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Nunca fue fácil ser periodista en El Salvador

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Perseguir, amedrentar o matar periodistas siempre ha sido fácil en El Salvador. Más de 40 periodistas salvadoreños y extranjeros murieron durante los doce años de su violenta guerra civil. Muchos iban identificados y algunos sufrieron ataques intencionados. Otros seis periodistas han sido asesinados desde entonces: tres, por pistoleros y otros tres, por miembros de las pandillas.

En mi primer viaje a El Salvador en octubre de 1984, un periodista me enseñó una lista encabezada por nombres anglosajones correspondientes a corresponsables permanentes: «Es la lista de amenazados por los escuadrones de la muerte. Si entras en ella tienes dos posibilidades: vivir permanentemente con la inquietud de que te disparen o irte para siempre».

En marzo de 1989 un responsable del Comité de Prensa de las Fuerzas Armadas me mostró una copia de mi crónica enviada por fax a Heraldo de Aragón unos días antes desde la central de Correos. «Me he reído mucho con algunas descripciones de tu sabrosa crónica», me dijo antes de sacarla de un cajón. «¿Y si escribo algo que nos les gusta?», le pregunté. Con cara de pocos amigos me lo dejó muy claro: «Atente a las consecuencias».

El día de la firma de los Acuerdos de Paz, a finales de enero de 1992, el coronel responsable de las relaciones con la prensa internacional me recordó que había publicado unas fotos de un soldado cometiendo atrocidades: acuchillaba el cadáver de un guerrillero, le cortaba las orejas y las exhibía. «El ministro de Defensa ordenó que se convenciera a los fotógrafos de la inutilidad de publicarlas por las buenas o por las malas. Pero tranquilo que ya ha acabado la guerra», me dijo. Le contesté con un nudo en la garganta: «Me alegro mucho, coronel». 

Durante las tres décadas posteriores a la guerra han seguido las amenazas y persecuciones. Carlos Dada, editor y director del diario digital El Faro, tuvo que abandonar El Salvador en 2012 tras recibir amenazas de muerte de las pandillas y no recibir protección del Ministerio de Justicia y Seguridad.

El diario había revelado semanas antes las negociaciones secretas entre el gobierno del izquierdista Mauricio Funes y las pandillas, que incluía fuertes sumas de dinero, para reducir el alto índice de homicidios que había convertido a El Salvador en la capital mundial del crimen. A su regreso, el periodista comenzó a desplazarse con un coche blindado.

La prensa independiente salvadoreña ha tenido problemas tanto con los gobiernos de derechas como de izquierdas. Pero fue a partir de junio de 2019 cuando Nayib Bukele, reelegido el domingo para un segundo mandato, cuando las amenazas contra los periodistas se multiplicaron.

Es posible que el acoso continúe después de los comentarios que hizo Bukele el domingo por la noche contra la prensa en su discurso de autoproclamación como presidente sin apenas resultados oficiales.

Ya en 2020 una investigación de International Crisis Group, una organización no gubernamental fundada en 1995, detallaba el aumento de cuentas que se unieron a Twitter en las semanas siguientes a la toma de posesión de Bukele para interactuar en las redes sociales a su favor. Eran cuentas que se copiaban a sí mismas y atacaban a usuarios, especialmente periodistas, críticos con actuaciones concretas del presidente.

La investigación era muy contundente: El presidente ha creado un gigante comunicacional que se apoya en «trolls de internet pagados cuyos ataques en línea están poniendo en peligro a periodistas y opositores políticos». 

En febrero de 2022, la agencia de noticias Reuters publicó algunas de las conclusiones de un documento confidencial del Departamento de Estado estadounidense en el que hablaba una estrategia comunicacional gubernamental planificada para «inundar a El Salvador con propaganda, demonizar a las instituciones encargadas de desacreditar esa propaganda –la prensa libre y la sociedad civil– y reprimir la disidencia».

Durante esos meses diez periodistas salvadoreños se vieron obligados a abandonar el país por amenazas de funcionarios e instituciones del Estado, según denunció la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Además, la organización recordó que se habían producido ataques cibernéticos contra diferentes medios de comunicación.

En febrero de 2021, apenas un año y medio después de la llegada al poder de Bukele, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para 34 miembros de El Faro debido a la situación de gravedad que estaban sufriendo en el ejercicio de su profesión. La resolución obligaba al Estado de El Salvador a investigar hostigamientos y amenazas contra los periodistas.

Bajo el Régimen de Excepción que vive El Salvador desde el 27 de marzo de 2022 «se han multiplicado los casos de retenciones arbitrarias y se ha identificado una pugna entre la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas por demostrar quiénes tienen la autoridad para restringir el derecho a la libertad de prensa», según un informe de la APES de hace un año.

Conteo voto a voto y públicamente de las elecciones presidenciales.
Conteo voto a voto y públicamente de las elecciones presidenciales.
Gervasio Sánchez

El Faro, con una parte de la redacción exiliada en Costa Rica, México y Europa, recordaba en una editorial coincidiendo con su 25 aniversario que «hemos sido siempre incómodos con el poder» y durante los gobiernos salidos desde las urnas desde el fin de la guerra en 1992 «ha habido políticos corruptos, criminales o autoridades policiales y militares deseosos de silenciarnos». Pero les era más difícil porque «los contrapesos necesarios en toda democracia limitaban esas actuaciones de tal manera que pudimos hacer frente a cada desafío sin sacrificar nuestra independencia o ceder a censuras».

La Asamblea Legislativa, controlada por el partido Nuevas Ideas de Bukele, aprobó una ley antipandillas que prevé condenas de hasta 15 años para periodistas o representantes legales de los medios de comunicación que difundan informaciones sobre las pandillas o que puedan «causar zozobra entre la población».

La ley es tan ambigua que una petición de salvaguarda de los derechos humanos de los delincuentes encarcelados por pertenecer a las pandillas puede abrir una investigación judicial. En la dictadura nicaragüense una ley parecida ha conseguido encarcelar a casi 200 opositores entre periodistas, activistas y políticos.

Con intromisiones en el poder judicial con cambios de jueces críticos por otros más acomodaticios a los intereses gubernamentales, el control del ejecutivo y del legislativo, la gran obsesión de Bukele es meter en cintura a la prensa crítica y amedrentar al resto.

En enero de 2022, un informe técnico del Citizen Lab de la Universidad de Toronto denunció que al menos 35 periodistas y activistas salvadoreños estaban siendo víctimas del espionaje a través del programa Pegasus.

Entre el 29 de junio de 2020 y noviembre de 2021, los teléfonos de las víctimas fueron intervenidos en 226 ocasiones. Los periodistas pertenecían a varios medios y estaban investigando la relación del gobierno de Bukele y las pandillas y el patrimonio de los altos funcionarios actuales. Posiblemente, decenas de miles de personas estaban siendo espiados.

Un alto miembro de la cooperación europea con experiencia en países conflictivos conminó a este periodista hace dos días a mantener el teléfono móvil en una sala alejada del lugar de la conversación por las altas posibilidades de estar siendo espiados por Pegasus. «Nunca he vivido una sensación parecida en anteriores destinos», comentó después de justificar la medida tras recibir órdenes de sus superiores.


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