relevancia desde el punto de vista precisamente de la PAC, pues Kiev absorbería una parte muy importante de los fondos al tener el sector primario (los cereales, sin ir más lejos) como el punto fuerte de su economía.

Y las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina. «Se dice que la ultraderecha llegará al Gobierno en tractor», explica Daniel Gil, analista en The Political Room, en referencia a cómo los partidos de derecha radical pueden canalizar precisamente el voto del campo. «Estos partidos son los que están logrando capitalizar parte de este descontento, ya lo vimos por ejemplo en Países Bajos». El impacto por tanto será «mayúsculo» a ojos del experto, en un escenario que además «va a obligar a moverse también a los partidos Verdes». La meta, dice, tiene que ser «un pacto verde que sea también social» para así «dar respuesta a las demandas» que tiene el sector primario.


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