reclamos del agro, la industria y un vacío legal por las economías regionales

Por un lado, si bien en el texto enviado por el Ejecutivo se establecen “retenciones 0% para las economías regionales”, la realidad es que en el listado anexo se detalla que quedan excluidos sólo 36 productos (antes alcanzaba a 20). Para el resto, aseguran, que pesa una especie de “vacío legal”.

Así lo señalaron desde la CAME, que definieron como Economías Regionales (ER) a “todas las actividades provenientes del sector agroindustrial primario y sus industrias derivadas, cuyos sistemas de producción, elaboración e industrialización están vinculados a zonas geográficas específicas”.

“Las ER tienen anclaje territorial, relevancia socioeconómica local y provincial en materia de generación de ingresos y agregado de valor; se caracterizan por el uso de mano de obra intensiva permanente y/o temporaria y el aprovechamiento de las materias primas agropecuarias locales, con distintos niveles, de agregado de valor de sus productos y la articulación de sus eslabones. Se definen por cadena de valor y están conformadas, mayoritariamente por un entramado de MiPymes agropecuarias e industriales y desarrollo de clústers”, detallaron.

Desde CAME habían solicitado al Ejecutivo y a los legisladores que se incluya esta definición en el proyecto de ley, algo que finalmente no ocurrió. “Sin la definición, el vacío legal sigue existiendo. Y queda a la interpretación del funcionario de turno. No son sólo 36 complejos”, resumieron desde la entidad.

“Tomando en cuenta sólo una parte de la nomenclatura del Mercosur, hay al menos 96 complejos de economías regionales en el país. En el proyecto de ley, hay un vacío legal y no hay una definición concreta. Si hubiese una definición, vas a saber que la vicuña, los camélidos, la mostaza o la turba de Río Grande, son economías regionales. Pero como no hay definición, quedas a merced de un funcionario que diga arbitrariamente qué es y qué no una economía regional”, explicó a Ámbito Pablo Vernengo, director ejecutivo de economías regionales de CAME. El tabaco y el cannabis, entre otros, también deberían tributar.

“Si no se incorpora una definición, todas estas economías regionales van a quedar afuera y van a tener que tributar. Y los deja afuera del mercado, porque con estas retenciones se pierde competitividad. Un negocio de economías regionales no es como la soja”, aseguró Vernengo.

Retenciones al agro: qué reclaman desde el sector

Por otro lado, el texto mantuvo sin cambios los incrementos en los derechos de exportación para el trigo y el maíz (que pasarían de tributar 12% al 15%), la carne vacuna (del 9% al 15%) y el aceite y harina de soja (del 31% al 33%). De la misma manera, dejó sin modificaciones las retenciones del 15% para las exportaciones industriales.

Es en este escenario que distintos actores del sector agropecuario e industrial expresaron su descontento por el nuevo texto que será debatido en el Congreso. Sostienen que el incremento en las retenciones impacta de manera negativa en las exportaciones con valor agregado, lo que en definitiva no redundaría en una mejora en el plano fiscal.

Sucede, por ejemplo, con la cadena de la soja: es que, con el incremento en la alícuota de los derechos de exportación para el aceite y la harina, pasarían a tributar lo mismo que el poroto sin procesar.

“La industria está muy preocupada por esta suba de derechos de exportación. Es un incremento que está demostrado por todos los analistas económicos que no va a tener efectos fiscales positivos, porque va a caer la molienda. Y va a poner en riesgo el principal complejo exportador de Argentina, va a haber menos divisas”, señalaron a Ámbito fuentes del sector agroindustrial.

Y detallaron: “No entendemos la lógica del Gobierno de tratar de subir retenciones, algo que está demostrado que no va a funcionar y va a generar muchísimo daño. Por eso hemos planteado al Gobierno y a todos los bloques que no acompañen esta decisión del Poder Ejecutivo”.

Desde el sector señalaron que esta medida “promoverá una primarización de las ventas al exterior, al generar beneficios a empresas que no procesan en Argentina y venden el poroto de soja a un único comprador mundial que es China”.

Por su parte, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitieron un comunicado en el que expresaron que “acompañan en su postura al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien aseveró que no apoyará la suba de retenciones”. “Este posicionamiento se suma al que hace días tomó su par de Córdoba, Martín Llaryora”, detallaron desde la entidad, y expresaron que “los derechos de exportación generan un fuerte impacto económico que tiene efectos nocivos no solamente en la agricultura sino también sobre la economía en su conjunto”.

Retenciones: la mirada de la industria

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Desde la industria advierten que las retenciones a las exportaciones impactarán negativamente en el sector.

Desde el sector industrial también expresaron su descontento con el proyecto de ley que dispone retenciones a las exportaciones. Al respecto, desde la UIA señalaron que “el aumento de los derechos de exportación no se conjuga con la promoción de exportaciones con valor agregado, que son las que generan las divisas genuinas que necesita Argentina”.

“En 2023 las exportaciones industriales totalizaron u$s27.000 millones y representaron un 40% de las exportaciones totales”, detallaron desde la entidad, y agregaron que, según sus estimaciones, “la presión fiscal por efecto de los nuevos derechos sobre las exportaciones de los bienes industriales y alimentos y bebidas, se incrementarían en promedio más de 11 puntos porcentuales”.

“Este impacto es directo en el valor FOB dólar de las ventas externas, erosionando rápidamente la competitividad ganada por el nuevo tipo de cambio oficial”, subrayaron desde la UIA. Durante el debate en la Cámara de Diputados, desde la entidad habían pedido que, en lugar del 15%, las retenciones para las exportaciones industriales sean “del 6 u 8%, por lo menos hasta mitad de año”.

En caso de concretarse, aseguran desde el sector, impactará de manera negativa en la actividad industrial. “Va a haber muchas empresas que van a dejar de exportar. De hecho, esto ya está ocurriendo”, resumió a Ámbito Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), quien detalló que el 15% de retenciones que se busca aplicar a las exportaciones, se le sumaría al 17,5% de Impuesto PAIS.

El incremento de la brecha y los costos financieros son otros de los problemas que afrontan muchas pymes que exportan. “Hay muchas empresas con problemas en todo este escenario”, sostuvo Rosato, quien al referirse al nivel de actividad del sector remarcó que en diciembre “de alguna manera se sostuvo, porque muchos contaban con stock, pero en enero se profundizaron los problemas: ahí se va a ver el verdadero impacto”.