Opinión Diagnóstico sobre el conflicto con los gobernadores: ¿una pelea sin sentido? 6 minuto leer Comentarios desactivados en Diagnóstico sobre el conflicto con los gobernadores: ¿una pelea sin sentido? 0 Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en Reddit Compartir en Pinterest Compartir en Linkedin Compartir en Tumblr [ad_1] La contribución al superávit fiscal que hizo la reducción de las transferencias a provincias es marginal. Con o sin reducción en las transferencias, igual hubiera habido superávit financiero. La contribución al superávit financiero de la Nación que hizo el recorte a las provincias es marginal, al lado de la reducción en el valor real de las prestaciones sociales. En especial, las jubilaciones. El Sector Público Nacional, en enero de 2024, presentó un superávit primario de $2 billones que, luego del pago de intereses por $1,5 billones, arroja un resultado financiero positivo de $500 mil millones. El último superávit financiero fue en mayo de 2011. Cabe destacar que, por aquel entonces, todavía la contabilidad pública no registraba como gastos los intereses de la deuda en default ni los juicios que se fueron acumulando por jubilados a los que no se les respetó la movilidad. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. suscribirse ya estoy suscripto El gasto primario cayó un 39%. La licuación del gasto público generó reacciones como era esperable, donde la más fuerte es de las provincias cuestionando el recorte sobre las transferencias no automáticas. Pero nuestra visión sobre el conflicto puede cambiar si analizamos la contribución de la caída en las transferencias provinciales en la reducción total del gasto. Para ello, podemos tomar datos del Ministerio de Economía y vemos que la reducción de las transferencias corrientes y de capital a provincias equivale a $0,4 billones. El ahorro por caída real en el gasto en empleados públicos representa $1,2 billones. Mientras que el ahorro por caída real en prestaciones sociales equivale a $3,8 billones, de los cuales el 66% corresponde a las jubilaciones. Informate más En resumidas cuentas, la contribución al superávit fiscal que hizo la reducción de las transferencias a provincias es marginal. La licuación de jubilaciones, las asignaciones familiares y los planes asistenciales son 10 veces más. En otras palabras, con o sin reducción en las transferencias a las provincias, igual hubiera habido superávit financiero. Por lo que resulta desproporcionado el nivel de conflictos que están generando. Las provincias son las menos perjudicadas en la licuación del gasto. En sí, cualquier ajuste basado en licuación se sostiene mientras haya inflación. Si la inflación baja, el efecto será inverso. Los sindicatos van a poner presión para recomponer salarios y los ajustes por fórmula de movilidad en las jubilaciones y las asignaciones familiares harán crecer el gasto por encima de la inflación. El resultado financiero positivo tendería revertirse. Por esto, hoy, lo preponderante es establecer fuentes genuinas y sustentables de equilibrio fiscal. En síntesis, para alcanzar la sustentabilidad, es ineludible un ordenamiento integral del Estado en los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios). No hay forma alguna de eliminar los crónicos déficits financieros y de gestión si no se eliminan los solapamientos tanto en materia de impuestos como de administración del gasto público. Tampoco sería deseable la reforma tributaria, nacional o provincial impulsada de manera unilateral, ya que se necesita una reforma acordada para unificar y simplificar impuestos. Para migrar hacia un equilibrio fiscal sostenible, es forzoso el acuerdo y trabajo conjunto entre la Nación y las provincias. Debería prevalecer un diálogo serio y fundado sobre cómo ordenar el régimen federal. Profesor de la Universidad del CEMA. [ad_2] Link de la Fuente
La contribución al superávit financiero de la Nación que hizo el recorte a las provincias es marginal, al lado de la reducción en el valor real de las prestaciones sociales. En especial, las jubilaciones. El Sector Público Nacional, en enero de 2024, presentó un superávit primario de $2 billones que, luego del pago de intereses por $1,5 billones, arroja un resultado financiero positivo de $500 mil millones. El último superávit financiero fue en mayo de 2011. Cabe destacar que, por aquel entonces, todavía la contabilidad pública no registraba como gastos los intereses de la deuda en default ni los juicios que se fueron acumulando por jubilados a los que no se les respetó la movilidad.
El gasto primario cayó un 39%. La licuación del gasto público generó reacciones como era esperable, donde la más fuerte es de las provincias cuestionando el recorte sobre las transferencias no automáticas. Pero nuestra visión sobre el conflicto puede cambiar si analizamos la contribución de la caída en las transferencias provinciales en la reducción total del gasto. Para ello, podemos tomar datos del Ministerio de Economía y vemos que la reducción de las transferencias corrientes y de capital a provincias equivale a $0,4 billones. El ahorro por caída real en el gasto en empleados públicos representa $1,2 billones. Mientras que el ahorro por caída real en prestaciones sociales equivale a $3,8 billones, de los cuales el 66% corresponde a las jubilaciones.
En resumidas cuentas, la contribución al superávit fiscal que hizo la reducción de las transferencias a provincias es marginal. La licuación de jubilaciones, las asignaciones familiares y los planes asistenciales son 10 veces más. En otras palabras, con o sin reducción en las transferencias a las provincias, igual hubiera habido superávit financiero. Por lo que resulta desproporcionado el nivel de conflictos que están generando. Las provincias son las menos perjudicadas en la licuación del gasto.
En sí, cualquier ajuste basado en licuación se sostiene mientras haya inflación. Si la inflación baja, el efecto será inverso. Los sindicatos van a poner presión para recomponer salarios y los ajustes por fórmula de movilidad en las jubilaciones y las asignaciones familiares harán crecer el gasto por encima de la inflación. El resultado financiero positivo tendería revertirse. Por esto, hoy, lo preponderante es establecer fuentes genuinas y sustentables de equilibrio fiscal.
En síntesis, para alcanzar la sustentabilidad, es ineludible un ordenamiento integral del Estado en los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios). No hay forma alguna de eliminar los crónicos déficits financieros y de gestión si no se eliminan los solapamientos tanto en materia de impuestos como de administración del gasto público. Tampoco sería deseable la reforma tributaria, nacional o provincial impulsada de manera unilateral, ya que se necesita una reforma acordada para unificar y simplificar impuestos. Para migrar hacia un equilibrio fiscal sostenible, es forzoso el acuerdo y trabajo conjunto entre la Nación y las provincias. Debería prevalecer un diálogo serio y fundado sobre cómo ordenar el régimen federal. Profesor de la Universidad del CEMA.
