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Un fiscal implacable | Perfil

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Nicolás Posse le estrechó la mano a cada uno de los gobernadores y vicegobernadores que asistieron a la reunión del último viernes convocada por el Gobierno. Para todos ellos fue la primera vez en que tuvieron la oportunidad de conocer y escuchar la voz del jefe de Gabinete, que se sentó en la cabecera de la larga mesa por la que se distribuyeron los asistentes. El ministro del Interior, Guillermo Francos, se sentó a la derecha de Posse. Y a la derecha de Francos se sentó Axel Kicillof. Uno y otro habían cruzado chicanas mutuas a lo largo de la semana. Durante las cuatro horas que duró la reunión en cuestión, todo eso pareció quedar olvidado. De todas formas, no viene mal señalar la incontinencia verbal del preferido de la exvicepresidenta Cristina Kirchner. Hace algunos días había acusado al Gobierno de montar encuentros marketineros y soltó una frase socarrona: “Si no llegamos, arranquen nomás”. Algo similar ocurrió a lo largo de su corta historia política como ministro y gobernador. Profirió largas peroratas en contra del capitalismo, el Fondo Monetario Internacional, la deuda externa y la privatización de las empresas del Estado, y terminó siendo un gran pagador, contrariamente a lo que suponía toda su puesta en escena. El caso emblemático fue la estatización de YPF: un error suyo y de su jefa política que le costó una suma multimillonaria a la Argentina.

La número dos del FMI quedó sorprendida y preocupada con lo que vio y escuchó

A la reunión con los gobernadores la precedieron dos encuentros igualmente importantes que tuvo Francos en la Casa Rosada. El primero fue el jueves con Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo. Ritondo es el jefe del bloque del PRO y De Loredo, el de la UCR. El viernes por la mañana, el invitado fue Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal. Con todos ellos, Francos testeó las reales posibilidades de aprobación del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. De los tres obtuvo respuestas similares: una delegación de poderes podría ser aceptada y aprobada con los votos de los sectores dialoguistas. En cambio, la restitución del impuesto a las ganancias y la nueva fórmula del cálculo de las jubilaciones, no.

El comienzo fue bueno. En la reunión con los gobernadores el clima fue cordial, aun cuando no faltaron momentos de intensidad en la discusión entre las partes. Uno de los mandatarios provinciales dijo una frase que resonó fuerte en ese ámbito austero en el que lo único que se sirvió fue agua: “Hay que salir de las redes sociales y buscar dialogar”. Hasta aquí, es una recomendación que el Presidente no ha aceptado. ¿Cambiará?

El Gobierno necesita que se apruebe la ley ómnibus cuanto antes. Si no lo logra, las cosas se le van a hacer muy cuesta arriba. Y para obtener los apoyos suficientes en el Congreso necesita negociar. Es algo que surge de la realidad y sobre lo que se le insiste al ministro de Economía, Luis Caputo, cuando participa de foros económicos internacionales o cuando se encuentra con Gita Gopinath, la subdirectora gerenta del Fondo Monetario Internacional, de estrecha cercanía y máxima confianza del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Una ley basada en el consenso es mucho más fuerte que una normativa arrancada entre gallos y medianoches.

Se abrió una puerta

Hubo alguna expectativa acerca de la posible presencia de Milei en la reunión de los gobernadores. Era la foto que los grupos empresariales hubieran deseado. Cuando hablan con potenciales inversores extranjeros que muestran interés por desarrollar negocios en nuestro país, el tema de la ausencia del diálogo surge de inmediato. Es un asunto que los inquieta. Nadie quiere invertir dinero en un país que siempre has estado lejos de ser normal. Otra preocupación, tanto de los hombres de negocios como del oficialismo, es obtener el visto bueno del GAFI. El Grupo de Acción Financiera Internacional ya se encuentra en nuestro país capacitando al Estado para la evaluación de los estándares de calidad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Un resultado negativo dejaría nuevamente al país en la lista gris del organismo, lo que impactaría de manera negativa a la hora de hacer negocios con el resto del mundo y, si fuera necesario, obtener financiamiento externo. Sin embargo, los problemas domésticos vuelven a colocarse por encima de los intereses soberanos. Argentina necesita imperiosamente modificar la Ley de Prevención de Lavado de Activos. Es una exigencia del propio GAFI. Aunque parezca mentira, el proyecto de ley, que ya tiene media sanción de la Cámara baja y un dictamen de comisión favorable en el Senado, aún no ha podido ser tratado en la Cámara alta. ¿Los motivos? Peleas internas en la distribución y reparto de comisiones y la mano de algunos gobernadores para que sus senadores no voten el proyecto como forma de presionar al Ejecutivo en la pelea por la coparticipación, entre otras cuestiones insólitas. El plazo máximo para renovar la ley de Plaft es el 26 de marzo, sin esa ley el Gobierno deberá recurrir a un DNU para satisfacer las exigencias del organismo internacional. El problema es que gran parte del contenido de la ley –como por ejemplo la modificación de los tipos penales– no puede salir por decreto. El país vuelve a quedar preso de los dirigentes que no saben ordenar sus prioridades o, peor aún, lo saben y optan por no soltar sus privilegios.

Hablando de privilegios y de falta de visión de la realidad, ha resultado inentendible el aumento que fue otorgado a diputados y senadores a partir del acuerdo paritario firmado con los gremios de los empleados legislativos y que significó un aumento del 30% en sus dietas. Más “casta” no se consigue. Martín Menem en la Cámara baja y Victoria Villarruel en la alta no tuvieron el sentido común necesario para frenarlo y obligaron al Presidente a pedírselo públicamente. Javier Milei estaba furioso. No se pueden cometer errores de tamaño semejante mientras el ajuste devora los bolsillos de trabajadores que no llegan a fin de mes. Por la naturaleza del ajuste que se ha autoimpuesto para ordenar el desastre fiscal –en buena hora– el Gobierno está obligado a no volver a cometer este tipo de errores no forzados. Hay demasiada sensibilidad en la sociedad toda, que actúa como un fiscal implacable, verificando que se cumpla con lo que le han prometido. La paciencia no da para mucho más.


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