En defensa del rol del Parlamento

La Constitución Nacional establece en su primer artículo que nuestro país “adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal”, por esa razón el Congreso nacional es el que debe sancionar las leyes, ergo es allí donde deben ponerse límites a cualquier intento de avanzar hacia la autocracia o el autoritarismo.

La democracia representativa, republicana y federal demanda el respeto a la división de poderes, la existencia de pluralidad de opiniones y la irrestricta libertad para expresarlas sin temor a ser sancionado. Para gobernar en una república, no basta con el apoyo de “las fuerzas del cielo”, se necesita el funcionamiento pleno de los tres poderes.

Las alarmas ante una posible escalada antirepublicana se encienden cuando el Presidente denomina “nido de ratas” al Congreso y “periodistas ensobrados” a la prensa critica, mientras manifiesta su voluntad de gobernar a través de Decretos de Necesidad y Urgencia en caso de no lograr respaldo en el Parlamento.

Cabe consignar que los DNU fueron incorporados en la reforma constitucional de 1994 para enfrentar situaciones que requieran una resolución urgente, como su misma denominación lo dice, y no para sustituir la labor parlamentaria.

Para gobernar de acuerdo al mandato constitucional se deben alcanzar las mayorías necesarias para sancionar leyes, cualquier estrategia destinada a eludir la acción de los legisladores implica un deslizamiento hacia un decisionismo que es contradictorio con la forma republicana de gobierno.

Es en el Poder Legislativo, en el cual se encuentran expresadas todas las opiniones políticas y están representadas todas las provincias, donde deberá aprobarse, modificarse o rechazarse la “Ley de Bases” ; también el mega DNU, ya rechazado por el Senado, ahora deberá ser sometido al debate en Diputados.

La discusión de la Ley de Bases será una prueba importante para determinar cuáles son los límites que los legisladores van a establecer frente al propósito presidencial de concentrar el poder en sus manos.

A pesar de los insultos y el intento de desprestigiar al Parlamento, que propala el presidente en persona y su ejército de trolls en las redes sociales, el Poder Legislativo debe cumplir su función en forma cabal.

La agenda parlamentaria no sólo debería incluir las propuestas del Poder Ejecutivo, como la ley de Bases o el mega DNU, sino que debería nutrirse con otras iniciativas tendientes a mitigar el padecimiento que las políticas de ajuste están generando en los sectores más pobres del país.

Ante un presidente que se jacta de no necesitar leyes para gobernar, el Congreso debe constituirse en un actor fundamental en la defensa de los valores republicanos, evitando el avance del Poder Ejecutivo sobre funciones que correspondan al Poder Legislativo.

Asimismo, el Parlamento deberá ser el lugar en el que se defienda el rol del Estado como instrumento indispensable para equilibrar las desigualdades y asimetrías que generan los mercados.

Nuestro país necesita un Estado decente y eficaz. Podrán discutirse sus dimensiones, mejorar su eficiencia o debatir acerca de su participación en determinadas actividades productivas, pero no se puede prescindir de su acción para preservar la seguridad, impartir justicia y garantizarle el ejercicio de los derechos humanos, políticos, sociales y civiles a toda la sociedad.

El Estado, como institución, no es “una organización criminal” tal cual asegura el Presidente. El problema radica en los funcionarios venales que, durante los largos años de las sucesivas gestiones del menemismo y el kirchnerismo, lo colonizaron en provecho propio.

Veremos si, más allá de declaraciones altisonantes, la actual administración lleva adelante una estrategia eficaz contra la corrupción. La propuesta, para integrar la Corte Suprema, de un juez cinco veces investigado por el Consejo de la Magistratura, no parece ser una señal alentadora en esa dirección.

Un avance importante en relación a la transparencia de la gestión pública sería la incorporación, a la agenda parlamentaria, del tratamiento de la ley de ficha limpia, que impide que sean candidatos o funcionarios públicos quienes hayan sido condenados en dos instancias por la Justicia.

En un plano más general, el ámbito parlamentario podría ser un lugar de encuentro para quienes, compartiendo ideales comunes, hoy se encuentran divididos por las rencillas partidarias. La búsqueda de acuerdos y la unidad en torno a un cuerpo de ideas entre aquellos que se identifican con los valores democráticos y republicanos puede modificar, de manera positiva, al sistema partidario que hoy luce agotado.

Será a través del debate de ideas, columna vertebral del sistema democrático, que podremos avanzar hacia una Argentina mejor, alejada del mesianismo y la omnipotencia que hoy dominan la acción de gobierno. He ahí el rol del Congreso de la Nación.

Esperamos que los legisladores actúen con la sabiduría, la honestidad, la entereza y la prudencia que estos tiempos turbulentos demandan.

Rodolfo Rodil fue diputado nacional y vicepresidente de la Cámara de Diputados