Internacionales Qué se sabe del caso de Rocío San Miguel, la abogada hispanovenezolana acusada por el chavismo de conspirar para matar a Maduro 10 minuto leer Comentarios desactivados en Qué se sabe del caso de Rocío San Miguel, la abogada hispanovenezolana acusada por el chavismo de conspirar para matar a Maduro 0 Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en Reddit Compartir en Pinterest Compartir en Linkedin Compartir en Tumblr [ad_1] Se llama Rocío San Miguel, es una activista hispanovenezolana y este miércoles cumple cinco días privada de libertad. Abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el pasado 9 de febrero cuando intentaba salir de Venezuela con su familia. La Fiscalía la vincula «presuntamente» con una trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro. El domingo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que tanto San Miguel como sus allegados están «presuntamente involucrados» en la trama conspirativa denominada ‘brazalete blanco’. Según escribió Saab en su cuenta de X (antes Twitter), «su objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolas Maduro y otros altos funcionarios. La detención de San Miguel ha encendido las alarmas de la comunidad internacional y de organizaciones defensoras de derechos humanos que condenan la acción y exigen su liberación, informa Efe. En las últimas horas, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y cientos de ONG locales, manifestaron su preocupación por la detención de esta abogada. El Gobierno de Estados Unidos dijo estar «profundamente preocupado» por la detención de la activista y urgió al Gobierno de Maduro a cumplir con los acuerdos para mejorar la democracia en el país. La Embajada de España en Caracas está siguiendo el caso, según han informado fuentes diplomáticas. Venezolana con nacionalidad española Rocío Del Carmen San Miguel Sosa es una abogada y activista por los derechos humanos venezolana y con nacionalidad española. Tiene 57 años y es la presidenta de la ONG Control Ciudadano, una asociación cuyo objetivo es la supervisión en temas de seguridad nacional, defensa y fuerzas armadas. También supervisa los compromisos del Estado venezolano con el Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un año antes de fundar la ONG, San Miguel había sido despedida del gubernamental Consejo Nacional de Fronteras tras firmar una lista que buscaba activar un referendum para recortar el mandato del entonces presidente Hugo Chávez. Cientos de personas denunciaron que tras aparecer en esa lista, fueron despedidos de sus cargos en el sector público entre 2003 y 2004. La abogada acudió posteriormente a la CIDH para denunciar la situación en la que quedaron expuestos los firmantes. El 18 de enero de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares de protección a favor de Rocío y su hija. Meses después, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional allanó la residencia del hermano de Rocío, José Manuel San Miguel. Años después Chávez pidió a los directivos y funcionarios «enterrar» la referida lista que circuló tiempo después por Internet. Tras la muerte del presidente en 2013, San Miguel siguió siendo blanco de críticas, hostigamiento y amenazas. Maduro llegaba al poder y si alguien sabía mucho de temas de seguridad nacional y defensa, y de las interioridades del Ejército venezolano era ella. Durante los años del chavismo con Chávez y del chavismo con Maduro, las fuerzas armadas han ocupado cada vez más espacios clave en la economía, empresas estatales y ministerios de sectores considerados estratégicos. La ONG de San Miguel ha sido uno de los pocos focos de investigación y crítica de los modos y maneras de los militares venezolanos. Por ejemplo, Control Ciudadano mostró por primera vez la existencia de militares activos inscritos como militantes del partido de gobierno, pese a que la Constitución Nacional lo prohíbe. Las investigaciones dirigidas por San Miguel también revelaron casos de torturas, muertes, detenciones arbitrarias, entre otras irregularidades presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas armadas, que son consideradas uno de los principales soportes de Maduro. La ONG también develó abusos a los derechos humanos, así como presuntos actos de corrupción en el sector militar. En marzo de 2014, Maduro la acusó de estar involucrada en un intento de golpe de Estado. Dos meses después, el entonces ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, acusó a San Miguel de ser una espía. Y así han transcurrido los últimos duiez años. El régimen de Maduro acusa a la activista de estar financiada por Washington para desacreditar al Gobierno y en particular a los militares. Este mes de enero, la Fiscalía General de Venezuela anunció la detención de 36 civiles (periodistas, políticos y activistas) y militares (ex altos oficiales) vinculados con cinco supuestos complots contra el gobierno. Según su relato estas conspiraciones fallidas tuvieron lugar entre mayo de 2023 y los primeros días de 2024. Cómo fue detenida San Miguel Rocío San Miguel fue arrestada el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía (Caracas). Su detención fue confirmada el domingo por el fiscal general. No fue hasta ese día, unas 48 horas después del arresto, que se conoció su paradero. Por eso la defensa de la activista ha hablado de «desaparición forzosa». Este lunes, San Miguel compareció ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo, junto a cinco personas más, entre ellos, Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos; y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda. Según José González Taguaruco, parte del equipo de defensa de la activista, todos ellos fueron excarcelados con «prohibición de salida del país» y «de declarar a los medios». Todos menos San Miguel y Alejandro José González Canales, expareja de la abogada, para quienes se confirmó la privativa de libertad. [ad_2] Link de la Fuente
