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«Tenemos que seguir haciendo ruido»

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«Tenemos que seguir haciendo ruido». Ese es el reclamo que han repetido los agricultores europeos, que han vuelto a manifestarse este martes en Bruselas para clamar por unas soluciones debatidas a escasos metros por los ministros del ramo de los 27. El Consejo de Agricultura prevé aprobar medidas que llevan meses encima de la mesa entre importantes protestas, aunque las de esta semana en la capital comunitaria no apuntaron a ser tan ajetreadas como las de hace un mes.

Para evitar los altercados del pasado febrero, los agentes desplegaron un importante cordón en torno al barrio europeo, impidiendo el acceso por ejemplo a los aledaños del Parlamento Europeo. «Esperamos que esta sea la marcha definitiva, pero no tenemos demasiada confianza ya», explicaron algunos trabajadores del campo a 20minutos. Con todo, las marchas fueron mucho menos numerosas que las anteriores.

Los sindicatos Fugea, la Federación de Jóvenes Agricultores (FJA), la Federación Valona de Agricultura (Fwa), la Red de Apoyo a la Agricultura Campesina (RéSAP) y la Coordinación Europea Via Campesina son las organizaciones manifestadas, con un total previsto de unos 300 tractores, muy lejos de los millares concentrados en las manifestaciones del 1 y del 26 de febrero. Hay pequeños cortes de tráfico y algunos cierres en estaciones de metro, pero nada a gran escala, al menos según han avisado las autoridades.

Mientras, los países miembros de la UE están cerca de dar su visto bueno a la propuesta de la Comisión Europea para suavizar algunas de las exigencias ambientales de la Política Agrícola Común (PAC). Es una de las principales políticas de la Unión Europea. Al igual que la política monetaria, la potestad política de los países en materia de agricultura está cedida por los Estados miembros de la UE a la Comisión Europea, institución encargada de construir directrices y políticas unificadas. Es la política más antigua de la Unión, ya que data de 1962. 

Los principales objetivos de la PAC es unificar criterios en materia de producción y distribución agrícola, centrando su atención en proporcionar alimentos asequibles, seguros y de alta calidad a los consumidores, conservar los recursos naturales y garantizar el nivel de vida de los trabajadores del sector. Ahora, la meta más concreta que busca el sector del campo es que se reduzca la burocracia de manera considerable, algo a lo que tanto la Comisión Europea como los Estados miembros están dispuestos.

Del total de 390.000 millones de euros que se incluyen para esta partida -desde 2021-, España recibirá algo más de 47.700 millones, siendo por tanto el tercer país más beneficiado, solo por detrás de Alemania y Francia. Se canalizará en la recepción de 5.000 millones de euros anuales en pagos directos y está previsto que se beneficien en torno a 700.000 ganaderos y agricultores españoles. A la vez, da mucho peso a los llamados ecoesquemas: la serie de exigencias para que los agricultores y ganaderos desarrollen prácticas beneficiosas con el medio ambiente. Serán una pata más importante si cabe a la hora de acceder a las ayudas. Está previsto que estos ecoesquemas reciban en torno a un 25% de las ayudas que se gestionarán por cada Estado miembro. «Mucho dato y poco avance real para el bien de los agricultores», reclama en conclusión el sector.

Esas críticas son las que se dan hacia dentro, pero tampoco gusta al campo el movimiento previsto hacia fuera, ejemplificado en el eterno acuerdo bloqueado entre la UE y Mercosur, que parece que no saldrá adelante. Francia es el país que más se ha opuesto desde siempre ha ese vínculo y su presidente, Emmanuel Macron, lo volvió a dejar claro en cuanto empezaron las manifestaciones. España, por contra, lidera al grupo de Estados miembros que sí están a favor, pese a que buena parte del colectivo agrícola no lo ve con buenos ojos. «Nos deja en situación de desigualdad», insisten, alegando que «sale más barato traer productos de fuera».

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